15 de enero de 2020
«Argentina no cuenta con un marco de referencia teórico-metodológico para garantizar el uso seguro y sustentable de los OGM (Organismos Genéticamente Modificados) acorde a lo estipulado en el plano nacional en el principio precautorio establecido en la Ley 25.675 y en el plano internacional, debido a que no se ha ratificado el Protocolo de Cartagena (instrumento internacional para proteger la diversidad biológica)».
Así de contundente fue la Auditoría General de la Nación (AGN) en el reciente informe denominado «Recursos genéticos y organismos genéticamente modificados», que viene a confirmar la falta de control y de regulación adecuada de las especies transgénicas, algo que desde hace años los movimientos campesinos y ambientalistas advierten. A su vez, señaló que la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA) «no realiza análisis experimentales sobre los materiales a aprobar durante la primera fase, ya que no cuenta con laboratorios especializados para tal fin. Las evaluaciones de riesgo ambiental son de tipo documental, realizadas en base a la información técnico-científica remitida por el solicitante a modo de declaración jurada», esto implica aceptar la información que las empresas semilleras ofrecen como garantía de que no existe riesgo, situación que se ve agravada por el hecho de que una vez lanzado el OGM tampoco se hace un monitoreo de su impacto ambiental.
