Debido a la compleja situación económica derivada de las medidas de aislamiento social obligatorio, se lanzaron diversas iniciativas gubernamentales que buscan paliar los efectos negativos en las empresas del sector solidario.
12 de mayo de 2020
Ayuda. Habrá créditos, suspensión del corte de servicios y prórroga de moratorias. (Jorge Aloy)
Un relevamiento del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos da cuenta de todo el abanico de posibilidades que tienen las entidades de la economía social para conseguir asistencia ante la compleja situación que atraviesan en la pandemia de coronavirus. Entre esas medidas, el Ministerio de Desarrollo Productivo destinará 2.250 millones de pesos para asistir a mipymes, cooperativas, empresas e instituciones de investigación y desarrollo que contribuyan a la emergencia sanitaria. Ese apoyo consiste en dos líneas de créditos directos con una tasa anual fija del 12%. La cartera productiva también ofrece aportes no reembolsables a empresas, emprendedores, grupos asociativos e instituciones que no sean sujeto de crédito directo y necesiten incrementar su capacidad productiva para el desarrollo tanto de emprendimientos innovadores como nuevos servicios o productos estratégicos que contribuyan a mitigar el coronavirus. Por otro lado, las cooperativas pueden pedir créditos bancarios para el pago de sueldos a tasa fija del 24%.
El INAES, en tanto, abrió una convocatoria para la producción de insumos médicos con impresoras 3D. Dispuso además la suspensión de los términos procesales administrativos, implementó los trámites de emergencia para la constitución de cooperativas y mutuales y autorizó las reuniones a distancia de los órganos de administración, fiscalización y comités internos en las entidades, entre otras medidas. Entretanto, las que tengan deudas impositivas, aduaneras o de la seguridad social fueron contempladas dentro de la prórroga hasta el 30 de junio para la adhesión a la moratoria de AFIP. Sin embargo, la ayuda estatal no alcanza a paliar las crecientes necesidades de los trabajadores autogestionados. Así lo expresaron entidades como FACTA y CONARCOOP, quienes señalaron que las ayudas son insuficientes.
