El escándalo que involucra a funcionarios de la Justicia y dirigentes de todos los partidos reavivó la indignación popular. Ante la crisis, el presidente Vizcarra impulsa un referendo para una gran reforma política y judicial. Oposición del fujimorismo.
8 de agosto de 2018
Lima. Con una extensa bandera de su país, ciudadanos repudiaron la red de cohechos durante una de las movilizaciones celebradas en julio. (Teo Bizca)
Como ocurrió en Argentina, allá por diciembre de 2001, el gritó sonó fuerte: «¡Que se vayan todos!». Igual de indignados –aunque en un contexto económico diferente–, miles de peruanos salieron a las calles para protestar por una seguidilla de casos de corrupción que puso en jaque a dirigentes de todos los partidos. Tal fue el cimbronazo que el presidente Martín Vizcarra se vio obligado a convocar un referendo para realizar una gran reforma política y judicial.
El escándalo estalló tras la difusión periodística de una serie de audios telefónicos en los que altos mandos del Poder Judicial ofrecían rebajas de penas, pedían favores o negociaban ascensos con funcionarios políticos y legisladores. Una de las escuchas dejó al desnudo el funcionamiento de la Justicia peruana, aunque el mecanismo descripto podría aplicarse también a otros países. «En este mundillo llamado Poder Judicial, como su mismo nombre lo dice, la palabra “poder” no es por las puras (…) De alguna manera, en el sistema nosotros también respondemos a ciertos amigos que nos piden ciertas cosas, ya sea para ellos mismos o para allegados a ellos», se escucha decir al encarcelado presidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, quien en otro audio también pide una coima para beneficiar a un empresario.
Tal como ocurrió en Brasil con el caso Lava Jato, las denuncias judiciales y periodísticas salpicaron a dirigentes de todo el mapa político. Oficialistas y opositores son protagonistas o aparecen mencionados en los audios viralizados. Tan extensa es la red de corrupción que hasta complicó la renovación del contrato de Ricardo «Tigre» Gareca como entrenador de la selección peruana, ya que uno de los implicados en la trama es Edwin Oviedo, presidente de la federación de fútbol local.
La crisis desatada derivó en las renuncias del titular de la Corte Suprema, Duberlí Rodríguez, y del ministro de Justicia, Salvador Heresi. También llevó a la destitución de todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que se encarga de nombrar y destituir jueces. Y generó un nivel de hartazgo tal que los índices de aprobación de las principales figuras políticas del país cayeron por el suelo. La indignación popular venía in crescendo desde marzo, cuando el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski renunció al cargo por sus lazos con la constructura Odebrecht, que habría pagado casi cinco millones de dólares en concepto de asesoría a empresas ligadas al exmandatario. Kuczynski duró poco más de año y medio en la Casa de Pizarro, como se conoce al palacio presidencial peruano.
Para Oscar Laborde, diputado del Parlasur, la «situación que atraviesa Perú tiene que ver con una descomposición que se viene viviendo desde hace ya un tiempo» y que refleja las «grandes dificultades que tiene el modelo neoliberal para afirmarse» en la región. En diálogo con Acción, explicó: «Esta barbaridad que ocurrió tiene que ver con esa falacia de la burguesía local que pretende aparecer como purificadora, pero que tiene serias dificultades para mostrar algo distinto. Kucziynski era una de las espadas de Wall Street. Y Vizcarra es un hombre enviado por los sectores mineros de Canadá».
Nueva agenda, viejas amenazas
Luego de la filtración de los audios, las miradas estaban puestas en lo que haría el sucesor de Kuczynski. Vizcarra, que era vice y ahora gobernará hasta 2021 para completar el mandato, fue astuto. La primera decisión que tomó fue sumarse al reclamo popular: «Las movilizaciones –dijo– tienen mi respaldo (…) No podemos hacer otra cosa que sumarnos a la indignación ciudadana». Luego respondió con hechos. El 28 de julio, Día de la Independencia peruana, anunció la convocatoria a un referendo para que la población defina no solo la aprobación de cambios en la elección de jueces, sino también la creación de un Parlamento bicameral (el Senado había sido eliminado en 1992), la prohibición de reelección por parte de los legisladores y la adopción de un nuevo mecanismo de financiamiento de los partidos políticos.
Activo. Vizcarra busca sumar adhesiones. (Cris Bouroncle)
La propuesta fue mucho más amplia de lo esperado. Y aunque cayó bien en la población y la prensa, no ocurrió lo mismo entre amplios sectores de la dirigencia política. Sobre todo, entre los fujimoristas que controlan el Congreso. Tal como sostuvo Javier Torres Seoane, antropólogo y analista político peruano, la decisión de Vizcarra «puso al fujimorismo contra las cuerdas, ya que someter a consulta la no reelección de legisladores no es otra cosa que un plebiscito sobre la labor que realiza el Parlamento, controlado por esta fuerza política».
Efectivamente, el movimiento más poderoso del país andino ya no cuenta con la participación activa del expresidente y dictador Alberto Fujimori, retirado de la política. Pero tiene como líder a una de sus hijas, Keiko. La mujer, de 43 años y excandidata a presidenta, no ostenta cargos pero conserva un gran poder de influencia a través de su partido, Fuerza Popular, una formación conservadora y neoliberal que tiene mayoría en el Congreso y que además preside la llamada Mesa Directiva del Parlamento, instancia que define las presidencias de cada comisión y los proyectos de ley que serán tratados a lo largo del año. Así, obstruye toda iniciativa que no le resulta simpática y utiliza las comisiones parlamentarias de investigación para acosar a sus rivales políticos. Ángel Páez, periodista y jefe del equipo de Investigación del diario peruano La República, sintetizó:«Tras las elecciones de 2016, el partido de Keiko tomó el control de casi el 70% de las bancas, instaló un gobierno paralelo al de Kuczynski y se dedicó a socavarlo hasta alentar su renuncia. Hoy, el fujimorismo utiliza el Congreso para tomar control de las instituciones del Estado, legislar autoritariamente y demoler todo lo que sea democrático».
Los fujimoristas ven en la iniciativa de Vizcarra una amenaza a la conservación de su poder, por lo que probablemente se opondrán a la realización del referendo. No es un detalle menor: al tratarse de una reforma constitucional, la consulta debe contar con luz verde del Congreso antes de ser sometida a votación popular. Es probable que la oposición ponga trabas a algunas de las propuestas incluidas en el referendo –como la imposibilidad de reelección para legisladores–, pero también es cierto que la presión social jugará su partido. Teniendo en cuenta el rechazo que pesa sobre la dirigencia política en general, la lupa estará firme sobre aquellos que intenten bloquear la reforma planteada por el presidente.
Aunque el actual ministro de Justicia, Vicente Zeballos, sostuvo que podría realizarse a fines de este año, al cierre de esta edición no estaban definidos ni la fecha ni el contenido final del referendo. Pero más allá de las posibilidades de éxito de la reforma, lo claro es que con su anuncio Vizcarra concretó una hábil jugada política que le brindó oxígeno. Y que, además, trazó la «grieta» peruana: de un lado, quienes están a favor del cambio y la transparencia; del otro, aquellos que pretenden sostener las prácticas corruptas de siempre y la continuidad de un sistema podrido.
