Más de 300 mujeres denunciaron ser víctimas de acoso sexual y conductas misóginas en el Parlamento. El trasfondo político y la legislación que las desprotege, ejes de debates en uno de los países más reconocidos en materia igualdad de género.
28 de octubre de 2020
Una década después de su estreno, la serie Borgen, que retrata íntimamente las intrigas del poder en Dinamarca, debería agregar otro episodio a los 30 capítulos que cautivan a audiencias de todo el mundo. En 2010 los guionistas acaso no podían imaginar el escándalo que estalló ahora en Borgen, como se conoce al palacio de Christiansborg, la sede de los poderes del Estado danés: 322 mujeres (dirigentes, funcionarias y empleadas de la institución) denunciaron ser víctimas de delitos sexuales y ultrajes a la intimidad en el Parlamento. La misoginia, agregaron, se desarrolló en todo el espectro partidario.
No son hechos aislados, lo que cruje es una forma de abordar las relaciones en el sistema político. La revelación desnuda carencias básicas en una sociedad que, se reconoce, posee altos estándares de igualdad en varios aspectos, incluyendo los relacionados con las demandas del feminismo. Pero se trata de un país que, según organismos internacionales, tiene «una cultura de violación». Todavía hoy, el «no» de las agredidas puede ser considerado por la Justicia como un «sí», como un «tal vez» o como un mero detalle.
«Es imposible de refutar que haya un problema», reconoció la primera ministra Mette Frederiksen. Y ese problema parece nacer de una virtud. Su antecesora, la primera mujer que ocupó el cargo desde que hace más de un siglo el voto dejó de ser exclusivamente masculino, habló de una cuestión de «complacencia». Helle Thorning Schmidt explicó que «durante mucho tiempo asumimos que habíamos logrado la igualdad de género y, debido a eso, asumimos que probablemente no existía el acoso sexual».
Dos de las denunciantes que hicieron trizas un presente de todo menos rosa, trazaron una línea de tiempo hacia atrás y adelante. Camilla Soee señaló que la intención de publicar lo ocurrido fue la de «demostrar de una vez por todas que el sexismo y el acoso sexual son parte del entorno político». Kira Marie Peter-Hansen, de 22 años y sentada ya en un escaño del Parlamento Europeo, coincidió que en Dinamarca existía una tendencia a aceptar el acoso sexual, pero que las nuevas generaciones tienen «una idea más clara de dónde deben estar los límites».
El límite debiera ser el «no», el consentimiento. Pero el régimen penal danés no se rige por el mismo concepto. Se define a la violación bajo la sola condición del uso de la fuerza o la amenaza de violencia. Así, la policía tiene órdenes de preguntar a las denunciantes sobre la llamada «resistencia al autor». De esta manera, se pone a la víctima en el centro de la responsabilidad: «¿Usted intentó pelear físicamente contra su agresor?» El cuestionario a las declarantes solo tiene opción «hombre» y «mujer» como posibles autores del delito. Quedan fuera del eje víctima-victimario la especificación sobre –entre otras– mujeres cisgénero (identidad de género correspondiente al género asignado al nacer), no binario (identidades que no encajan en los géneros masculino y femenino) y transgéneros (incongruencia entre el género percibido y el asignado al nacer sin intervenciones quirúrgicas).
Paradojas
Helena Greesborg Hansen, vicepresidenta de la Sociedad de Mujeres danesas, dice que según el enfoque legal vigente «tu cuerpo es accesible hasta que te resistas, preferimos pensarlo de otra forma: que tu cuerpo no sea accesible hasta que digas que sí». Acaso como reflejo inmediato del escándalo político, el Gobierno y sus agrupaciones aliadas de la centroizquierda impulsaron una ley –de segura aprobación– para considerar como violación a cualquier acto sexual en el que no haya un manifiesto consentimiento expreso, con palabras o actos.
Dinamarca padece las consecuencias de sus propios logros. Según la Unión Europea, es el segundo mejor país del continente (detrás de Suecia) en materia de igualdad de género y uno de los pocos que tiene una representación parlamentaria con el 50% de varones y el otro 50% de mujeres. «Creíamos que la lucha había terminado, que no queda nada por lo que seguir reclamando», aceptó Hansen. En el mismo sentido, un informe de Amnistía Internacional agrega que «los mitos y estereotipos de género arraigados y generalizados provocan una impunidad endémica de los violadores». Estadísticas oficiales señalan que solo uno de cada diez delitos sexuales denunciados termina con la condena de los autores.
Unos días antes de que se conociera la denuncia contra el Parlamento, muy oportunamente, el ministro de Relaciones Exteriores, Jeppe Kofod, hizo públicas sus disculpas por haber tenido relaciones sexuales con una menor de edad. Todo ocurrió en 2008, cuando Kofod tenía 34 años y la menor 15. En aquel tiempo, el ahora canciller era diputado por el Partido Socialdemócrata, mientras que la adolescente era integrante de la rama juvenil de esa agrupación. Fue Thorning Schmidt, jefa de su partido (luego primera ministra) la que impulsó que lo separaran de su banca. Más de una década después, Frederiksen, la actual mandataria danesa, considera que «lo importante es que si uno comete un error grave pida perdón, y no hay nada más que decir». Sin embargo, queda mucho por decir todavía.
