5 de enero de 2018
El quíntuple femicidio perpetrado una semana atrás por el agente penitenciario Facundo Solís, en Santa Fe, reactualizó el debate sobre el uso de armas reglamentarias fuera del horario de servicio por parte de miembros de fuerzas armadas o de seguridad. Y los riesgos que se potencian cuando se cruzan con un contexto de violencia machista. Solís ejecutó a su exesposa, Mariela Noguera, y a cuatro familiares más de ella, con el arma que el propio Estado le proporcionó. Incluso, con esa misma pistola amenazaba a sus hijos en su hogar, según trascendió. No son casos aislados. En 2017, 23 femicidios fueron cometidos por uniformados o expolicías o militares, de acuerdo con los registros de La Casa del Encuentro, a los que accedió Página/12. En 2016, fueron 17. En muchos de ellos, todavía en investigación, mataron con el arma reglamentaria.
