La odisea de los doce chicos atrapados en una cueva fue un breve paréntesis de unidad nacional. Dos meses después de la búsqueda que cautivó al mundo, el país es escenario de luchas de poder y malestar social. Una dictadura monárquica.
12 de septiembre de 2018
Tronos. Rama x en el acto de cremación de los restos de su padre, el rey Bhumibol Adulyadej. (Suwanrumpha/AFP/Dachary)
Fue un drama que cautivó al mundo. Los medios internacionales cubrieron con enorme despliegue el rescate de los 12 chicos y su entrenador, atrapados en una cueva a oscuras y casi sin alimentos. Durante esos 17 angustiantes días, no se habló de otra cosa. Y una vez que el operativo finalizó, llegó lo que la jerga periodística define como notas de «color»: las intimidades de esa terrorífica experiencia, las historias familiares, la invitación al Mundial de Fútbol, las posibilidades de rodar una película.
Sin embargo, poco se dijo, por esos días, sobre lo que ocurre a nivel político en Tailandia, el escenario del hollywoodense rescate de los niños. Como suele suceder con ese tipo de dramas, la tragedia de los chicos representó un breve paréntesis de unidad nacional. El gobierno y sus principales dirigentes aprovecharon el momento y posaron sonrientes para la foto con los protagonistas, a quienes condecoraron como «héroes nacionales». Pero, después del show, debieron enfrentarse a la realidad. Y la realidad en Tailandia es sinónimo de conflictos, luchas de poder y malestar social.
Más allá de la imagen que suele darse desde afuera –el país de las paradisíacas playas, el desenfreno y la prostitución a la vuelta de la esquina–, Tailandia también es el escenario de la inestabilidad política: en las últimas ocho décadas tuvo 19 constituciones y enfrentó 12 golpes de Estado. Desde hace cuatro años es gobernado por una férrea dictadura que, a pesar de sus promesas democráticas, viene demorando la realización de elecciones. El último compromiso asumido por el primer ministro Prayut Chan-ocha, jefe del Ejército tailandés y también presidente de un importante club de fútbol, es realizarlas entre febrero y mayo del año que viene, pero el panorama es incierto. De hecho, los comicios ya fueron pospuestos en otras cuatro oportunidades, a pesar de que las encuestas indican que es el tema que más preocupa a los tailandeses.
En paralelo, el gobierno de Prayut reprime todo tipo de oposición. Desde su llegada al poder en 2014, tras un golpe de Estado, prohibió la actividad política y endureció la ya draconiana legislación sobre ofensas a la monarquía, hoy encabezada por el rey Maha Vajiralongkorn. De ese modo, aumentaron las detenciones por delitos de «lesa majestad», es decir, aquellos delitos vinculados con la difamación del monarca tailandés, con penas de hasta 15 años de prisión. Organismos internacionales de derechos humanos denuncian que fueron procesados por esa causa unos 1.800 civiles, como un recurso del gobierno para acallar la voces y medios opositores a la Junta Militar.
Mano de hierro
El clima de represión generó rechazo entre algunos sectores de la población. En mayo pasado, con motivo del cuarto aniversario del golpe, cientos de manifestantes salieron a las calles en Bangkok, la capital del país, para pedir por la realización de elecciones. Si bien se encontraron con más represión
–muchos fueron encarcelados–, el reclamo hizo mella en las autoridades: poco después, Prayut propuso nuevamente la celebración de comicios.
La pelota, ahora, está en manos del monarca, que debe autorizar la iniciativa del primer ministro. Pero el rey, que gobierna bajo el nombre de Rama X y modificó la Constitución para poder vivir en Alemania, no parece muy preocupado en iniciar la transición hacia la democracia, sino por consolidar su poder. Una tarea nada sencilla, ya que no goza de la popularidad que sí tuvo su padre, el omnipresente Bhumibol Adulyadej, fallecido en 2016 después de 70 años en el trono y cuyo retrato adorna cada comercio y hogar tailandés.
Una de las maniobras de Rama X para suplir esa falencia fue tomar el control de la Oficina de Propiedades Reales, que concentra la totalidad de las inversiones y activos de la Corona tailandesa, valorados por la revista Forbes en 35.000 millones de dólares. Hasta antes del golpe de Estado, esos recursos eran gestionados, al menos en lo formal, de manera independiente.
Ante la mano de hierro ejercida por la monarquía y el gobierno militar, los analistas políticos coinciden en que la presión para la realización de elecciones debería llegar desde afuera. Sin embargo, no parecería que eso fuese a ocurrir. Tailandia es un territorio codiciado por las potencias, sobre todo por Estados Unidos, ya que se encuentra en una posición geopolítica clave, en la ruta a Asia central y Oriente Medio desde el océano Pacífico. Los dos principales socios comerciales de Tailandia son China y EE.UU., que pujan por ganar terreno e influencia en ese país asiático. De hecho, el año pasado Donald Trump no tuvo inconvenientes en recibir al dictador Prayut en la Casa Blanca para consolidar la alianza militar que existe entre ambas naciones.
En aquella oportunidad, Prayut aseguró que las elecciones serían realizadas en 2018. Sin posibilidades de que eso ocurra antes de diciembre, todas las miradas están puestas en el año que viene. Mientras, los casi 70 millones de tailandeses esperan que la Junta Militar les dé la posibilidad de elegir su gobierno.
