12 de abril de 2017
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) constituye un portafolio de inversiones que contribuye al financiamiento del régimen previsional, formado a partir de la estatización del sistema de AFJP. Dentro de dicho portafolio, hay inversiones en acciones de más de 40 empresas argentinas que totalizaban el 13,5% del fondo. En 2015 se había sancionado una ley que requería aprobación del Congreso para su venta, que se derogó en julio del año pasado al sancionarse la Ley de Reparación Histórica para jubilados y pensionados, habilitando su venta. Hasta ahora se han vendido las participaciones que el FGS tenía en la petrolera Petrobras Argentina y la petroquímica Solvay Indupa.
La pregunta que surge ante esto es cuál es el eje de la disputa. Resulta pues que, por dichas inversiones, el Estado tiene el derecho a integrar el directorio de muchas de esas empresas. El FGS es el inversor institucional más importante de la Argentina por lo cual sería lógico que controle, a través de la representación ejercida por el Estado, que las decisiones societarias estén alineadas con los intereses del otro accionista de la empresa, el conjunto de la clase trabajadora activa y pasiva.
Sin embargo, la interpretación neoliberal de lo anterior es que esto es «estatizante» y que hay que «sacarle el pie» al sector privado. El rol que se le asigna al Estado, como tantas veces en la historia argentina, es el del «socio bobo», es decir que financia pero que no puede tener ninguna injerencia ni conocimiento de las decisiones.
Se busca con ello la eliminación de esa herramienta y, en última instancia, del propio rol del FGS como inversor institucional que permitiría lograr un desarrollo sustentable de la economía nacional.
