Las masivas protestas contra el ajuste ordenado por el Gobierno tuvieron como gran protagonista al movimiento indígena, un actor influyente del sistema democrático. El giro neoliberal de Lenín Moreno y sus efectos políticos, bajo la mirada de especialistas.
13 de noviembre de 2019
Quito. Mujeres indígenas en una de las movilizaciones de octubre. Se investigan denuncias por el accionar represivo de las fuerzas de seguridad. (Buendia / AFP / Dachary)
O ctubre marcó un punto de inflexión en Ecuador. La contundente victoria de los movimientos sociales e indígenas sobre las medidas de «austeridad» que quiso implementar el Gobierno del presidente Lenín Moreno puso de relieve, nuevamente, el valor de la movilización popular como una herramienta efectiva contra las políticas de ajuste. Con un añadido relevante: desnudó cómo funciona el entramado mediático y diplomático que blinda a los gobiernos que impulsan los programas económicos del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Para comprender las causas del conflicto y su impacto a futuro, conviene repasar cómo se gestó el estallido. La crisis se desató el 1º de octubre cuando Moreno quitó los subsidios a los combustibles. En marzo, el Gobierno ecuatoriano había negociado con instituciones financieras internacionales un préstamo de 10.200 millones de dólares. A cambio del dinero, el FMI fijó a Ecuador un calendario de reformas que incluían la reducción del gasto público, el incremento de ingresos del país y un compromiso de reforma laboral. En consecuencia, se liberó el precio del gasoil y las naftas para que se fijaran valores internacionales. Esto se tradujo en aumentos de más del 100% que se trasladaron inmediatamente a los precios de otros bienes y a los alimentos.
De manera que las perspectivas políticas de Lenín Moreno cambiaron. Por caso, el ajuste no fue un caso aislado, sino que se enmarcó –y se enmarca– en un viraje a la derecha desde su distanciamiento con Rafael Correa, el líder del espacio político al que pertenecía. Ese cambio de Moreno no contempló dos ítems importantes: la crisis por venir y la desconfianza que genera su gobierno en los principales partidos y movimientos de la derecha. Consultado por Acción, el analista político ecuatoriano Fermín Vaca explicó que los principales líderes de la derecha ecuatoriana, como Jaime Nebot (exalcalde de Guayaquil durante 18 años) y el empresario banquero Guillermo Lasso tienen una relación muy distante con Moreno. «El único apoyo que tiene es un bloque de asambleístas que entraron al Congreso con Rafael Correa y que luego abjuraron del correismo, pero sobre el cual Moreno tiene un control limitado», señaló Vaca. Aislado por derecha e izquierda, Moreno solo cuenta con el respaldo de las fuerzas de seguridad y los cuerpos de policía.
Cercos
Como si fuera poco, Moreno no calculó que reaparecería con fuerza el movimiento indígena para limitar su poder. De hecho, este actor político tuvo gran influencia al contestar a la declaración de guerra del presidente con una medida de alto impacto: nucleados en torno a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), declararon su propio estado de excepción y advirtieron que los policías y militares que se acercaran a sus territorios serían «arrestados y sometidos a justicia indígena». Simultáneamente se puso en marcha un cerco sobre Quito que puso en jaque a Moreno, quien tuvo que trasladar la sede de su gobierno a la ciudad costeña de Guayaquil.
Sin embargo, Lenín Moreno soslayó el peso del movimiento indígena en las protestas. En cambio, el mandatario acusó al expresidente Rafael Correa y al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro de «orquestar un plan para romper el orden democrático». Vaca señaló que el Gobierno de Moreno no aportó ninguna prueba sobre la supuesta infiltración. «Según las cifras oficiales, Ecuador alberga 500.000 ciudadanos venezolanos, pero que haya alguno que se sume por su cuenta a las manifestaciones no es prueba de que exista una conspiración internacional». En sintonía con Vaca, el exdirector del Hemisferio Occidental del Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, Dan Restrepo, suele explicar en sus columnas para la CNN que el Gobierno de Venezuela «no tiene la capacidad de desestabilizar terceros países dada las dificultades que posee para controlar su propia situación interna».
Debilitado. Moreno, obligado a ceder. (Vega / AFP / Dachary)
La tesis de infiltración «castro-chavista», además de desviar el foco del problema apunta también a deslegitimar la protesta interna. El movimiento indígena ecuatoriano tiene una larga tradición de levantamientos, como las que terminaron con la destitución de los expresidentes Jamil Mahuad, en enero de 2000, y de Lucio Gutiérrez, en 2005. El politólogo español y especialista en conflictos internacionales de la Universidad Javeriana de Colombia Egoitz Gago Antón respondió a Acción que las grandes protestas y movilizaciones en el Ecuador no son una excepción, sino más bien una regla. «Al contrario, lo excepcional fue el período de estabilidad institucional que se vivió con los gobiernos de Rafael Correa», agregó. «Es normal que la CONAIE actúe así. Ello ocurre porque en Ecuador hay un sistema político que se basa en principios como el buen vivir y autonomías que se adecúan a sus ideas como pueblos originarios». Y aclaró: «Por eso actúan con tanta contundencia cuando un gobierno amenaza con modificar ese sistema político. Su propuesta aquí se concentra en preservar y continuar lo que ya tenían». Ello quizá explique su rol como árbitro del sistema democrático ecuatoriano.
Lo cierto es que cuando Lenín Moreno dio marcha atrás y firmó un acuerdo con los líderes indígenas se restableció la movilidad en las ciudades, se levantaron los bloqueos, y el tema desapareció súbitamente del radar internacional. A finales de octubre arribó a Ecuador una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para recabar denuncias sobre supuestas violaciones a los derechos humanos durante las protestas. Es que existe un desacuerdo entre los casos reportados por la Defensoría del Pueblo de Ecuador (10 muertos, 1.340 heridos y 1.192 detenidos) y los aportados por el Gobierno. Quizá la CIDH ayude a develar lo ocurrido. Pero la duda ahora es qué pasará si Moreno vuelve a la carga con las imposiciones del FMI, su aliado, o si decide reorientar su programa contemplando –en ambos casos– que la calle no le dará una nueva tregua.
