Con su inédita candidatura, elegida por el Congreso Nacional Indígena y el zapatismo, María de Jesús Patricio Martínez apunta a representar la voz de las comunidades y a visibilizar sus históricas problemáticas. Desafíos y obstáculos en su postulación oficial.
26 de octubre de 2017
Una mujer de vestido colorido abraza íconos aborígenes; bajo la atenta mirada de dos hombres con pasamontañas que fuman pipa, se sube a una camioneta, proclama la guerra al capitalismo y se dispone formalmente a ser la primera candidata presidencial indígena en la historia de México, país de origen azteca y maya. Ha sido elegida en una extensa y nutrida asamblea popular. Y no como representante de nadie, sino como vocera de todos. El libreto pudo haber escapado de Macondo, nacido de la pluma de García Márquez, pero es de la cuna Carlos Fuentes y Juan Rulfo. No constituye otro capítulo del realismo mágico, sino una nueva página de esa épica aventura llamada «el buen gobierno».
A María de Jesús Patricio Martínez, todos la llaman Marichuy. Tiene 53 años, dirige un centro de medicina tradicional en Jalisco, integra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y en mayo fue nombrada portavoz y aspirante a la jefatura del Estado nacional por parte del Congreso Nacional Indígena (CNI), que reúne a unas cincuenta comunidades del que participa el zapatismo. Sin pronunciarse públicamente, presenciaban ese acto el célebre subcomandante Marcos (desde 2014 rebautizado Galeano) y su compañero, el subcomandante Moisés, líderes del zapatismo. Martínez se inscribió cinco meses después en el Instituto Nacional Electoral (INE) y lanzó su campaña en Chiapas. «Llegó la hora de todos los pueblos, la hora de unirnos y luchar todos para derrocar este sistema capitalista; si no lo hacemos ahora, después será tarde», declaró la candidata.
La postulación de Marichuy se registra en el marco de una novedad del sistema electoral mexicano: el debut de las candidaturas independientes. Según la ley, todo aquel que reúna unos 900.000 avales (el 1% del padrón) podrá obtener el derecho a participar. Las posibilidades de Martínez tienen debilidades y fortalezas. Hay unos 15 millones de indígenas en todo el país, si uno de cada diez firmara su adhesión, el número requerido se alcanzaría fácilmente. Pero esa cifra se divide en no menos de 60 comunidades, no todas con el mismo grado de compromiso político y organización. El desafío es mayor si se piensa en cómo atraer el interés de la población no indígena. Marichuy convoca a todos los hombres y mujeres «aunque sean de otro color, porque es tiempo de ponernos de acuerdo, peleando por todos los mexicanos y por todo el mundo».
Ser o no ser
Martínez ya vio cómo el capitalismo muestra sus dientes, incluso a la hora de la representación democrática. Es que otro de los requisitos de la norma electoral es que cada candidato tenga cuenta bancaria. Marichuy fue a solicitarla al banco HSBC, para lo que antes creó una asociación civil. La entidad se la negó. Alegó cuestiones burocráticas y de forma, y terminó escudándose en un derecho del banco a pedir información crediticia e investigar otros comportamientos fiscales a la hora de aceptarla. «El trámite toma más tiempo para una asociación civil, es un proceso que se llama “debida diligencia ampliada”. Son procesos largos y hay muchos filtros. En HSBC tenemos una política para conocer mejor a los clientes», dijeron. Ese panorama describe la marginalidad a la que se somete al colectivo indígena. La Comisión Nacional para la Prevención de la Discriminación había expresado que «es casi un hecho imposible que una persona indígena en México cuente con un expediente en el buró de crédito y aún menos creíble es que posea una tarjeta de crédito o que haya recibido de la banca tradicional un crédito productivo».
Se trata de ser o no ser parte de un sistema al que desconocieron. Ese fue el debate central en el CNI y dentro del zapatismo. En 1994, el movimiento indígena había sacudido al país, la región y el mundo desde la selva Lacandona. Revindicaban, entre otras cosas, su derecho a la autonomía. En la entrada de cada uno de los «caracoles» (comunidades), hay un cartel que lo explica: «Aquí el pueblo manda y el gobierno obedece». Desde el CNI admiten que la situación puede juzgarse como contradictoria, pero no retroceden. «Nos queremos colar en la fiesta de los ricos, los de arriba, que son las elecciones, una orgía donde colocan todos sus intereses; queremos meternos en esa fiesta para arruinarla, queremos ese espacio porque no tenemos otro», explicó Carlos González, uno de los voceros del Congreso Indígena.
Sin perspectivas reales de llegar al poder por elecciones, el objetivo parece otro. En primer lugar, de habilitarse su candidatura, Marichuy recibirá espacios de difusión masivos para la causa indígena, que hasta ahora les fueron vedados. Ella aclaró que no aceptará dinero del Estado para la campaña. La cuestión de fondo no es ganar los comicios, sino instalar a otra escala los problemas que padecen desde hace años. «No vamos a trabajar tanto en sumar votos que nos sienten en la silla maliciada; esto es por la organización, por la reconstitución de nuestros pueblos que han sido golpeados por años y años», expresó Martínez. La postulante carga consigo el mandato que trae de su comunidad. Los principios fundacionales del CNI son su plataforma: convencer y no vencer, construir y no destruir, servir y no servirse.
