Mientras los principales ensayos clínicos llegan a su fin, la OMS calcula que en 2021 se necesitarán 2.000 millones de dosis. Quiénes podrán acceder a ellas es la gran pregunta, cuya respuesta parece depender más de cuestiones económicas que de criterios de salud pública. La situación Argentina.
26 de noviembre de 2020
En las últimas semanas, los anuncios sobre el éxito de vacunas experimentales contra el COVID-19 se sucedieron uno tras otro, en una carrera de países y compañías farmacéuticas por dar el primer paso hacia la erradicación de la pandemia. Primero fue la estadounidense Pfizer, que mediante un comunicado de prensa informó que su vacuna previene el COVID-19 en más del 90% de los casos y, más tarde, aclaró que los resultamos finales de los ensayos clínicos elevaron esta cifra al 95%. En tanto, el Centro Gamaleya y el Fondo de Inversiones Directas de Rusia anunciaron que la vacuna Sputnik V obtuvo un 92% de eficacia en los estudios de fase III en humanos. Unos días después, el laboratorio Moderna, también de origen estadounidense, confirmaba una eficacia del 95% para su vacuna experimental
Los ensayos clínicos de las seis principales candidatas están llegando a su fin. Sin embargo, la aprobación de alguna de ellas, o cualquiera de las otras 190 vacunas contra el COVID-19 que se están desarrollando, será el comienzo de nuevos y quizás más complejos problemas. La humanidad necesitará alrededor de 2.000 millones de dosis de vacunas el año próximo, según cálculos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para inmunizar al personal de salud y la población de riesgo. ¿Quiénes tendrán acceso a ellas? ¿Cuáles serán los criterios para la distribución? Organizaciones no gubernamentales, mandatarios de distintos países y profesionales de la salud advierten que, pese a los intentos por garantizar un acceso equitativo, es muy probable que termine primando la lógica del mercado. Y ya parece haberse desatado una carrera entre los países más ricos para repartirse vacunas «al mejor postor».
«Los países que más paguen serán los primeros en acceder a las vacunas, porque no se hizo nada práctico para declarar a esas vacunas como bien público mundial», advierte el colombiano Francisco Rossi, epidemiólogo, funcionario de la OPS y del PNUD de Naciones Unidas durante una década, fundador y exdirector de la Fundación IFARMA.
La sensación dominante es que la crisis sanitaria del COVID-19 tiene el potencial de cambiar la forma en que se venderán y distribuirán las vacunas, pero los directivos de la industria, los académicos, los Gobiernos y las ONG todavía están pujando por definir la dirección que tomarán esos cambios.
El modelo que finalmente se imponga tendrá consecuencias sobre la salud y la vida de millones de personas. En efecto, un reciente estudio de la Northeastern University de Estados Unidos sugirió que «la distribución desigual de las vacunas puede causar aún más daño a medida que los países con mayores recursos financieros almacenen de manera preventiva dosis ilimitadas de futuras vacunas COVID-19», un acaparamiento que «podría causar casi el doble de muertes por coronavirus que si las vacunas fueran distribuidas equitativamente». En el estudio, titulado «Estimación del efecto de las estrategias cooperativas versus no cooperativas de la asignación de la vacuna COVID-19», se plantean dos modelos hipotéticos. En el primero, 50 países de altos ingresos monopolizan 2.000 millones de dosis de las vacunas COVID de las primeras 3.000 millones disponibles. En el segundo, las dosis se distribuyen a escala global según la población de cada país y no su capacidad para pagar la vacuna.
Los modelos encontraron que el 61% de las muertes podrían evitarse si las vacunas se distribuyeran a todos los países en proporción a la población, mientras que solo el 33% de las muertes se evitarían si los países de altos ingresos monopolizan las vacunas y reparten el sobrante con el resto.
«Esa es una gran diferencia y de inmediato se ve que, a nivel mundial, el segundo escenario es muy superior, y ni siquiera por razones éticas», afirma Alessandro Vespignani, director del Network Science Institute de la Universidad de Northeastern y responsable del equipo académico que realizó el estudio. «La probabilidad de muerte por COVID-19 aumenta con el incremento de la pobreza y sabemos que si los países ricos compran las primeras 2.000 millones de dosis de vacunas COVID-19 en lugar de asegurarse de que se distribuyan en proporción a la población mundial, entonces casi el doble de personas podrían finalmente morir de COVID-19», asegura por su parte Seth Berkley, director ejecutivo de la Alianza Mundial de Vacunas GAVI.
Kate Elder es asesora senior de Políticas de Vacunas de la organización Médicos sin Fronteras. Durante el Foro Europeo de la Salud, que deliberó de modo virtual a comienzos de octubre, advirtió que la potencial vacuna contra el COVID-19 «solo debe ser vendida por empresas dentro de una plataforma de distribución equitativa hecha por un tercero neutral, como la Organización Mundial de la Salud».
La asignación equitativa, sostuvo la especialista, «debe realizarse en base a criterios de salud pública» y «todos los países deben estar de acuerdo en que eso podría significar que no serán los primeros en la fila para una cierta cantidad de dosis, y las corporaciones farmacéuticas ciertamente también deben cooperar con eso y no vender de manera prioritaria esas dosis futuras a ningún país, o bloque de países».
Pero la industria farmacéutica no parece estar de acuerdo. En su nombre, Thomas Cueni, director general de la Asociación Internacional de Fabricantes de Productos Farmacéuticos, descartó la posibilidad de una asignación que tome en cuenta estos criterios y ratificó que los fabricantes deben preservar la libertad de mercado. «La noción de un bien público global (para la vacuna) significa que si tú puedes conseguirlo, yo puedo conseguirlo. Pero este no es el caso cuando tienes dosis limitadas», confirmó Cueni, en respuesta a la propuesta de Elder.
Los unos y los otros
La OMS ha lanzado algunas iniciativas orientadas a una distribución equitativa de las vacunas y medicamentos para erradicar la pandemia, como el programa COVAX, el ACT Acelerattor y el Grupo de Acceso a la Tecnología COVID-19 (C-TAP).
Antonio Guterres, Secretario General de la ONU, calculó un presupuesto de alrededor de 35.000 millones de dólares para garantizar la producción y distribución global. Sin ambages y dirigiéndose a los países desarrollados durante la última Asamblea General virtual de la organización, Guterres los instó a donar ese dinero
«Cuando una pandemia avanza rápidamente, nadie estará salvo a menos que todo el mundo lo esté». Con esta presentación, la OMS anuncia su programa COVAX, que apunta a convertirse en un mecanismo global para la compra de vacunas. Se trata de una iniciativa conjunta del organismo internacional junto con la CEPI (Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias, una entidad público-privada orientada a acelerar el desarrollo de vacunas) y la Alianza Mundial de Vacunas GAVI, una organización no gubernamental creada en 2000 con la finalidad de impulsar la vacunación en los países pobres que recibe donaciones de filántropos como la Fundación Bill y Melinda Gates.
Sin embargo, se trata de iniciativas voluntarias y hasta ahora la industria farmacéutica no asumió ningún compromiso a futuro sobre mecanismos equitativos de distribución. Por el contrario, ya ha vendido por anticipado miles de millones de dosis. Es que, al margen de las buenas intenciones, «la iniciativa COVAX no garantiza la distribución equitativa de las futuras vacunas y es una farsa de la que participa la OMS y Naciones Unidas», tal como alertó Roberto López, integrante de RedLam (Red Latinoamericana de Acceso a los Medicamentos).
El colombiano Germán Velásquez, asesor en Política y Salud de la organización intergubernamental South Centre, considera que COVAX «no tiene reglamentaciones, todo es voluntario». Velázquez explica que «para acceder a las vacunas a través de COVAX hay que pagar por adelantado el 50% de la reserva», en una carrera por asegurarse millones de dosis incluso antes de que estén aprobadas por las agencias regulatorias. Se supone que COVAX surgió para evitar las disputas de mercado y el «nacionalismo de las vacunas», como define Velásquez la competencia entre los países por inmunizar lo más rápido posible a sus poblaciones.
Para Velásquez la OMS ha caído en una virtual «privatización», porque después de que el Gobierno de Donald Trump congelara sus aportes a la organización, el filantropismo de la Fundación Bill y Melinda Gates ha reemplazado los fondos que antes fluían de Estados Unidos. «Bienvenidas las donaciones hasta cierto punto, porque no corresponde a una agencia regulatoria como la OMS recibir dinero privado y actualmente el supuesto filantropismo aporta más del 50% del presupuesto anual de la organización», subrayó Velásquez.
Gonzalo Berron, coordinador regional de la Campaña Global por el Tratado Vinculante sobre Derechos Humanos y Empresas Transnacionales, coincide en que la OMS carece de financiamiento y que «los Estados prefieren negociar directamente con las multinacionales». «Esto comienza a naturalizarse como algo normal y entonces la industria farmacéutica está casi en un pie de igualdad con los Estados», asegura Berron, un argentino radicado en San Pablo, excolaborador de la Oficina Internacional de la Central Única dos Trabalhadores (CUT) de Brasil. En ese sentido, agrega que «cuando Guterres pide 35.000 millones de dólares en donaciones está pidiendo financiamiento para las empresas farmacéuticas y no para los sistemas públicos de salud».
El pedido de Guterres parece alejado de la realidad, porque la OMS hasta ahora solo pudo recaudar alrededor de 3.500 millones de dólares de un presupuesto inicial de 7.000 millones. Entonces, ante el vacío de los Gobiernos, «es cuando entra a jugar la filantropía de fundaciones como la de Bill Gates, que no cuestionan el sistema de patentes ni tampoco la carrera por asegurarse la compra anticipada de vacunas», tal como advierte Berron.
Original y audaz
La Fundación GEP (Grupo Efecto Positivo) se presenta como «una organización sin fines de lucro que trabaja por el derecho a la salud y el acceso a medicamentos en Argentina». Su directora, Lorena Di Giano, explica el papel que en este dilema juegan las patentes medicinales. Se trata, asegura, de «una barrera que impide la producción local. Si, por ejemplo, liberáramos las patentes del remdesivir, algún laboratorio nacional o público podría fabricarlo para la región». Producido por la multinacional Gilead, el remdesivir es el medicamento recomendado por la FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos) de Estados Unidos y por la Agencia Europea de Medicamentos para tratamientos contra formas graves de COVID-19. La compañía farmacéutica presentó siete nuevas solicitudes de patentes para este fármaco ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Argentina con la intención de tener un monopolio sobre su fabricación y comercialización en el país. Los derechos exclusivos que otorgan las patentes permitirían a la empresa establecer precios excesivamente altos, como ya lo han hecho con otros productos, explica la fundación GEP, que ha logrado impugnar tres de esas solicitudes de patentes. Di Giano asegura que la adopción entre Argentina y México de un acuerdo binacional para la fabricación de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, «es un buen modelo de la solidaridad regional, aunque tenemos que esperar a ver si la vacuna es efectiva».
Contra las consecuencias inequitativas del sistema de patentes surgió una iniciativa impulsada por el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado. Apoyado por 37 países, incluida la Argentina, el denominado Grupo de Acceso a la Tecnología COVID-19 se propone como un pool de licencias voluntarias de medicamentos, vacunas y tecnologías para compartir libremente. «Fue la propuesta más original y audaz, pero fue mal tratada y no se la incluyó en el temario de la Asamblea Mundial de la Salud. El presidente de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, la mencionó en un Zoom pero luego la dejó sin respaldo y la industria farmacéutica la ignoró porque invoca mecanismos voluntarios para compartir los derechos de patentes».
En el mismo sentido, India y Sudáfrica presentaron una solicitud de exención de las patentes vinculadas a medicamentos y tecnologías COVID-19 en la Organización Mundial de Comercio (OMC). La iniciativa contó con el patrocinio de alrededor de 20 países (entre ellos, la Argentina) que acompañaron la propuesta y de 379 organizaciones de la sociedad civil que en simultáneo enviaron una carta a todos los miembros de la OMS. Otra veintena de países, entre los que se anotaron China, Chile, Colombia y Ecuador, se mostraron favorables a la propuesta que, sin embargo, fue bloqueada por un grupo de países desarrollados al que se agregó Brasil.
Mientras las empresas siguen firmando acuerdos de licencia secretos y restrictivos, el fondo creado por la OMS para compartir voluntariamente los derechos de propiedad intelectual ha sido rechazado por la industria.
Por ahora, la tendencia son los acuerdos bilaterales de compras anticipadas, aunque para calmar la incertidumbre del resto del mundo cuando varias vacunas se aproximan a su aprobación, quince laboratorios multinacionales prometieron en una carta abierta que harán el esfuerzo para que todos los países tengan acceso al mismo tiempo y no deban anotarse en una lista de espera de meses o años.
«Nos esforzaremos por lograr una asignación equitativa de nuestros productos y apoyaremos mecanismos globales como COVAX, reconociendo que el enfoque más eficaz para el acceso equitativo variará según las vacunas, las terapias y los diagnósticos», aseguraron en un comunicado conjunto firmado por los principales laboratorios.
Al margen de las promesas de buenas intenciones, no hay precisiones porque la industria elude los compromisos de asegurar la equidad y la accesibilidad, como denuncian las asociaciones civiles, que instan en su carta, además, a anteponer, quizá por primera vez en la historia, «la vida de las personas a los monopolios empresariales».
