Límites a la integración

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La Corte de La Haya atiende varios conflictos de países latinoamericanos. El rechazo de Santos a un fallo que beneficia a Nicaragua. Un planteo paraguayo y el viejo reclamo de Bolivia.

 

Histórico. El resabio de una guerra amañada por intereses privados británicos que convirtió a Bolivia en un país mediterráneo. (AFP/Dachary)

América Latina cruje en sus fronteras. Una decena de países están en conflictos por asuntos limítrofes con sus vecinos y sobrecargan a los tribunales internacionales con pleitos que bien podrían –y deberían– dirimirse en ámbitos regionales. Nicaragua le reclama a Colombia y también apunta a Costa Rica, Costa Rica y Panamá peticionan ante Nicaragua, Bolivia y Perú demandan a Chile, Venezuela confronta con Guyana y hasta Argentina recibe quejas de Paraguay. Se pelea por extensiones de suelo, de agua y hasta de territorio submarino. Y el verbo «pelear» no resulta exagerado: algunas naciones en pugna han movilizado tropas o planean hacerlo en el caso de que los diferendos pasen a mayores.
«No aplicaremos el fallo del Tribunal Internacional de La Haya sencillamente porque no es aplicable», declaró hace unos días el presidente colombiano, Juan Manuel Santos. «Así de sencillo», agregó, para despejar toda duda. En noviembre de 2012, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya había otorgado a Nicaragua unos 90.000 kilómetros cuadrados sobre el mar Caribe, hasta entonces bajo soberanía de Colombia. La fracción sobre la que se discute había sido cedida a Bogotá en 1928, cuando Nicaragua estaba ocupada por Estados Unidos. Managua desconoció ese pacto y procuró refutarlo en los estrados en 2001. Consiguió un triunfo parcial: la CIJ avaló su postura pero rechazó su reclamo por la isla de San Andrés, vital centro turístico, que también exigía para sí.
El presidente Santos calificó las demandas de Daniel Ortega, su par nicaragüense, como una política de «ánimos expansionistas» y aseguró que defenderá la zona en litigio «hasta las últimas consecuencias». La réplica fue firme. «Esto se trata de un asunto de leyes, no de expansionismo», aclaró Ortega, quien agregó que «el expansionismo se impone por la fuerza, por la intervención militar, pero aquí ambos (países) asistimos al juez y estamos obligados a reconocer la sentencia que dictó el juez». Para poder desconocer a La Haya sin sonrojarse ni entrar en problemas legales de magnitud, Colombia recurrirá a una solución fronteras adentro. El gobierno le pidió a la Corte Constitucional de su país que se declare la inconstitucionalidad del llamado Pacto de Bogotá.
Es que por ese acuerdo, rubricado en 1948, los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) se comprometían a solucionar pacíficamente sus controversias y, de haber disparidades, aceptaban la jurisdicción de la CIJ. Para burlar esos pronunciamientos, Santos debe primero deshacerse de la obligatoriedad de cumplirlos, asumida formalmente hace más de 60 años. Nicaragua también se hizo fuerte entre los suyos. Tras volver a recurrir a La Haya para que el tribunal de la ONU defina «con exactitud y precisión» toda la línea fronteriza con Colombia, el presidente Ortega convocó al Parlamento a otorgar rango constitucional a la modificación de territorio concedida por la CIJ. Se reformaría así la Carta Magna, que, cual escritura de dominio, incluiría puntillosamente las coordenadas ya definidas por la justicia internacional.
Nicaragua bien podría ganarse la credencial de «pasajero frecuente» a La Haya, aunque no siempre para brindar por los logros obtenidos. Es que el mismo tribunal que le dio la razón frente a Colombia, se la negó frente a Costa Rica. La CIJ ordenó a Managua que suspenda toda presencia en la pequeña isla Portillos, sobre el cauce del río San Juan. El gobierno costarricense asegura que esa porción de tierra es suya y que fue ocupada militarmente por la gestión Ortega. Según había laudado la ONU en 2009, el río San Juan es de soberanía nicaragüense. En ese acuerdo se estableció que la navegación sería de patrimonio de Costa Rica y la regulación del tráfico fluvial de Nicaragua. En el planteo de origen se acusaba a Managua de realizar obras en la isla para desviar el curso de agua. La Haya indicó que esos trabajos se terminen de inmediato hasta que la cuestión de fondo se resuelva. Por las dudas, Costa Rica avisó que no se quedará de brazos cruzados. «Si Nicaragua no cumple, acudiremos al Consejo de Seguridad de la ONU», prometió Enrique Castilla, canciller en San José.

 

Comercio y banderas
Panamá se abrazó a Costa Rica y a Colombia para sumarse a la embestida contra Nicaragua. «Parece que Nicaragua se quiere quedar con todo, incluyendo los océanos, aun estando lejísimo de aquí», declaró Ricardo Martinelli, presidente del país del canal. Es que el fallo de la CIJ en la causa Colombia permitiría, según Panamá, que su vecino accediera hasta la ciudad de Colón, estratégico punto portuario y comercial de esa bandera sobre el mar Caribe. «Vamos a pelear en forma individual o en forma conjunta», agregó Martinellli, en referencia al gobierno de Santos y, también, a la posición de Costa Rica. Desde la sede de gobierno costarricense, la presidenta Laura Chinchilla estableció la posición tripartita, al expresar que «nos sentimos reflejados en la misma preocupación que Colombia, que es plenamente coincidente con una situación hostil de Nicaragua hacia nuestro país».
La Asamblea Nacional, por orden de Ortega, aprobó que tropas de Estados Unidos y Rusia realicen movimientos para combatir el narcotráfico en la zona que La Haya concedió a Managua. En la práctica, por más que Colombia no acate el fallo de la CIJ, Nicaragua pretende dejar en claro que ya administra esa área. Ortega asegura que el movimiento de buques y aviones ya estaba previsto desde el año pasado. Un alto oficial de la marina rusa, sin embargo, le echó más leña al fuego. «Nicaragua y Rusia son dos países amigos; si ellos nos necesitan para apoyarlos y si existe una decisión política al respecto, nosotros estaremos de su lado en la disputa con Colombia», declaró el almirante Vladimir Ruban, a cargo de la flota nacional en el Mar Negro.

Rechazo. El presidente colombiano no acepta un fallo de la Corte de La Haya. (AFP/Dachary)

La cordillera de los Andes también se tiñe de verde cuando la diplomacia parece detenida en un semáforo rojo. «Estamos por conocer el fallo de La Haya; las Fuerzas Armadas están en condiciones de asumir y cumplir con las tareas que se designen», manifestó el vicealmirante José Romero, flamante jefe del Estado Mayor Conjunto de Chile, en referencia a la disputa que su país mantiene con Perú. Lima y Santiago discuten en la CIJ por el llamado «Triángulo exterior», una zona sobre el océano Pacífico muy atractiva por su riqueza pesquera. Ollanta Humala, presidente de Perú, ratificó que respetarán lo que resuelva la Justicia. Lo mismo prometen desde el Palacio de la Moneda. «Estamos esperando el veredicto del tribunal, tenemos el compromiso de ambos países de acatar y cumplir el fallo», sostuvo el canciller chileno, Alfredo Moreno. El funcionario recordó que Chile y Perú deben someterse a La Haya como estados suscriptores del Pacto de Bogotá, el mismo que Colombia quiere desafectar para desligarse de lo que disponga la CIJ.
Al castillo de la calle Carnegieplein 2, en La Haya, Holanda, también ingresó el reclamo de Bolivia ante Chile, solicitando una salida al mar. Desde La Paz sostienen que, en rigor, ya tenían acceso al océano pero que lo perdieron en la Guerra del Pacífico, en 1879. En 1904 se firmó un tratado de amistad que cedía a los chilenos unos 400 kilómetros de costa, hoy provincia de Antofagasta. Los triunfadores prometieron concederle a los vencidos el libre tránsito de mercaderías para que sean enviadas por vía marítima. Según sostienen en La Paz, los territorios no se cedieron como consecuencia de un conflicto bélico. «Primero fuimos ocupados; cuando intentamos cobrar impuestos a los capitales ingleses que querían usar nuestro puerto, los chilenos nos invadieron», señalan. La visión trasandina, en tanto, defiende lo firmado hace un siglo. «No tenemos que ceder lo que nos pertenece, este presidente no va a negociar soberanía», declaró Sebastián Piñera, jefe de Estado chileno. Su colega boliviano, Evo Morales, replicó que «tenemos derecho de volver al mar, es una reivindicación irrenunciable e imprescriptible de nuestro pueblo». La expectativa política, en este caso, va de la mano del cambio de autoridades en Santiago. Michelle Bachelet ya había establecido como presidenta una agenda de diálogo con Morales, en la que incluyó el tema de la salida al mar, restableciendo relaciones diplomáticas tras largos años.
No ante la CIJ sino ante la Comisión de Límites de Plataforma Continental de la ONU es que sostienen una pulseada Venezuela y Guyana. En 2011, desde la sede oficial de Georgetown se pidió al organismo internacional la extensión de los límites de plataforma continental, de las 200 a las 350 millas náuticas, acorde con un laudo binacional establecido en 1899. Desde Caracas se replica que tal disposición es nula y se ciñen al Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966, tres meses antes de que Guyana se independizara como colonia británica. En su artículo primero, el acuerdo dictamina que «se establece una Comisión Mixta con el encargo de buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia entre Venezuela y el Reino Unido surgida como consecuencia de la posición venezolana de que el Laudo arbitral de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica es nulo». Detrás de los reclamos territoriales hay, explícitos o implícitos, intereses estratégicos, de carácter económico y también político. En no pocas ocasiones, se trata de reivindicaciones históricas que no implicarían un gran «gasto» si es que se habla de integración. Porque los sectores más conservadores de cada país apelan a un nacionalismo obstinado para generar diferencias en lugar de que las fronteras sean un simple lugar de tránsito y no un límite.

Diego Pietrafesa