25 de septiembre de 2013

Tres ex mandatarios con aspiraciones de regreso al poder en 2016 sufrieron el embate de la Justicia. Las asignaturas pendientes y los riesgos que enfrenta el actual gobierno de Ollanta Humala.

 

En Perú, una senda puede volverse tan célebre como el Camino del Inca: la que pareciera unir la Casa de Gobierno en Lima con los tribunales o la cárcel. Tres mandatarios, apenas abandonados sus cargos, sufrieron el embate de la Justicia apuntados por hechos de corrupción. Alberto Fujimori (1990-2000) terminó preso, Alan García (1985-1990 y 2006-2011) fue denunciado penalmente y Alejandro Toledo (2001-2006) está bajo la lupa del Congreso y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Estos dos últimos no esconden su deseo de suceder dentro de tres años a Ollanta Humala, el actual jefe de Estado. El caso Toledo es el que más atención genera porque su agrupación, Perú Posible (PP), es una aliada en la imprecisa coalición que sostiene al oficialismo. Para peor, el imputado fue su propio enemigo en la causa, al generar evidentes contradicciones en torno de la compra de propiedades y depósitos en el extranjero por un valor total que supera los 20 millones de dólares.

Una coqueta anciana, ciudadana belga, comprando una casa en una de las urbanizaciones más aristocráticas de la ciudad capital no debiera haber atraído la atención de los medios de prensa si no fuera porque Eva Fernenbug era la madre de Eliane Karp, esposa de Toledo. La ex «primera suegra», de 84 años, pagó la operación en efectivo. Al menos eso declaró su yerno cuando fueron a preguntarle detalles del asunto. Según Toledo, tantos billetes con la cara de Washington se juntaron por el cobro de una indemnización que Fernenbug recibió como víctima del Holocausto y como producto de dos herencias de matrimonios anteriores. Pero algo llamó la atención de los sabuesos de la UIF, porque decidieron poner la lupa sobre esa transacción inmobiliaria. Un dato daría impulso a las pesquisas: un programa de televisión denunció que, en rigor, la casa en cuestión y una oficina en Lima fueron compradas mediante una empresa offshore abierta en una escribanía de Costa Rica. ¿Quiénes conformaban la firma Ecoteva? La propia Fernenbug, el multimillonario peruano Josef Maimann, amigo de Toledo, una empleada de limpieza y un guardia de seguridad de la escribanía.
Esas pruebas fueron desestimadas por quien antes de llegar a la presidencia peruana se desempeñó como investigador en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y consultor en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. «La casa fue adquirida con un crédito hipotecario de 3 millones de dólares del Scotiabank de Costa Rica», aseguró Toledo, contradiciéndose con su declaración original. No hizo falta demasiado tiempo para que un empleado de la Fiscalía de la Nación fuera hasta el registro de la propiedad peruano a chequear el dato: la vivienda no tenía hipoteca alguna. De inmediato, el ministerio público abrió una investigación de oficio por el delito de «enriquecimiento ilícito». Pese a cambiar de versión sin sonrojarse, el ex presidente redobló la apuesta. «Tengo la conciencia limpia, me preocupa enormemente la intención que tienen de perjudicarme», expresó Toledo. El ex mandatario está radicado fuera de Perú desde que abandonó la primera magistratura. En medio de la tormenta que se cierne sobre su figura, adelantó que volverá a Lima en pocas semanas.

 

Hipotecas sospechosas
Nuevas informaciones complicaron la situación del ex presidente. Se comprobó que Ecoteva sí pago las hipotecas del inmueble que Toledo usaba durante su estadía en Lima y sobre otra casa en un balneario al norte del país. José Peláez, fiscal de la Nación, reveló que tiene motivos suficientes para pensar que la esposa de Toledo, la antropóloga belga Eliane Karp, pudo ser cómplice del delito que se le imputa al hombre al que unió su vida luego de conocerse en la Universidad estadounidense de Stanford. Sobre Eva Fernenbug caen, además, las sospechas de lavado de dinero: se descubrió que la suegra, además de su participación accionaria en la firma offshore, tiene cuentas en Costa Rica por 17 millones de dólares. Con todo, el ex presidente insiste con su inocencia. «No permito que nadie diga que he faltado a la verdad. Si creen que me intimidarán para que mi partido no se presente en las elecciones parlamentarias de 2014 y yo no compita por la presidencia en el 2016, se equivocan», asegura Toledo.

El PP apoyó al Partido Nacionalista Peruano en el Congreso en la mayoría de las iniciativas que el oficialismo llevó al recinto. Esa comunión de intereses presuponía que el Parlamento trataría el asunto con guantes de seda. Como trámite de rutina, la Comisión de Fiscalización del Congreso citó en mayo al ex presidente. En esa oportunidad, Toledo juró que no tenía ni un dólar en Ecoteva y se comprometió a dejar la política si se comprobaba que tuvo o tiene alguna empresa en Costa Rica. Habrá una segunda convocatoria, fijada para octubre. Diputados de Ollanta intentaron demorar todo lo que pudieron una cuestión crucial para la causa: el levantamiento del secreto en las comunicaciones entre el ex presidente, su esposa, su suegra y su amigo Maimann. Las negociaciones entre las bancadas no llegaron a buen puerto y la medida fue aprobada. Rápido de reflejos, Humala aseguró que «los políticos tenemos que transparentar nuestras acciones». El jefe de Estado agregó que «nosotros no blindamos a nadie, queremos justicia porque a todos se les debe aplicar la ley». Si estas declaraciones son acatadas por oficialistas y sus socios del PP, no debería demorarse la caída de otro secreto, el que cubre el estado bancario y tributario del acusado. Las autoridades costarricenses ya hicieron lo propio en su país, y confirmaron que brindarán todos los datos que se soliciten sobre flujo de dinero y titularidad de cuentas vinculadas con Ecoteva. El caudal de pruebas contra el ex presidente y, sobre todo, la propia torpeza para defenderse de las acusaciones, parecieran sepultar el sueño electoral de Toledo.

Alberto Fujimori purga en prisión una condena a 25 años de cárcel por asesinatos y secuestro de opositores a lo largo de sus 10 años de gestión. También recibió 7 años más de castigo por apropiación de fondos públicos. Nadie se lo imagina como posible sucesor de Ollanta, aunque sigue conservando adhesión en los suyos. Fuerza 2001, la coalición de agrupaciones que lo representó hace dos años en los comicios legislativos, obtuvo la segunda minoría y se llevó 37 de los 130 escaños del Parlamento.

 

Sueños electorales
Con Fujimori fuera de carrera y Toledo casi sin combustible en el tanque, ¿pica en punta Alan García? Quien gobernara dos veces Perú también está investigado por enriquecimiento ilícito. La misma Fiscalía que acusa a Toledo le imputa a García el pago en efectivo de 530.000 dólares de un departamento en Miraflores. La suma, en principio, es incompatible con los 100.000 dólares que el ex mandatario recibió como pensión desde que dejó su puesto en julio de 2011. En conferencia de prensa, no en tribunales, llegó el descargo. Según García, obtuvo ingresos por 1.400.000 dólares por brindar charlas, asesorar a la Universidad de San Martín de Porres y por haber escrito tres libros. El proceso legal se encuentra aún en la etapa probatoria. «Patria mía, patria mía, dame un presidente como Alan García», rezaban las calles de Latinoamérica en los 80, cuando el hombre se plantaba, decidido, frente al Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos. Su estampa mítica se esfumó apenas concluyó su primer mandato. También acusado de corrupción, huyó del país en 1992 y regresó recién cuando la causa estaba prescrita.
Sin rivales a la vista, el presente de Ollanta pareciera venturoso. Pero las apariencias engañan. Tras surgir como un posible apéndice de la línea continental trazada por Hugo Chávez en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia y Lula en Brasil, su gestión no concretó los cambios sociales que pregonaba en campaña. «Se moderó», opinan los analistas. Su popularidad no supera hoy el 30% y eso se nota en los frentes que tiene abiertos. La Central General de Trabajadores del Perú (CGTP) exige la restitución de derechos laborales perdidos. La central obrera había apoyado a Ollanta como candidato, pero recibió a cambio una ley que prohíbe las negociaciones colectivas para incrementos salariales de empleados del Estado. Médicos y enfermeras llevaron a cabo una huelga de semanas, cansados de no recibir los aumentos que el Presidente prometió. Los derechos humanos no están siquiera en la agenda oficial. Si bien se le reconoce un ambicioso sistema de asignaciones contra la pobreza, se le reprocha continuar con políticas liberales de antaño. Para peor, la crisis internacional bajó el precio de los minerales, principal fuente de ingresos del país. Del crecimiento anual al 10% no quedan rastros. «El ciclo económico que nos benefició puede estar llegando a su fin», reconoció el primer mandatario. «Tenemos con qué defendernos», agregó, más como expresión de deseo que como certeza.

—Diego Pietrafesa

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