24 de abril de 2013
Un informe realizado por la Comisión Nacional de Valores revela la complicidad entre las Fuerzas Armadas y grupos empresarios durante la dictadura.
La reciente publicación en el boletín oficial de casi medio centenar de decretos secretos desclasificados, promulgados durante los primeros días en el poder de la dictadura cívico militar instalada el 24 de marzo de 1976, reveló las órdenes de arresto a «disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN)» de cientos de personas. Militantes, juristas, sindicalistas, trabajadores, integrantes de organismos de derechos humanos y políticos completan la larga nómina. En uno de ellos, el Decreto S 16/1976 del 31 de marzo, la lista comprende sólo tres nombres, todos agentes de bolsa. En uno de los párrafos de los considerandos puede leerse: «La tranquilidad pública se ve afectada no sólo por la actividad terrorista y subversiva sino también por diversos actos que atentan contra el orden económico del Estado». La dictadura sentaba, a poco de tomar el poder, las bases de su accionar represivo en todos los ámbitos de la sociedad, sin obviar el económico. Unos días más tarde, el ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, presentaría en sociedad un plan que según sus propios dichos «constituye la transformación de la estructura política y económica social que el país tuvo durante casi 30 años», con la instalación de un nuevo patrón de acumulación. Para el economista Eduardo Basualdo, ese cambio «lo inició el gobierno de facto, no el mercado, y su núcleo central estuvo constituido por una asociación entre el capital financiero extranjero y los grupos económicos locales, en la que estos últimos tuvieron la hegemonía».
Más de tres décadas después, cientos de testimonios vertidos en los juicios por crímenes de lesa humanidad permiten conocer otras aristas de los mecanismos que adoptó el terrorismo de Estado que asoló al país entre 1976 y 1983. En ese marco, la actual conducción de la Comisión Nacional de Valores (CNV), organismo nacional autárquico encargado de regular el mercado financiero de capitales, decidió investigar cuál fue su rol y el de las empresas que cotizaban en la Bolsa de Comercio en la estructuración del sistema financiero y en los delitos de represión económica durante la última dictadura.
El punto de partida fue el pedido de información que el juzgado a cargo del caso Papel Prensa realizó a la Comisión en 2010 sobre los antecedentes de la transferencia accionaria de la empresa, que terminaron aportando evidencia a la denuncia penal por la apropiación de dichas acciones. El paso siguiente, atento a los requerimientos de información que comenzaban a llegar desde otros juzgados, fue la creación de una oficina de derechos humanos para llevar adelante una investigación sistemática acerca del papel de la Comisión de Valores durante la dictadura. En ese marco se puso en marcha un trabajo de recuperación e interpretación de documentos, más de 500 actas del directorio y cientos de legajos, enriquecido con entrevistas a empresarios secuestrados y desapoderados, que comenzó en 2012 y estuvo a cargo de un equipo interdisciplinario integrado por tres profesionales: un sociólogo, Walter Bosisio; una antropóloga, Celeste Perosino y el historiador Bruno Nápoli.
El informe titulado Economía, sistema financiero y dictadura resume el resultado de una investigación peculiar en dos sentidos. En primer término, porque es el primer organismo nacional en investigarse a sí mismo. Pero también porque reconstruye una matriz de funcionamiento que evidencia aceitados lazos de complicidad entre fuerzas militares y grupos económicos para desapoderar a algunos empresarios en beneficio de otros y acentuar así la concentración y el control de la economía.
«La idea era hacer una arqueología de los documentos y actas de la Comisión para ver qué había pasado en esos años, para marcar la presencia de la dictadura en la CNV. Desde este organismo que regula la actividad bursátil, pudimos entrever un reflejo de lo que estaba pasando en las empresas que cotizaban en bolsa, que eran muy pocas en ese momento. Sin embargo, a partir de ahí, empezaron a aparecer otras conexiones con empresas que no cotizaban en el mercado de valores», señala Bosisio. Si bien el informe toma como casos testigos a las empresas Acindar y Papel Prensa para desentrañar el rol de la CNV, la investigación muestra además la participación del Banco Central de la República Argentina (BCRA) –que refrendaba las disposiciones de la Comisión–, del Banco Nación y de la policía bancaria, bajo un doble estándar que articuló lo legal con lo clandestino. «Así como se fraguaron enfrentamientos –señala el documento– podría pensarse que se fraguaron actuaciones con el fin de demostrar cierta regularidad frente a hechos irregulares que acontecieron con ciertas empresas, sus dueños y sus empleados».
Modus operandi
En esta primera investigación se relevaron 141 casos de empresarios, financistas y agentes de bolsa secuestrados y torturados, de los cuales 11 permanecen aún desaparecidos. En sus conclusiones, el informe señala un pico de represión política que comienza a ceder en 1979 y «esa declinación coincide con una línea ascendente del secuestro de empresarios ligados al capital productivo primero, y luego de financistas, ligados al capital financiero, cuyo pico se registra en 1980» explica Nápoli. Si bien las Fuerzas Armadas estuvieron presentes en el directorio de la CNV desde los primeros días de la dictadura, a partir de 1979 puede verificarse representación completa de las tres armas. Ese es, para el informe, un «año bisagra»: el período con mayores denuncias e intervenciones de la Comisión entre empresas y empresarios.
En ese primer momento –subrayan los investigadores– las víctimas son «empresarios» netos, y forman parte de los casos más conocidos: Cerro Largo por Chacras de Coria, Papel Prensa, del Grupo Graiver, y Mackentor en Córdoba. Luego aparecen aquellos que también son financistas, y ese fue el momento de mayor intervención de la CNV. «En primer lugar, el objetivo de los secuestros era detectar el aspecto económico de la “subversión” en dos sentidos: una parte de los secuestros se dirigió a buscar el dinero de organizaciones consideradas “guerrilleras” o “subversivas”, mientras que otros hicieron eje en operatorias empresariales que supuestamente “atentaran contra la economía argentina”, enmarcadas en la ley de Subversión Económica, promulgada en 1974». Ampliaron su campo de acción desde «la subversión a la subversión económica –de acuerdo con el informe de la CNV–, a partir de 1978 para secuestrar empresarios y desapoderarlos de sus bienes». El informe detalla además que «iniciativas privadas» de integrantes del aparato represivo, específicamente de los Grupos de Tareas, también formaron parte de este mecanismo.
En esos años –según la investigación– pueden rastrearse cruzamientos de detenciones por denuncias reales por operar fuera de la ley con secuestros motivados por rapiña personal de integrantes de las Fuerzas Armadas, e incluso, el mismo Estado actuando en paralelo (ver recuadro).
El modus operandi que se implementó contra bancos y grupos empresarios consistió en la participación en forma conjunta de las Fuerzas Armadas, el aparato judicial y ciertos organismos del Estado, como el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores, sostiene el informe. La CNV «descubría» anomalías en el funcionamiento de una empresa o una entidad financiera. La denunciaba ante el Ejecutivo –que en ese momento era el Ejército– y el aparato represivo del Estado se ponía en funcionamiento. Los empresarios y financistas eran secuestrados. Luego, generalmente, venía el «blanqueo» a través de una o varias causas judiciales donde se los acusaba de subversión económica. «Por un lado, con la lógica de la rapiña, del secuestro, del terrorismo de Estado; y por otro lado, la justicia, con los jueces Rafael Sarmiento, Narváez, Rivarola, llevando adelante las causas abiertas», señala Nápoli. «La detención podía durar meses y hasta varios años; mientras tanto, las entidades o empresas permanecían intervenidas por órganos estatales en manos de integrantes de las Fuerzas Armadas», reconstruye en un escrito Federico Delgado, fiscal en los casos del empresario Reynaldo Defranco Fantín, del ex Banco Odonne, y del grupo económico Grassi-Chavanne. «La figura de subversión económica –continúa Delgado– permitió saquear empresas con colaboración de organismos del Estado. Era un plano formal al que la dictadura acudía cuando el secuestro, por su repercusión pública, podía hacer peligrar esa clandestinidad». A través de las entrevistas personales a empresarios y financistas, el equipo de la CNV reconstruyó, además, que quienes fueron víctimas de secuestros y desapoderamientos compartían espacios en común –clubes, establecimientos educativos, lugares de esparcimiento–. «No eran desconocidos o ajenos. Se conocían, compartían espacios de amistades y de negocios», señala Bosisio.
Investigadores. Nápoli y Bosisio son dos de los integrantes del equipo interdisciplinario. (Juan Quiles)
Este cruce entre Fuerzas Armadas, organismos financieros estatales y poder judicial aparece recurrentemente en los testimonios brindados en distintas causas judiciales por empresarios y financistas que sufrieron torturas en los centros clandestinos de detención. Algunos relatos revelan que integrantes del BCRA y la CNV participaban en los interrogatorios. Raúl Aguirre Saravia, de La Agrícola, declaró en la causa judicial que investiga su desapoderamiento que Juan Alfredo Etchebarne –presidente de la CNV de entonces y amigo íntimo del ministro de Economía, detenido en la causa por delitos de lesa humanidad cometidos en el Primer Cuerpo del Ejército– y René Garris, a cargo del área de Legales del organismo y acusado en la misma causa que Etchebarne, lo interrogaron en un centro clandestino cerca de la autopista Ricchieri. Enrique Lucio García Mansilla, del Banco de Hurlingham, declaró en sede judicial que Etchebarne lo interrogó en Campo de Mayo. Las denuncias de empresarios incluyen además a cuatro peritos que «desempeñaban sus tareas» en Campo de Mayo, a pedido del coronel Roberto Leopoldo Roualdes –jefe del Estado Mayor General del Ejército– mientras estaban secuestrados integrantes del grupo del Banco de Hurlingham, Siderúrgicas Grassi y La Agrícola.
«El Ejército pide cuatro peritos para que cumplan horarios de oficina en Campo de Mayo y discuten si les van a pagar o no viáticos», relata Bosisio. «La fuerza tiene detenidas 20 o 30 personas, dueños de empresas, pero no sabe qué preguntar en los interrogatorios. Allí la CNV colabora aportando peritos que son contadores y abogados que saben qué tiene cada uno». Incluso esos «técnicos» recibieron una carta de agradecimiento y felicitación de Roualdes por las tareas cumplidas.
Además del desapoderamiento directo de bienes y compañías a empresarios y financistas, el informe pudo reconstruir casos puntuales –entre cuyos ejemplos paradigmáticos están Acindar y Papel Prensa, ejes del trabajo de la CNV– en los que se buscó beneficiar a determinados grupos empresarios vinculados con la dictadura en detrimento de otros, para incrementar así la concentración y el control de la economía.
Máximos responsables. Martínez de Hoz y Videla fueron los creadoresde la trama financiera y política de la dictadura cívico-militar. (Télam)
Los hermanos Carlos, Rodolfo y Alejandro Iaccarino fueron secuestrados el 4 de noviembre de 1976. Dueños de varias empresas, entre ellas de Industrias Lácteas Santiagueñas (ILSA), estuvieron secuestrados durante 22 meses y pasaron por 8 centros clandestinos de detención. Según los testimonios de los hermanos, dos empresarios con fuertes vínculos con el aparato represivo –Bruno Chezzi y Vicente Antonio García Fernández– estaban interesados en las 25.000 hectáreas que poseían en Santiago del Estero y en un avión de su propiedad. A cambio de las tierras, la empresa láctea y la aeronave les ofrecieron anular una causa «armada» en el juzgado Nº 2 de La Plata. La «transacción» –remarcan los Iaccarino– se llevó adelante en el centro clandestino de detención «El infierno», de la localidad de Avellaneda, ante una escribana pública. Meses después fueron liberados. Los hermanos Iaccarino argumentan que su desapoderamiento tuvo además otros fines: beneficiar directamente a grandes empresas del sector lácteo. Alejandro había desarrollado en 1972 un plan económico que, en esencia, rompía con la intermediación en el segmento de los lácteos, y que bajaba, además, los costos de producción. En los tres años siguientes, el plan de los jóvenes empresarios creció vertiginosamente y llegaron a convertirse en formadores de precios.
La investigación continúa y el equipo de la CNV proyecta profundizar y conectar más casos. «La segunda parte del informe es más compleja –asegura Bosisio– porque queremos empezar a reconstruir la trama de todos los organismos del Estado, como, por ejemplo, del Banco Central de la República Argentina y del Banco Nación, que autorizaban la venta de bienes de gente que estaba detenida, como en el caso Iaccarino. Encontramos un acta del directorio aprobando la venta de los bienes, estando ellos detenidos ilegalmente, donde dice: “Como los dueños están presos…”. De una obscenidad e impunidad total».
—Mirta Quiles
