6 de junio de 2013
A 10 años de la sanción de una ley que prometía revolucionar el mercado farmacéutico, su aplicación es insuficiente. El poder de los grandes laboratorios.
Resultados. La norma aprobada en 2002 no logró bajar los precios de los fármacos. (MartÍn Acosta)
El laboratorio Sanofi ha sido multado con 40,6 millones de euros en Francia por «denigrar» las versiones genéricas de su producto «Plavix». Se trata de una sanción sin antecedentes en la disputa comercial entre «marcas» y «genéricos» que se ha instalado con fuerza en el mercado farmacéutico. La sanción fue aplicada a la multinacional en su país de origen por su «estrategia de denigración» desplegada para evitar que los médicos recetaran versiones más baratas del Plavix, tal como acusó la Autoridad de la Competencia de Francia. Las sospechas que esparció Sanofi entre los médicos y los farmacéuticos sobre «la calidad y seguridad» de sus competidores genéricos implicaron que la Seguridad Social francesa sufriera una pérdida de 38 millones de euros anuales. Situaciones similares todavía ocurren en Argentina, donde existe el preconcepto de que los genéricos son «medicamentos para pobres» y no hay campañas de promoción para su prescripción.
Pasaron más de diez años desde que, en agosto de 2002, el Congreso Nacional aprobó la ley de Prescripción de Medicamentos por su Nombre Genérico, ante la urgencia de enfrentar la crisis que atravesaba el país y después de decenas de proyectos parlamentarios. Hoy el sistema sigue vigente pero ofrece lecturas contradictorias sobre su inserción en el mercado y su relativa eficacia para reducir el precio de los remedios.
La ley de Prescripción por Genéricos fue una oportunidad de cambio surgida de la crisis. «El cacerolazo puede expresarse en la farmacia», advertía el ministro de Salud, Ginés González García, el 17 de marzo de 2002, al defender la sustitución de los medicamentos de marca que había comenzado el 21 de febrero con un decreto presidencial de necesidad y urgencia durante aquel caliente verano de piquetes, cacerolas y fogatas. El paso del tiempo parece haber diluido la aplicación de la norma, que tampoco logró una disminución significativa en el precio de los medicamentos.
Federico Tobar fue jefe de Gabinete del Ministerio de Salud durante la gestión de González García y protagonista sustancial de aquel proceso. Once años después reivindica la ley porque «fue una buena idea», pero advierte que «ahora, como en tiempos de Menem, tenemos los medicamentos más caros del mundo». Tobar aporta un estudio comparativo con Brasil, donde con los genéricos el precio medio descendió y la diferencia entre el más caro (se supone el original patentado) y el más barato se achicó, mientras que en Argentina «se encareció el precio medio y se agrandó la diferencia entre los extremos. La ley por sí sola no consiguió que el mercado compita por precios y ha sido un fracaso, porque no hubo una profundización de la política de genéricos».
Brasil no consiguió aprobar una ley de prescripción «porque los médicos se opusieron», explicó Tobar, pero durante el gobierno de Lula Da Silva introdujo un mercado de medicamentos genéricos que se distinguen por su franja amarilla con la letra G y hay un millar de las denominadas «Farmacias populares».
Tobar recuerda que una encuesta del Ministerio de Salud de Argentina arrojó en 2004 (dos años después de aprobada la ley) que el 84% de las recetas incluía el nombre genérico y una opción de marca propuesta por el médico. «Actualmente es la mitad», agrega.
Tomás Pippo, director de Economía de la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, coincide en que transcurridos más de 10 años desde su aprobación es preciso renovar la batalla cultural y «recordarles la utilidad de la ley a los médicos, a las farmacias privadas y a los profesionales de la salud, y explicarle al paciente con campañas de promoción que tiene que cuidar su bolsillo».
Pippo subraya que «la ley desde lo conceptual es muy correcta y muchos países de la región tomaron iniciativas similares imitando la conducta argentina. En los centros de atención primaria también tuvo una evolución positiva, pero hay que insistir para que los médicos, los farmacéuticos y los pacientes internalicen la promoción del genérico, porque del otro lado está la industria promocionando marcas».
Marcelo Peretta, titular del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, opina que «la ley funcionó por un tiempo y después la llama se fue apagando. La industria, aunque dejó de combatirla como en sus comienzos, tampoco arrió sus principios. Abandonaron una batalla, pero no la guerra».
Peretta asegura a Acción que las estadísticas en poder de su sindicato indican que la aplicación de la ley es baja pues su cumplimiento entre 2003 y 2007 fue del 60% e incluso tuvo picos de 80%, mientras que en la actualidad no supera el 25%.
Para Peretta «la cuestión de fondo es que la industria sigue auditando a través de la consultora Farmalink, que ofrece gerenciamiento integral del gasto farmacéutico a las obras sociales y al PAMI. Entonces, si el farmacéutico sustituyó por el nombre genérico, le pagan más tarde, como si fuese un castigo. Y en las prepagas directamente van por las marcas y es casi imposible sustituir. El genérico funciona cuando es una venta sin receta, digamos en “negro” para la industria», completa.
Marta Nájera, directora ejecutiva de la Cámara Argentina de Productores de Medicamentos Genéricos (Capgen) coincide. «Hay muy poca prescripción por parte de los médicos, pero hay una importante aceptación por parte de los pacientes y los farmacéuticos. Lamentablemente el PAMI es el principal organismo que no cumple con la prescripción por nombre genérico» señala Nájera a Acción, reclamando de las autoridades «de la mayor obra social del país, que comprendan que pueden convivir en su sistema de salud un vademécum de marca y un vademécum de genéricos».
—Alberto Ferrari
