El presidente ultraderechista será investigado por el Tribunal de La Haya debido a los ataques contra las comunidades aborígenes. Además de su mal manejo de la pandemia, los resultados de los últimos comicios ponen en jaque su futuro político.
30 de diciembre de 2020
Ni orden ni progreso: el Gobierno de Jair Bolsonaro levanta otras banderas en Brasil. Su gestión es un catálogo de torpezas, bravuconadas e ignorancias, manifiestas sobre todo en el manejo de la pandemia. Ahora el inquilino del Palacio Planalto suma otro hito histórico: es el primer jefe de Estado de su país en recibir una denuncia del Tribunal Internacional de La Haya. Lo acusan formalmente de «responsable de genocidio indígena» por la desatención sanitaria explícita a las comunidades aborígenes en el marco de un ataque sistemático a ese colectivo. Todavía aferrado a la alianza entre la derecha, el poder económico, las iglesias evangélicas y las fuerzas armadas, el capital político de Bolsonaro está amenazado. Las recientes elecciones municipales echaron más sombras que luces sobre la expectativa que, a pesar de todo, el presidente mantiene de ser reelecto en 2022.
«Si la pandemia es tan grave para la población en general, para las comunidades es mucho peor; este Gobierno les ha cortado la asistencia médica. Las conductas de Bolsonaro se asemejan mucho a las de la dictadura», expresó Belisario dos Santos Junior, integrante de uno de los organismos de derechos humanos que impulsó la denuncia. Se calcula que las víctimas fatales son unas 1.000, en sintonía con la sentencia que Bolsonaro formulara una vez: «Es una pena que la caballería brasileña no fuera tan eficiente como la estadounidense, que exterminó a los indios».
La Amazonia representa para Bolsonaro y sus socios del establishment un negocio imperdible. Desde que asumió, cada minuto se pierde un área de selva equivalente a una cancha de fútbol, escenario propicio para el monocultivo de los grandes terratenientes. Grupos parapoliciales persiguen y asesinan a dirigentes indígenas, se abren condiciones legales para explotaciones agrícolas y mineras a gran escala, se desfinancian organismos oficiales destinados a proteger tierras y vidas de las comunidades. El virus vino a completar el trabajo sucio, ante la inacción criminal del Gobierno, conducta ahora bajo la lupa de La Haya.
Otro tribunal, el máximo de Brasil, tuvo que forzar a la presidencia para que se cumpla con el plan de vacunación contra el COVID-19. Es que Bolsonaro sigue considerando (con casi 200.000 muertes sobre sus espaldas) que «la prisa por la vacuna no se justifica, la pandemia está llegando a su fin». Fue el Supremo Tribunal Federal que facultó a las autoridades nacionales, gobernadores y alcaldes para que puedan sancionar contra los que se rehúsen a ser vacunados, en claro mensaje de que se debe priorizar la salud colectiva. «No habrá vacunas para todos», agregó el presidente, que antes había desconfiado de uno de los laboratorios que llegarían con sus productos a Brasil.
Debacles
El abordaje de la pandemia impacta en el panorama político. Y Brasil no es la excepción. Fue el propio presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, el que pronosticó que «la gente va a comenzar a entrar en pánico si Brasil continúa rezagado sin un plan ni una estrategia clara y objetiva». Ya había tildado de «mentiroso» a Bolsonaro por el conteo de los fallecidos por COVID-19. El expresidente Lula había sido gráfico contra su colega. «Es una vergüenza para Brasil –sentenció–, Bolsonaro despreció la crisis sanitaria».
Las elecciones municipales reflejaron el malestar generalizado contra un mandatario que no supera el 35% de evaluación positiva de gestión. Bolsonaro vio como en 55 grandes ciudades fueron derrotados todos sus candidatos. En San Pablo, principal distrito del país, su representante salió cuarto; en Río de Janeiro, su viejo aliado, el primer pastor evangélico alcalde, cayó en segunda vuelta. La debacle electoral del Gobierno no redundó en una buena performance del PT. Recuperó la misma cantidad de intendentes que tenía antes de que el partido gobernara entre 2002 y 2006; perdió dos tercios del caudal político que tuvo en 2012. La centroderecha toma envión ante la fragilidad de oficialismo y su principal oposición. Lo hace sumando a dos figuras de altísima exposición: el juez Sergio Moro, autoproclamado paladín anticorrupción, y Luciano Huck, un millonario que es conductor estrella de la TV Globo.
Las aspiraciones de Bolsonaro para repetir mandato dentro de dos años se cimentaron en un plan social que benefició a 60 millones de ciudadanos con unos 110 dólares mensuales. Pero ese beneficio terminó en el último día de 2020. La economía cayó un 4,4% y la recuperación vendrá inexorablemente de la mano de la inmunización general. Contrariando al presidente y su desidia por las vacunas, su ministro de Economía explicó: «Los subsidios salen 10.000 millones de dólares mensuales, vacunar a todo el país, 4.000 millones». En castellano, inglés o portugués, negocios son negocios.
