Pequeños productores agropecuarios de Marcos Juárez, provincia de Córdoba, crearon, en 2011, una entidad que busca volver a «la chacra mixta, diversificada y sustentable». El aporte de microcréditos, clave en su desarrollo.
11 de enero de 2019
Arrancamos con un grupo de jóvenes chacareros pensando en producir. Se nos ocurrió hacer una planta de leche de soja y algunas cosas más, así que decidimos que el camino correcto era armar una cooperativa como herramienta para llevar acabo esos proyectos». Alexis Misaña, presidente de la Cooperativa Agrícola La Alborada, se entusiasma al hablar del desarrollo de una empresa de la economía social con casi una década de vida. La conversación transcurre en el marco de la visita institucional de Pablo Tissera, jefe de la filial Córdoba del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, a la entidad cordobesa.
Los jóvenes cooperativistas consiguieron entusiasmar a otros socios y encararon un proyecto de producción porcina, inaugurando en 2014 un centro de engorde. «Partimos con la idea de llegar del productor al consumidor –explica Misaña–. Nuestra misión y visión apunta a retomar la chacra mixta, diversificada y sustentable».
En la actualidad, la entidad se dedica también a la cría de ovinos, integrando a 28 productores de Córdoba que le confiaron el acopio de lana. «Recién enviamos nuestro primer camión a Central Lanera, cooperativa de Uruguay», cuenta Misaña, quien es, a la vez, secretario de Educación Cooperativa de la comisión de asociados de la filial Marcos Juárez del Banco Credicoop. Cabe destacar que el Instituto Movilizador otorgó un microcrédito a la cooperativa que le permitirá consolidarse y diversificar su producción.
Soberanía alimentaria
La visita a la cooperativa de Marcos Juárez incluyó además una reunión con productores preocupados por las implicancias de la modificación de Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas (20.247), que se estima que tendrá tratamiento parlamentario en 2019.
Participaron del encuentro David Castellano, productor agropecuario e integrante de la Comisión de Semillas de Federación Agraria Argentina (FAA); Esteban Motta, agricultor; Andrea Sarnari, abogada y productora rural, síndica de FAA e integrante de su comisión de Semillas; y Ricardo Tormo, presidente de la comisión de asociados de la filial local de Credicoop. Asimismo, formó parte del encuentro Ernesto Favaro, presidente del Centro Primario Marcos Juárez de Agricultores Federados Argentinos (AFA). Durante la jornada se abordó la reforma de la ley que, entre otras modificaciones, busca obtener mayores regalías por el uso de semillas genéticamente modificadas.
«Los productores no estamos en contra de la tecnología pero, ¿quién determina qué es tecnología? ¿Quiénes la generan? ¿En función de qué? –planteó Esteban Motta–. Nosotros asumimos la necesidad de renovar puntos de la ley pero la discusión de los últimos 15 años hace eje en la soja. Monsanto quiere cobrar una regalía sobre todo lo producido y sostenemos que hacemos soja pero no somos Grobocopatel; tenemos 70 hectáreas y ya debemos pagar regalías». Y añadió que dos eslabones de la cadena están amenazados: los pequeños productores y el semillero multiplicador, que en su mayoría son cooperativas del Interior. «Los desafíos son promover un rol estratégico del sector de la economía social y generar alianzas para poder invertir en nuestras propias tecnologías, para no estar atados al paquete tecnológico que nos imponen», afirmó.
Tissera, por su parte, dijo: «Es vital para la soberanía política, alimentaria y económica de nuestro país que grandes temas como el uso de las semillas sean declarados de interés público, al igual que los servicios financieros y demás servicios públicos, que en su mayoría se encuentran privatizados, manejados por grandes grupos económicos transnacionales que solo persiguen maximizar sus ganancias. Esto –concluyó– lo viene planteando hace años el movimiento cooperativo nucleado en el Instituto Movilizador».
