El impulso oficial a la generación eléctrica a partir de fuentes renovables alentó la privatización y extranjerización del sector y postergó la participación de empresas locales, especialmente de pymes. La necesaria reconversión energética como base de un esquema de negocios.
24 de julio de 2019
Importado. Descarga de aerogeneradores en el puerto de Bahía Blanca. La puesta en marcha de proyectos incide en la balanza comercial. (Horacio Culaciatti/Télam)
El planeta encara, sin duda, una reconversión de la matriz energética basada en hidrocarburos (carbón, gas y petróleo), motores del cambio climático. En la Argentina, sin embargo, el entusiasmo oficial por el desarrollo de las energías renovables ocultó múltiples aspectos preocupantes. Por ejemplo, la generación eléctrica de fuentes eólica y solar fotovoltaica se impulsó con fuertes subsidios estatales, reforzó la privatización de la actividad y abrió puertas a nuevas empresas extranjeras en desmedro de las nacionales.
A eso se sumó la incursión de grandes compañías locales de otros rubros que continuaron por esta vía su concentración económica. Se verificó también en este terreno, como en otros, el gradual retiro del Estado en materia de normativas y regulaciones en temas sociales, ambientales, laborales, etcétera. Mientras, sigue siendo muy limitada la participación autóctona (con el consiguiente desprecio del desarrollo tecnológico propio), toda vez que se implementaron proyectos «llave en mano». Con un elevado componente importado, los proyectos ya instalados o en marcha en el país contribuyeron en los últimos años al fuerte desbalance comercial y fiscal.
También incrementaron la deuda externa, como en el caso de Jujuy, que tomó más de 500 millones de dólares para un parque solar que funcionará tres meses al año. Existen asimismo serias dudas sobre el aporte a la rebaja prometida en el valor de la electricidad generada. Los costos de producción de las centrales de energía renovable, según se prevé, aumentarán bajo la influencia de la guerra comercial en los países del Norte y de las anticipadas restricciones de liquidez. Además, algunos expertos contraponen el claro apoyo gubernamental a las centrales que aprovechan el sol y los vientos, con el retaceo y la postergación de otras alternativas tanto o más «limpias», como la hidroeléctrica.
La intermitencia e inestabilidad de las energías renovables, por otra parte, arroja fuertes dudas sobre su nivel de eficiencia, que depende del clima y de la existencia de fuentes convencionales como respaldo. Otro aspecto poco difundido: las fuertes inversiones captadas en los nuevos emprendimientos energéticos tienen un escaso reflejo en cuanto a fuentes laborales, más allá de la etapa de instalación. El empleo en el área, en rigor, pierde en calidad y sufre las mismas presiones flexibilizadoras y precarizantes por parte de gobiernos y empresas, en el contexto del modelo neoliberal vigente.
Ganadores
«Hasta el momento, los grandes ganadores en la expansión de las renovables han sido las multinacionales extranjeras, fondos de inversión y algunos pocos apellidos vinculados con el negocio energético y el círculo presidencial», advierte Belén Ennis, del Observatorio de Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC).
Por lo pronto, según datos oficiales, hay actualmente en la Argentina 135 proyectos en marcha, incluidos los de biomasa (generación mediante el aprovechamiento de materia orgánica, entre otras, desechos de producción agrícola y restos de madera) y pequeñas hidroeléctricas, que suman en total 4.776 megavatios (MW) de potencia eléctrica (esa cifra debe compararse con los 38.800 MW ya instalados de todo tipo de fuentes). Hasta mayo se encontraban activos 39 proyectos por 1.106 MW. Si bien la meta fijada por la ley 27.191 consiste en llegar a 20% de la generación energética en 2025, en marzo pasado solo se llegaba a 4% (a partir de un 3,8% de la potencia instalada total), según datos oficiales.
Con presencia en prácticamente todas las provincias, hay en operación comercial o en construcción 64 parques eólicos por 3.788 MW; 69 emprendimientos solares por 2.030 MW; y 59 de bioenergías (biomasa, biogás y biogás de relleno sanitario) por 280 MW.
Sumando todas las iniciativas adjudicadas por el Programa RenovAr desde 2016, con una inversión comprometida de 7.200 millones de dólares, la Subsecretaría de Energías Renovables de la Nación estima que se crearán apenas 17.446 trabajos directos en los próximos años.
La reciente ronda 3 del plan oficial, denominada «MiniRen», buscó adjudicar un conjunto de proyectos de mucha menor envergadura que las rondas anteriores (no más de 10 MW, hasta sumar 400 MW) y que deberían entrar en operación en 2021 y 2022. El llamado se orientó, supuestamente, a pymes locales, pero respondió en realidad a la falta de capacidad de transmisión de redes de alta tensión, a las dificultades en el acceso al financiamiento y a las demoras registradas en el lanzamiento de las PPP (propiedad público privada) para ampliar el sistema.
Integración
Lo cierto es que la urgencia global por un cambio de matriz energética abrió también a las economías centrales (respaldadas en los organismos de gobernanza global) «un horizonte inédito para los grandes negocios financieros en las periferias», evalúa Diego Hurtado, profesor de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). En ese proceso, afirma, la Argentina va «a contramano», ya que «a pesar de tener empresas con capacidades en tecnología eólica, únicas en la región, la versión macrista de la revolución verde es el programa RenovAr, que transforma una política tecnológica e industrial en un fastuoso negocio financiero».
Ennis. «Las pymes argentinas del rubro quedaron fuera de juego.»
Hurtado. «La versión macrista de la revolución verde es un negocio financiero.»
De hecho, la firma de contratos a largo plazo y en dólares; la reducción del riesgo mediante la garantía del Banco Mundial; y la seguidilla de tarifazos, les permitió a las empresas asegurar su rentabilidad y no exponerse a las sucesivas devaluaciones del peso. Se perfiló así un sector energético (renovable o no) mercantilizado, como herramienta de ajuste y para nada compatible con un modelo de desarrollo inclusivo.
Ennis confirma a su vez que las pymes argentinas del rubro eólico, capacitadas para ofrecer entre 120-200 MW llave en mano por año, quedaron fuera de juego ante los objetivos «desproporcionados» del RenovAr. Solo viables «si la tecnología, el mantenimiento y la operación de los parques eran total o en su inmensa mayoría extranjeros». El modelo amparado en los organismos de gobernanza global se tradujo así, necesariamente, en «importaciones, ensamblado de partes y componentes no-argentinos, y dependencia tecnológica».
La realidad es que la integración de componente nacional, considerando todas las tecnologías, fue de apenas 14% en la Ronda 1, pasó al 30% en la 2 y se prevé que a mediados de 2020 llegue al 35% (luego, al 45% a fines de 2021 y al 50% en diciembre de 2023).
Está claro, afirma Ennis, que la expansión de las renovables «se apoyó de manera preponderante en la visión de los desarrolladores de proyectos y en el negocio eléctrico, más que en la faceta industrial y tecnológica, esto es, mercado internista».
Y en esta lógica no solo ganaron posiciones grandes empresas privadas (como Pampa Energía, Loma Negra, Aluar, Central Puerto o Genneia), sino también hasta YPF, igualmente sometida a las recetas energéticas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Cuando calienta el sol. Parque generador de Las Lomitas, provincia de San Juan. En el país hay 69 emprendimientos en operación o construcción. (Télam)
Cuestión de costos
Surgen dudas, además, en cuanto a las promesas de bajos precios de la electricidad generada por vías renovables, si bien se registraron mejoras en las sucesivas rondas del programa RenovAr. El precio promedio ponderado del MWh (megavatio-hora) en los proyectos adjudicados en las tres rondas es de 54,7 dólares (bajó de 61,3 dólares en el primer llamado a 51,4 dólares en el tercero). Claro está que los valores son muy superiores si se consideran las exenciones impositivas y arancelarias y otros beneficios adicionales que impone la ley promocional. Distintos especialistas calculan que el costo total de cada MWh en la primera ronda del programa RenovAr fue de 148 dólares en eólica y 225 dólares en solar, mientras en la segunda ronda, un año y medio después, bajaron a 121 y 179 dólares, respectivamente.
Chubut. La región patagónica cuenta con gran potencial para el desarrollo de la modalidad eólica por la calidad y constancia del viento. (Pablo Elías)
Estos números deben considerarse frente al costo promedio de la energía eléctrica nacional basada principalmente en hidrocarburos, hidroelectricidad y de origen nuclear, que ronda los 75 dólares. Adicionalmente, la opción basada en el viento y el sol podría quedar descolocada a corto plazo ante la creciente oferta de gas proveniente de la formación neuquina de Vaca Muerta. Precisamente, entre los argumentos de los exministros Juan José Aranguren y Javier Iguacel (hoy obsoletos) se señalaba que las renovables venían a reemplazar la generación térmica, que en su mayor parte dependía del combustible importado. El escenario actual es el opuesto, con amplios volúmenes exportados de gas natural y envíos inminentes de petróleo liviano.
Informes externos, en tanto, aseguran que los costos de producción de equipos eólicos aumentarán en los próximos años, ante el creciente proteccionismo y el fin del financiamiento barato y de los subsidios. Pese a lo cual los productores europeos, fuertemente respaldados por sus gobiernos, mantendrían su liderazgo (al igual que los chinos en la alternativa solar).
Alternativas
Hurtado, de la Unsam, cree que existen caminos alternativos al seguido por el macrismo. Menciona en ese sentido la experiencia de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), que «debería ampliar su foco de incumbencias y transformarse en la institución pública que asuma la tarea de organizar a nivel nacional las políticas de investigación, desarrollo y transferencia en tecnologías renovables».
De madera. En Puerto Esperanza, Misiones, una planta genera energía a partir del aprovechamiento de la biomasa de la industria forestal. (Prensa Nimen)
El organismo podría así «capitalizar su enorme experiencia en gestión de tecnologías complejas, capital intensivas y en procesos de articulación con la industria nacional». Como antecedentes, Hurtado recuerda que el sector nuclear argentino «supo construir una política tecnológica de expansión y diversificación incremental de capacidades y enraizamiento en otros sectores: en medicina y agricultura, a través de la producción de radioisótopos; en el sector energético, como productor de electricidad a través de las centrales Atucha I y II y Embalse; en política exterior, como exportador de reactores de investigación; en política industrial, como institución promotora de la conformación de una industria nuclear nacional».
Otro ejemplo rescatado por el experto es el de la política de fabricación de satélites nacionales, iniciada con la creación de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) en 1991 e impulsada por INVAP, empresa estatal rionegrina conformada en los años 70 por tecnólogos y científicos del sector nuclear.
Según el especialista, dada la proyección creciente del protagonismo que a escala global representan las energías renovables, «la recuperación de políticas públicas de industrialización inclusiva deberían contemplar la creación de un entorno institucional de I+D (inversión y desarrollo) para este sector». La integración (o asimilación) de las tecnologías renovables por parte del «ecosistema nuclear» local, según Hurtado, «representaría una nueva expansión y diversificación de sector tecnológico más denso y robusto que logró generar nuestro país».
