19 de noviembre de 2019
El Gobierno hizo oficial la limitación de las prisiones preventivas a partir de este martes. Así, ordenó la aplicación del nuevo Código Procesal en «los tribunales con competencia en materia penal de todas las jurisdicciones federales del territorio nacional». Para detener a una persona un magistrado debe comprobar que hay peligro de fuga o riesgo de entorpecimiento de la investigación. Sin embargo, los jueces tuvieron criterios discrecionales según los casos y la oportunidad y el ensañamiento político. El caso de los más vulnerables descolla en las cifras. Con el objetivo de terminar con la arbitrariedad, el Código «fijó pautas concretas para regular las restricciones a la libertad durante el proceso», que acotan el margen de interpretación de los magistrados. La Resolución señala que el nuevo régimen continúa «permitiendo tal restricción en caso de que exista peligro de fuga o de entorpecimiento», pero también ofrece «métodos alternativos de resolución de conflictos».
