23 de diciembre de 2015
Gracias al apoyo de fuerzas de izquierda, el socialista Antonio Costa asumió como primer ministro con la promesa de aplicar un plan antiausteridad. Presiones internas y modelos en pugna.
Mensaje. Costa presentó su programa de gobierno en una sesión del Parlamento celebrada en diciembre pasado. El mandatario enfrenta el desafío de reactivar el país. (AFP/Dachary)
En el universo de la gastronomía, referirse a un plato «a la portuguesa» es citar una variante clásica del menú. Otra receta más novedosa y arriesgada surge ahora de la geografía lusa, en la verdadera cocina del poder. Antonio Costa, del Partido Socialista (PS), se convirtió en primer ministro, con dos condimentos especiales. Por un lado, asumió pese a salir segundo en los comicios; por el otro, llegó a esa elección prometiendo un plan antiausteridad. Para poner sus propuestas sobre la mesa, Costa tuvo que mezclar ingredientes: fue designado con el apoyo del Bloque de Izquierda (BI), el Partido Comunista (PC) y el Partido de los Verdes (PV). Al calor de las demandas sociales, de las tensiones internas y externas y de la difícil convivencia con aliados y opositores, al flamante mandatario le toca lidiar con una olla a presión. Todo se debate en una discusión ya universal: cuántos quedarán dentro y cuántos afuera al momento de sentarse a comer.
«La austeridad no ha generado riqueza», planteó Costa apenas asumió. El primer ministro explicó que, tras cuatro años de ajustes, recibe «un país empobrecido, donde la inversión retrocedió 30 años, el empleo 20 y los ahorros, 10. Es necesario dar una vuelta a la política que se siguió hasta ahora para obtener otros resultados». La posición del líder del PS, sin embargo, choca con un argumento de peso: los portugueses validaron con su voto esas políticas de austeridad. En las elecciones del 4 de octubre, el Partido Social Demócrata (PSD) junto con el Centro Democrático Social (CDS) –que gobernaban hasta allí– se alzaron con el 36% de los votos, con 107 parlamentarios. El PS obtuvo el 32%, con 86 escaños. Ninguna de las fuerzas obtuvo la mayoría de las 230 bancas, por lo que ambas comenzaron a construir una compleja serie de negociaciones. Pedro Passos Coelho, del PSD, fue nombrado primer ministro, pero la oposición planteó de inmediato una moción de censura, recurso constitucional que permite la dimisión de un gobierno si se cuenta con los votos necesarios en el Parlamento. El oficialismo no pudo con la coalición que encabezó el PS con sus aliados de izquierda, que le aportaron los 36 representantes que inclinaron la balanza hacia Costa. La gestión de Passos Coelho duró apenas 11 días, la más breve en la historia democrática del país.
Las propuestas del PS hacen eje en la difícil combinación entre la reactivación y la reducción del déficit fiscal. Se prometió un salario mínimo de 600 euros en 2019, con suba escalonada inmediata de los 505 actuales a 530. La jornada laboral regresará a las 35 horas semanales, luego de que se llevara a 40 en 2013. Se actualizarán las pensiones anualmente pero nunca se bajarán, aun cuando la inflación arroje índices negativos. Se rediscutirá el 3,5% de tasa extra que se cobraba a todos aquellos asalariados que percibieran sueldos superiores a los 1.350 euros mensuales. Se creará una prestación social para aquellos salarios que rocen el nivel de pobreza –situación que en la actualidad afecta a un 10% de la masa económicamente activa–, en tanto destinarán 100 millones de euros de fondos comunitarios pertenecientes al programa europeo «Portugal 2020» para ser derivados a proyectos de fomento a la producción. También el nuevo gobierno dispuso encarar la estatización del 50% de la línea aérea nacional, TAP, que acababa de ser privatizada durante el brevísimo mandato de Passos Coelho. El servicio público de transporte urbano en las ciudades de Lisboa y Oporto, en manos de empresas francesas y españolas, debería pasar –se dijo– al control del Estado.
Frentes abiertos
Para la oposición, este paquete de medidas conduce directamente al desastre. «Un desastre conocido», agregan, apelando al 2011, cuando terminaba la gestión de otro miembro del Partido Socialista. El autor de los ataques más violentos fue Pablo Portas, ex vice primer ministro, hombre del CDS. Portas calificó de «ilegítima» la asunción de Costa, aseguró que hace 4 años su partido rescató dos veces a los socialistas y destacó que «ya no seremos de nuevo cómplices de un grupo de pirómanos». Más contundente aún, el ex funcionario tildó al acuerdo entre el PS, los verdes y el PC como «un pacto escrito en jerigonza, una borrachera de decisiones para conciliar lo irreconciliable». El vocero del PSD, Luis Montenegro, ya había asegurado que al presentar y obtener la moción de censura, el PS había derribado «al gobierno del pueblo». Agregó luego que, con las promesas del PS, «la deuda va a crecer, no entendemos cómo harán para reducir así el déficit, estamos ahuyentando a los inversores». El propio ex primer ministro Passos Coelho auguraba que Costa, «al desplazar a un gobierno legítimo, después no tendrá legitimidad para reclamar sentido de responsabilidad, patriotismo o europeísmo a quién él mismo le ha negado esos atributos».
La coalición que le permitió al líder socialista acceder a la primera magistratura tampoco reposa. Si bien están dispuestos a acompañar a Costa, no pagarán –juran– cualquier precio. Jerónimo de Sousa, hombre fuerte del PC, reconoció que las propuestas socialistas no cumplen íntegramente con los objetivos de su partido, pero consideró que lo anunciado hasta ahora «constituye un buen primer paso». Por las dudas, Sousa recordó a sus socios que el PC sigue estando en contra del euro y de las iniciativas drásticas para eliminar el déficit.
Catarina Martins, jefa del BI, exigió a Costa plazos concretos para fomentar planes de empleo y terminar con la precariedad laboral e insistió en que los suyos impulsan decididamente un proceso de reestructuración de deuda, todos temas en los que el socialismo no tiene todavía definiciones. Ya hubo una primera turbulencia al tratarse la tasa extra del 3,5% que se les impone a ciertos salarios. El PS propuso bajarla a la mitad, sus aliados quisieron derogarlo todo. «Podemos tener nuestras diferencias», concedió João Galamba, portavoz socialista, intentando ahondar esas tinieblas en la coalición gobernante. Es que la ahora minoría del PSD y el CDS también planteó su moción de censura. Les fue mal, matemáticamente hablando. Pero prometieron seguir concurriendo al Parlamento con idéntico método, confiados en que los votos que reunió Costa lentamente se pasen de lado o al menos se manifiesten en blanco.
Transporte. El gobierno quiere que los servicios públicos vuelvan a manos del Estado. (AFP)
Al momento de sellar su acuerdo, el BI, el PC y el PV hicieron valer sus demandas. Costa debe cumplir con ellos si quiere mantenerse en el cargo. Todos habían suscrito un texto madre, en los que no hubo fisuras: la estatización del transporte terrestre, el descongelamiento del monto de las pensiones, la garantía de la educación preescolar universal, el sistema de adopción para parejas de un mismo sexo y la quita de una tasa prevista por ley para la interrupción del embarazo fueron, entre otros, los puntos firmados sin diferencias. Pero quedaron fuera de ese consenso otros aspectos a los que los aliados al PS no renuncian. Los verdes, entre otras cosas, solicitaron que se garantice la no privatización del agua. Los comunistas quieren que el salario mínimo de 600 euros llegue en 2016 y no, como está previsto, en 2019. El Bloque de Izquierda propone que se estudie la sustentabilidad de la deuda externa, impulsa la prohibición de los remates (deshaucios) cuando la hipoteca sea inferior al valor de la casa y limita a 75 euros una posible suba del impuesto a los inmuebles de menos valor dedicados a personas de pocos recursos.
Temores y desafíos
La derecha teme lo mucho que pueda hacer Costa, mientras que el resquemor de la izquierda se vincula con que sea poco. El primer ministro le envió un mensaje a unos y a otros. «Portugal no avanza con radicalizaciones, seremos una alternativa realista, cuidadosa y prudente», expresó el líder socialista hacia el PSD. Respecto a sus socios en el Parlamento, Costa aseguró que las diferencias ideológicas que plantean no serán trabas que impidan coincidir en un plan de acción. «Para aunar posiciones sobre el salario mínimo no tenemos que pensar lo mismo sobre la OTAN; para poner fin a los recortes en las pensiones no tenemos que pensar lo mismo sobre la Unión Europea», graficó. En medio de múltiples tensiones, el mandatario confía en poder sostener una receta que, dice, apunta a relanzar la economía estimulando la demanda interna. Y sobre el bloque continental, Costa prometió que aunque su gobierno no está de acuerdo con muchas de las reglas vigentes en la zona euro en materia de finanzas públicas, respetará esas normas. «Mientras existan, cumpliremos con ellas», enfatizó.
Portugal registra antecedentes parecidos a Grecia. Ambos países, asfixiados por el desequilibrio de sus cuentas públicas y por impagables créditos externos, recurrieron a un remedio peor que la enfermedad: más deuda para pagar la deuda. En 2011, el gobierno luso fue obligado a aceptar un rescate de 78.000 millones de euros. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo pidieron lo de siempre: medidas de austeridad, recortes, privatizaciones. Pero el bienestar general se demoró. Mejor dicho: jamás llegó. Sí llegaron las rebajas salariales, el empleo precario, la reducción en pensiones y prestaciones sociales, todo con una deuda que representa hoy el 128% del PBI local. Pese a todo, la ortodoxia financiera mundial esgrime que su receta fue la más votada por la gente. Razones aritméticas no faltan. Pero puede decirse, también, que casi 7 de cada 10 portugueses intentaron otro rumbo. ¿Será Costa un buen capitán de barco? Lleva el timón, pero las aguas siguen convulsionadas. Mantenerse a flote es la prioridad, llegar a buen puerto sin echar a nadie por la borda, la utopía siempre posible.
—Diego Pietrafesa
