Frente al avance del Covid-19, el Gobierno decidió que todos los hospitales privados funcionen dentro del sistema estatal para garantizar la atención a la población. El impacto de la medida en plena crisis política. La contracara estadounidense.
15 de abril de 2020
Leo Varadkar. El primer ministro sale de una reunión en Armagh. Busca retomar la iniciativa luego de que su partido quedó tercero en los comicios. (Faith / AFP / Dachary)
Dicen que prevenir es salud. Y vaya si así lo entendió el Gobierno irlandés: a poco de que el coronavirus llegara al país, decidió que todos los hospitales privados pasen a formar parte del sistema de salud pública. Se trata de una estrategia de acción contra la enfermedad con el fin de contar con mayores recursos en caso de un eventual colapso del sistema sanitario y, sobre todo, de garantizar el acceso igualitario a la atención médica de todos los ciudadanos.
La medida fue anunciada por el ministro de Salud, Simon Harris, quien comunicó que el Estado irlandés había tomado el «control de las instalaciones hospitalarias privadas» para administrar «los recursos en beneficio de toda la gente» por el tiempo que dure la pandemia. De esta manera, el sistema sanitario nacional incorporó unas 2.000 nuevas camas, nueve laboratorios, 194 respiradores eléctricos y miles de empleados. Por entonces, el país había confirmado poco más de 1.000 casos de coronavirus –todos importados– y habían fallecido nueve personas.
Pero la decisión no solo tuvo como objetivo aumentar la capacidad de respuesta para evitar un desborde como el ocurrido en Italia o España, sino también brindar atención gratuita y de calidad a quienes la necesiten, más allá de si pueden o no pagar un tratamiento. «En una pandemia no puede oponerse lo privado a lo público. Todos los pacientes serán tratados de la misma manera», sostuvo Harris.
Con el camino adoptado, el Gobierno abandonó definitivamente la lógica mercantilista que domina a los sistemas de salud en buena parte del mundo, incluso en la propia Irlanda. Hasta el inicio de la pandemia, el país contaba con un sistema sanitario mixto: por un lado, el sistema público, utilizado principalmente por los sectores de bajos recursos y severamente golpeado por las políticas de ajuste; por el otro, el privado, que brinda una atención de calidad, pero por el que se paga (y mucho). Solo una cosa era igual para todos los irlandeses: el elevado costo de los medicamentos.
Con esta medida, Irlanda se puso a la vanguardia en la lucha por contener al coronavirus. Al cierre de esta edición, pocos gobiernos habían osado meterse con las grandes corporaciones de la medicina privada, recelosas de perder capacidad de decisión en plena emergencia sanitaria y de que las camas de sus sanatorios sean ocupadas por personas que no pagan cuota alguna. Uno de los gobiernos que actuó en ese sentido fue el español, que puso a las clínicas privadas de todo el país bajo la orden de las autoridades de cada comunidad autónoma. Sin embargo, lo hizo mucho más tarde que Irlanda: cuando tomó la decisión, ya contaba con más de 9.000 casos confirmados y 309 muertos, y el sistema de salud se encontraba exigido casi al tope.
Otra diferencia es que en España la decisión fue tomada por un gobierno de coalición, formado por el Partido Socialista y Podemos, si se quiere más afín a la intervención estatal en el ámbito privado. En cambio, en Irlanda la medida fue curiosamente impulsada por el Fine Gael, tradicional partido de la derecha local. Está claro: la pandemia obligó al pragmatismo y ningún gobierno –incluso uno conservador– pudo obviar las estratégicas herramientas que brinda el Estado para hacer frente a una situación de emergencia tan delicada.
Iniciativa
Pero detrás de la decisión del Gobierno irlandés también hay otros factores que entran en juego. Uno de ellos es la formación y la trayectoria del primer ministro Leo Varadkar, quien lidera al Fine Gael, pero no por eso responde necesariamente a las posiciones más conservadoras de su partido. El joven premier de 41 años es médico. Descendiente de una familia india, hace unos años se declaró homosexual y, más allá de sus posturas liberales en lo económico, fue uno de los principales impulsores de la legalización del aborto en su país.
Otra cuestión a considerar es el dificultoso momento político que atraviesa Varadkar, quien quedó tercero en las elecciones generales de febrero pasado, por detrás del izquierdista Sinn Féin, exbrazo político del IRA, y el derechista Fianna Fáil. La diferencia entre los tres partidos fue mínima y ninguno pudo hacerse con la mayoría de los escaños en el Parlamento, lo que obligó a la formación de un gobierno de coalición. Sin embargo, en plena negociación, el coronavirus llegó al país y todo quedó en stand-by.
De ese modo, Varadkar, que estaba a punto de dejar su cargo, finalmente continuó al frente del Gobierno, al menos hasta que pase la tormenta. Ni lento ni perezoso, el premier aprovechó la crítica situación para retomar la iniciativa política. Además de la estatización de la Salud, decretó una cuarentena para frenar la propagación del virus, sin descuidar el frente económico: anunció que el Estado cubriría los sueldos de los trabajadores en riesgo de desempleo, congeló el precio de los alquileres y lanzó créditos de emergencia para aplacar las dramáticas consecuencias sociales de la pandemia. Además, como médico, se anotó en el registro sanitario para atender pacientes una vez por semana y así estar en la primera línea del frente de batalla junto a sus colegas.
Con gestos como ese, y con la defensa de la salud pública como estandarte, Varadkar busca recuperar parte de la popularidad perdida para cuando haya que volver a negociar la formación de gobierno. Pero, primero, deberá sortear un desafío mucho más difícil.
