Comparado con Donald Trump por su prédica de mano dura, la llegada de Rodrigo Duterte al poder constituye una amenaza contra los derechos humanos y el sistema democrático, mientras que la pobreza y sus causas no figuran entre las preocupaciones oficiales.
30 de junio de 2016
Ofensiva. Duterte ofrece un discurso en el que anuncia su plataforma política, en la localidad de Manila. (Celis/AFP/Dachary)
Es autoritario, violento y polémico. Se declara abiertamente machista y poco le importa el respeto por los derechos humanos o la democracia. Sus bravuconadas y sus propuestas teñidas de un conservadurismo recalcitrante llaman la atención, casi a diario, de la prensa internacional. Cualquiera podría pensar en el precandidato presidencial estadounidense Donald Trump. Pero no, no es él, sino alguien que se le parece y mucho, pero se encuentra a miles de kilómetros de distancia. Se trata de Rodrigo Duterte, el flamante presidente de Filipinas, uno de los países más poblados del sudeste asiático, donde las paradisíacas playas se confunden con la miseria más extrema.
Con 71 años, Duterte llegó a la presidencia filipina a base de propuestas insólitas y llamativas declaraciones. En plena campaña se burló de una mujer que había sido violada, presumió de su interminable harén de amantes, amenazó con cerrar el Congreso, insultó al papa Francisco, se enfrentó con Estados Unidos y la ONU, justificó el asesinato de periodistas y prometió reinstaurar la pena de muerte para combatir al narcotráfico. En cuestión de segundos y sin abundar en originalidad, los medios lo bautizaron «el Trump filipino».
Sin embargo, y a diferencia del magnate estadounidense, Duterte no es un novato en el juego político. Se inició en el comunismo durante los años 80 y consiguió una vasta experiencia gracias a sus siete mandatos –un total de 22 años– como alcalde de Davao, la tercera ciudad más poblada del país. Allí gobernó con mano de hierro: estableció estrictos horarios para la venta de alcohol, prohibió fumar en las calles, ordenó instalar cámaras de vigilancia en todos los comercios y emprendió una durísima política de seguridad, cuestionada por organismos de derechos humanos de todo el mundo.
Sembrar terror
Los analistas políticos temen que, luego de su asunción como presidente por los próximos seis años, Duterte comience a aplicar esas mismas políticas públicas en todo el país. Más allá de las fronteras filipinas, los demócratas estadounidenses aseguran que será una suerte de experimento para observar las características de una eventual presidencia de Trump, en caso de que el precandidato republicano llegue a la Casa Blanca tras las elecciones del 8 de noviembre.
Lo que pocos pueden responder es cómo hizo para arribar a la presidencia filipina un hombre sumamente autoritario que, bajo un disfraz informal y campechano, logró el apodo de «Castigador». En las elecciones del pasado 9 de mayo, Duterte obtuvo 16 millones de votos, el 38,6% del total. Fue una victoria aplastante: superó por 6 millones de votos a Mar Roxas, su competidor más cercano y delfín del entonces presidente Benigno Aquino.
Duterte logró el apoyo de jóvenes y viejos de todas las clases sociales que destacan su enorme carisma y su gestión en Davao. Los ciudadanos lo ven como a un padre y su figura aparece, cual rockstar, en remeras y posters. Duterte, dicen, acabó con el crimen y la delincuencia en una urbe que estaba entre las más peligrosas del mundo.
¿Cómo lo hizo? El propio Duterte tiene la respuesta: «Los maté a todos». Efectivamente, como sostiene Amnistía Internacional, la disminución de la tasa de criminalidad en Davao solo fue posible por la implementación de «escuadrones de la muerte» que sembraron el terror en toda la ciudad. Un informe del Centro Tambayan –organización que protege los derechos de los niños– indica que esas fuerzas paramilitares integradas por policías, exrebeldes comunistas y sicarios ejecutaron a 1.424 personas entre 1998 y 2015. Más de la mitad de las víctimas fueron varones pobres que consumían drogas o participaban de delitos menores. Al momento de su muerte no estaban armados y fueron rematados a sangre fría.
Un documento filtrado de la embajada de Estados Unidos en Filipinas sostiene que el nuevo presidente es el cerebro de esos grupos comando. Human Rights Watch (HRW) denunció directamente que los escuadrones son parte de su «plataforma política».
Pero a Duterte no parece importarle lo que digan desde afuera y hasta redobló la apuesta. Apenas triunfó en las elecciones, anunció que restituiría la pena de muerte por ahorcamiento –abolida en el país durante 2006– y aconsejó a los ciudadanos que, en caso de cruzarse con un traficante, no llamen a la policía. «Si tienen un arma –afirmó–, háganlo ustedes mismos. Dispárenle y yo les entregaré una medalla». Así, sostuvo, acabará con la inseguridad en solo seis meses.
Poco dijo en cuanto a la política económica que aplicará su gobierno. En campaña solo deslizó que esa cuestión quedaría en manos de sus «expertos y asesores». No se trata de un tema menor, teniendo en cuenta que el 25% de los 102 millones de habitantes filipinos vive con menos de 1,3 dólares al día, según datos del Banco Mundial. Aunque la economía del país es la cuarta de más rápido crecimiento en el mundo, la riqueza queda concentrada en unos pocos clanes familiares. La pobreza influye directamente en las condiciones de vida de los más chicos: de acuerdo con Unicef, 8 de cada 10 niños están en riesgo de sufrir algún tipo de abuso sexual, debido al enorme negocio que representa la prostitución infantil en Filipinas.
La llegada de Duterte al poder amenaza con profundizar aún más la enorme brecha entre ricos y pobres. Pero, además, pone en riesgo el precario sistema democrático filipino. Según denunció el saliente mandatario Benigno Aquino, Duterte es un «dictador en potencia» similar a Ferdinand Marcos, quien gobernó el país entre 1965 y 1986 aplicando la ley marcial.
Fue justamente la madre de Aquino, María Corazón Sumulong, quien encabezó el movimiento democrático que puso fin al régimen de Marcos. Ahora, uno de los hijos de ese dictador ocupa el cargo de vicepresidente. Se trata de Ferdinand Marcos Jr., quien fue designado por el propio Duterte y, ante la prensa, consideró «notable» al gobierno de su padre. De ese modo se refirió a un régimen que encarceló a 70.000 personas por razones políticas, torturó a 34.000 y asesinó a otras 3.200. Una política de terrorismo de Estado que, advierten, podría repetirse en los próximos meses.
