28 de agosto de 2013
La Asociación de Mujeres Meretrices busca la regulación del trabajo sexual y ve en las leyes que penalizan al cliente una amenaza que las somete a una mayor clandestinidad.
Orellano. «Más allá de las posturas de otras mujeres, tendrían que escucharnos». (Sub.coop)
A fines de marzo de este año el senador Aníbal Fernández presentó un proyecto de ley que busca penalizar a quienes consumen prostitución con el claro objetivo de combatir la trata de personas, un delito que se visibilizó a partir del caso Marita Verón. De acuerdo con las cifras que manejan desde la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas, desde la sanción, en agosto de 2008, de la ley contra la trata de personas, fueron liberadas casi 3.000 mujeres. No obstante, desde algunos sectores cuestionan la posibilidad de que quienes consumen prostitución sean penalizados ante la dificultad de diferenciar a los clientes de trabajadoras sexuales que ejercen la prostitución por propia voluntad y quienes abusan de mujeres que son víctimas de trata.
«Podemos hablar de trabajo sexual y no de prostitución. Las trabajadoras sexuales somos mujeres adultas, que ejercemos este trabajo por consentimiento propio y de manera autónoma», señalan desde la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR).
Lo cierto es que en el país la prostitución no es un delito pese a que la sociedad la sigue considerando así. De hecho, de acuerdo con cifras de la organización que desde 1995 forma parte de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), el 93% de las trabajadoras sexuales son el principal sostén económico de sus hogares, tienen entre 1 y 6 hijos y el 71% los tiene a cargo. Además, entre el 86 y el 94% son maltratadas al ser detenidas.
Desde AMMAR señalan que leyes como la propuesta por Fernández expone a las personas que ejercen la prostitución a una situación de mayor clandestinidad. «Hay mucha confusión. Todas estas leyes, más allá de que busquen combatir la trata de personas, que está muy bien, siguen teniendo el mismo órgano de aplicación: la policía. Es la que pide coimas o favores sexuales a las compañeras para poder dejarlas trabajar. El que consume trata es un delincuente, cuando se dice “sin cliente no hay trata” no es así, porque no son clientes, son delincuentes. El Estado tiene que empezar a visibilizar a este sector», asegura Georgina Orellano, representante de la Mesa Nacional de AMMAR.
En este sentido, desde la organización están en conversaciones con varios legisladores con el objetivo de que entre al Congreso Nacional el proyecto de ley sobre trabajo sexual autónomo.
«Muchas veces se cuestiona si lo que hacemos es trabajo o no. Hoy las trabajadoras sexuales estamos organizadas, hace 19 años tenemos voz propia y más allá de las posturas que otras mujeres puedan tener, creo que tendrían que empezar a escucharnos y permitir el debate. Seguramente si hubiésemos tenido alguna otra posibilidad, no estaríamos haciendo esto, pero las empleadas domésticas tampoco tuvieron posibilidades y trabajan de eso, igual que las cartoneras, todas están reconocidas y tienen derecho a una jubilación y a una obra social. Seguramente, si hubiésemos tenido otras posibilidades no seríamos trabajadoras sexuales, pero esa es la utopía, creo que acá debemos pararnos frente a la realidad; no podemos negar más a un sector que se reivindica como trabajadoras sexuales y lo único que quiere es tener derechos históricamente negados», señala Orellano.
Los números que manejan desde la organización indican que el 51% de las trabajadoras sexuales no pudieron terminar la escuela primaria y que el 73% no cuenta con vivienda propia, viven en casas prestadas o alquiladas a precios usurarios, hacinadas con sus hijos en pensiones, inquilinatos u hoteles.
La ley
La normativa propuesta desde AMMAR en principio deja en claro qué es el trabajo sexual autónomo: «La actividad voluntaria y autónoma de ofrecer y/o prestar servicios de índole sexual, a cambio de un pago, para beneficio propio». Asimismo, la iniciativa señala que se encontrarán legalmente habilitados para el ejercicio del trabajo sexual todas aquellas personas mayores de edad, previo cumplimiento de determinados requisitos tales como haber realizado el curso para obtener el certificado técnico habilitante. Dicho curso tendrá como mínimo exigible contenidos relativos a: legislación sobre el trabajo sexual; nociones básicas sobre derechos humanos, derecho constitucional, derecho laboral y derecho penal; adicciones; educación sexual; salud e infecciones de transmisión sexual.
«Nosotras no asumimos que en base a esta ley se vaya a terminar con el delito de la trata, tampoco es un compromiso de la organización. Nuestro objetivo es que se reconozcan los derechos de todas las mujeres que nos reivindicamos como trabajadoras sexuales. Sí creo que contribuiríamos a terminar con este delito resguardando a nuestras compañeras, porque se pondría negro sobre blanco: estas casas están habilitadas y estas no, las compañeras tienen carnet y no son víctimas de trata. Se terminaría con la violencia policial e institucional», aclaró Orellano.
A su vez, el proyecto establece la creación de la Oficina Nacional de la Protección al Trabajo Sexual (ONPTS), que funcionaría dentro de la órbita del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y estaría integrada por personal dependiente de dicha cartera y hasta tres delegados de organizaciones no estatales que representen a las trabajadoras sexuales.
«En la práctica lo ideal sería que se junten entre cuatro o cinco compañeras y formen una cooperativa de trabajo y que el contrato de alquiler se celebre con todas ellas. Ellas pueden trabajar y dividir los gastos, sin la figura del proxeneta. Y si una vez por mes el Ministerio de Trabajo quiere entrar que lo haga, como lo hace en las fábricas o en los talleres clandestinos para inspeccionar», indica Orellano.
Actualmente, según relata la referente de AMMAR, las trabajadoras sexuales son discriminadas, no tienen acceso a los servicios de salud o cuando lo hacen son maltratadas. Las cifras indican que el 96% no tiene obra social. «Cuando muchas compañeras van a la ginecóloga y la médica les pregunta de qué trabajan al decir que son trabajadoras sexuales, el trato cambia, las mandan al psicólogo y les piden análisis de HIV o sífilis sin su consentimiento; no se respetan las decisiones. Vamos al médico para cuidarnos, no para ser acusadas», sostiene.
De sancionarse la norma, la cartera laboral deberá arbitrar los medios necesarios para garantizar que quienes ejerzan el trabajo sexual, encuadrados en el marco de la ley propuesta, posean los mismos derechos laborales que cualquier trabajador autónomo. «Hay muchas mujeres que no queremos otro trabajo, queremos derechos, mejores condiciones laborales porque las condiciones son indignas, no el trabajo», aseguró Orellano.
—María Carolina Stegman
