28 de septiembre de 2016
A 30 años del fallo de la Corte Suprema de Justicia conocido como «Bazterrica», el primero que desincriminó la tenencia de estupefacientes para consumo personal, 258 magistrados firmaron una declaración en reclamo de «una política de drogas respetuosa de los Derechos Humanos». «Las principales víctimas de las políticas represivas han sido las personas que usan drogas prohibidas, al ser constantemente perseguidas y criminalizadas por la tipificación de delitos relacionados con el consumo», señala la declaración firmada por jueces y fiscales, quienes exigen «un debate legislativo y aprobación de una ley que no criminalice a los usuarios de drogas prohibidas, mediante la derogación efectiva de los tipos penales que directa o indirectamente sancionen conductas relacionadas al consumo personal de estupefacientes».
