15 de enero de 2014
Con la sanción de una ley que legaliza la producción y venta de marihuana, Uruguay apuesta a reducir el impacto de la criminalidad vinculada con el narcotráfico. Debate por la aplicación de la norma.
A favor. Miles de personas celebraron la sanción de la norma frente al Palacio Legislativo en Montevideo. (Martin Barzilai/Sub.coop)
Hay luz verde a la marihuana en Uruguay. La sanción de la ley que genérica y erróneamente se conoce como «Cannabis libre», abrió un debate que está lejos de terminar. El Estado oriental regulará la producción y el comercio de esta clase de droga, una decisión que registra pocos antecedentes en el mundo. Aspectos éticos, sanitarios y legales entran en danza con un invitado mal venido: el narcotráfico. Que Montevideo será como Ámsterdam, el paraíso del consumo sin censura. Que bajo ningún aspecto habrá un festival de adictos. Que hay que insistir con la mano dura. Que la penalización indiscriminada solo favorece el negocio y no resuelve el problema. Que se trata de buscar la salida en un callejón oscurecido por crímenes y otros delitos asociados. Que no se puede experimentar con la vida de las personas. La discusión está polarizada y quizás culmine luego de la reglamentación de la norma y su aplicación concreta en las calles charrúas, el 20 de abril. Como antecedente inmediato a tener en cuenta, el estado de Colorado, en Estados Unidos, dispuso desde el primer día de 2014 la venta en tiendas de marihuana para “«uso recreativo» (ver Tiendas…).
La ley aprobada en Uruguay establece que no habrá castigo para el cultivo, la distribución ni la venta de marihuana. Se permitirá la tenencia de hasta 6 plantas por hogar. Habrá clubes de consumidores, que podrán tener hasta 45 miembros y 99 plantas. Residentes uruguayos mayores de 18 años, que se hayan anotado previamente en un registro elaborado para tal fin, podrán comprar hasta 40 gramos mensuales en farmacias autorizadas. Habrá un precio oficial: un dólar por gramo. La cifra no estará sujeta a las variables del mercado ni de la competencia, todos los puntos de venta deberán respetarla. Según reveló el prosecretario de Presidencia, Diego Cánepa, «el Estado también puede llegar a producir marihuana», aunque no especificó de qué manera y con qué fin se utilizarían los dividendos que genere esa actividad. El cumplimiento de la norma será monitoreado por el IRCC (Instituto de Regulación y Control del Cannabis), que otorgará las licencias a todos los actores del proceso.
Discusión abierta
«Esto no será un viva la pepa. Es como quien toma un purgante, es como tomar medidas que no son bonitas, pero sí necesarias», aclaró José Mujica, presidente uruguayo. El mandatario reconoció que el problema de la droga «nos tiene agarrados», y aseguró que el narcotráfico fue uno de los factores principales para el crecimiento de la tasa de criminalidad en su país, un 30% en los últimos 4 años. «No queremos dejar a la gente regalada ante los narcos», agregó Mujica, quien expresó que «con los métodos del narcotráfico cualquier cosa vale; se está fracasando con la vía represiva. No decimos que no tiene que haber represión. Tiene que haber, pero hay que graduar la cosa, como los domadores que ponen la comida en una mano y el látigo en la otra. Hoy por hoy, no estamos sacando de la clandestinidad a los jóvenes que entran a consumir y no se sabe dónde salen. Hay que tener audacia y buscar caminos nuevos».
En Uruguay, el consumo personal de marihuana está permitido desde 1974, mediante una ley que, paradójicamente, se dispuso bajo una dictadura. Sin chance para la producción local, el permiso empujaba inevitablemente al mercado clandestino. El ex ministro de Salud oriental, actual senador por el partido Colorado, Alfredo Solari, acusó al gobierno de minimizar los peligros de la marihuana y los efectos que la adicción genera a largo plazo. «Montevideo no es Tijuana, nosotros no estamos en el epicentro de la lucha contra las drogas», opinó. La embajada de Estados Unidos en tierra celeste manifestó su preocupación por una posible infiltración narco tras la sanción de la ley. Los defensores de la norma creen exactamente lo contrario. «Si le quitamos al mercado negro una porción grande de la torta, debilitamos a los traficantes», replicó el senador del Frente Amplio, Luis Gallo.
Por su parte, el líder del partido Blanco, Jorge Larrañaga, calificó la ley como «una puerta abierta al abismo». El legislador dudó sobre la capacidad del Estado para regular el mercado. «El control es solo un mito», sentenció Larrañaga, porque «habrá dificultades a la hora de revisar la venta legal de droga en los pueblos del interior, donde tampoco se ofrecen garantías para la atención sanitaria». La Fundación Manantiales, uno de los principales centros charrúas de rehabilitación de drogadictos, también cuestionó la iniciativa. Nancy Alonso, psicóloga de la institución, aventuró que la legalización no mitigará el consumo, sino todo lo contrario. «La gente va a tener más acceso, y algo que antes era prohibido y malo ahora se verá con naturalidad. Esto hará mucho más duros los esfuerzos para recuperarse de la adicción», dijo.
Las opiniones sobre este tema están divididas: todos reconocen que la marihuana es difícil de rechazar una vez que se la empieza a consumir, pero esos niveles de dependencia no son superiores a otras sustancias permitidas, como el alcohol y el tabaco.
Mujica. «No queremos dejar a la gente regalada a los narcos», dijo el presidente. (DYN)
Puntos de venta
Datos oficiales revelan que el mercado ilegal de marihuana en Uruguay representa entre 30 y 40 millones de dólares anuales, de los cuales el consumo de cannabis representa casi el 80%. Entre 120.000 y 150.000 orientales aseguran haber fumado marihuana al menos una vez en el año, lo que representa hasta un 5% del total de la población. «El número no es nada despreciable», aceptó Julio Calzada, titular de la Junta Nacional de Drogas (JND). El funcionario adelantó que se prevé cobrar impuesto a las transacciones reguladas, cuyos fondos serán aplicados a inversiones en salud y educación. Calzada aclaró que las penas por tráfico y venta ilícita continuarán sancionadas penalmente. «Un turista no va a ir a Uruguay y se va a encontrar con alguien que le va a ofrecer en el peaje camino a Rocha un poco de marihuana», dijo. También descartó que quienes compren droga para consumo personal se vuelquen a la maquinaria narco. «Si negocian sus 40 gramos mensuales durante un año, ganarían, como máximo, unos 800 dólares. No creo que alguien se arriesgue a pasar entre 2 y 5 años preso por esa cantidad de billetes», expresó.
La Asociación de Química y Farmacia del Uruguay (AQFU) pidió que la marihuana no se venda dentro de sus locales, al no tratarse de productos para la salud. Virginia Olmos, presidenta de la AQFU, reservó su parecer respecto a la ley en general, pero quiso expresar que «la cannabis, al ser una droga recreativa, no puede estar en nuestros establecimientos. Pensamos que la farmacia debe verse como un centro de salud donde acudan los usuarios para obtener un respaldo, que esté conectada con los hospitales, que los médicos puedan realizar allí sus derivaciones y que, en definitiva, el público sepa qué medicación está retirando».
Ante esta negativa, el negocio puede reorientarse. En ese sentido fue que se constituyó la Federación Nacional de Cannabicultores del Uruguay (FNCU). Milagros Galliero, una de sus miembros, deseó que «se generen puestos de trabajo. Si alguno tiene un campo más o menos grande y se le otorga una licencia para cultivar, queremos que en ese lugar estén personas trans, madres solteras, recicladores de basura». Habrá que tomar recaudos en todos los niveles de empleo, según avisaron asociaciones empresarias. «El lugar de trabajo es, generalmente, un espacio libre de drogas y libre de humo. Esto se establece para evitar accidentes, mejorar la convivencia y evitar conductas no deseadas. Con la marihuana debiera ocurrir algo similar», consideró Federico Muttoni, de la consultora Advice. Jorge Vázquez, subsecretario del Interior, adelantó que la reglamentación de la ley deberá disponer regulaciones específicas para empleos en situación de riesgo, como pilotos de avión, choferes y policías.
La intervención estatal en la producción y comercio de la marihuana no tiene antecedentes en Latinoamérica. En México, la izquierda plantea la despenalización del consumo terapéutico en el ámbito del DF, donde tienen mayoría de representantes. En Estados Unidos, Colorado hace punta en la libertad para consumir. Del otro lado del océano, Holanda está a la cabeza de la normativa, permitiendo los coffee shops, bares para acceder a la droga. En Alemania, un distrito de Berlín acaba de aprobar una modalidad similar a la de Ámsterdam. En tanto, los coffee shops españoles son ilegales, pero existen muchos clubes privados que proveen plantaciones de marihuana y hachís para sus socios.
Puertas adentro del «paisito» las voces son disonantes. Encuestas recientes dieron cuenta de que 2 de cada 3 uruguayos rechaza la ley. La apuesta de Mujica es, así, de todo menos electoralista; una jugada ambiciosa con consecuencias, todavía, impredecibles.
—Diego Pietrafesa
