28 de abril de 2015
Apertura al capital privado y sumisión a los dictados de los organismos financieros internacionales son los ejes de la política del presidente colorado. Alerta por el Acuífero Guaraní.
Apoyo institucional. Cartes flanqueado por altos oficiales del Ejército, los generales Jorge Ramírez y Luis Gonzaga Garcete. (AFP/Dachary)
Paraguay es como una mujer bonita que cada mañana se pone su mejor vestido y se pone su maquillaje. Paraguay es fácil: es como esa mujer bonita». Así de simple y claro, y con una concepción machista, definió a su país el presidente Horacio Cartes durante un encuentro con empresarios suramericanos a los que, de esta manera, invitaba a invertir en el Paraguay. Semanas más tarde, convocó a empresarios brasileños a que «usen y abusen» del país.
Poco afecto a los eufemismos y a la retórica, desde el comienzo de su mandato, en agosto de 2013, Cartes dejó muy en claro que el suyo es un gobierno de empresarios, para empresarios y por empresarios, y que su objetivo es abrir el Paraguay al capital extranjero sin restricciones a la remisión de ganancias, incómodos impuestos ni regulaciones laborales y salariales que afecten la renta y el «clima de negocios».
Paraguay, así, se ofrece para todo servicio, en una evocación de lo que el neoliberalismo proponía en la Argentina de los 90. Esta definición fue ratificada en cada decisión que adoptó su gobierno desde el primer día, cuando tomó juramento a un gabinete de ministros mayormente conformado por grandes empresarios y consultores de multinacionales al que llamó «selección de Cartes». Los medios de comunicación lo aliviaron como un «gabinete de técnicos», para resaltar la ausencia de dirigentes partidarios, aunque obviaron que todos pertenecen a la elite dominante del Paraguay y que, salvo dos, todos se formaron en universidades privadas estadounidenses y europeas, donde además desarrollaron sus carreras.
La «selección Cartes» tiene una táctica simple: le entregó la economía al FMI, la política rural a los agroexportadores y las obras públicas a los empresarios de la construcción, así como la defensa a los militares y la salud al médico personal del mandatario. Ellos son nada menos que el ex director para África del Fondo Monetario Internacional, Santiago Peña (Hacienda); el agropexportador Jorge Gottini (Agricultura y Ganadería); el empresario de la construcción Ramón Giménez Gaona (Obras Públicas), y a la abogada experta en derecho ambiental y asesora de ONG multinacionales Sheila Abed (Trabajo y Justicia).
En los 20 meses que llevan al frente del Paraguay, han cumplido fielmente su cometido con un paquete de normas, ejes medulares de su gestión, que les permitieron aumentar el endeudamiento externo, hacer un fuerte ajuste fiscal, militarizar todo conflicto social, quitar al Parlamento las decisiones estratégicas y permitir el ingreso del capital privado a las áreas del Estado sin licitaciones.
Su primera medida a pocos días de asumir fue una reforma a la Ley de Defensa que permite al Presidente decretar bajo jurisdicción militar por tiempo indeterminado a cualquier zona del país sin declarar antes «estado de emergencia» ni convocar al Congreso, que apenas podrá tratar la iniciativa luego de puesta en marcha y solo para aprobar o rechazar. La segunda iniciativa fue la llamada Ley de Responsabilidad Fiscal, que prohíbe taxativamente un déficit fiscal superior al 1,5% del pbi, establece metas anuales de inflación, quita potestad al Parlamento para modificar el presupuesto e impone un único aumento salarial proporcional al incremento que reciba el salario mínimo (que dicta el Estado). Complementariamente, Cartes generalizó el IVA a todos los productos de la canasta familiar pero a la vez vetó una iniciativa popular parlamentaria que proponía el impuesto del 10% a la renta agropecuaria.
En Paraguay, el 65% de la recaudación tributaria lo explica el IVA, mientras que la renta agropecuaria representa solo el 2,6 % de los impuestos percibidos por el Estado.
Pese a la supuesta Responsabilidad Fiscal, de inmediato la Legislatura aprobó la Ley de Bonos Soberanos, que permitió la emisión de títulos públicos por 1.500 millones de dólares para 2014, cifra importante si se toma en cuenta que la deuda paraguaya es de 2.600 millones de dólares, un 9% de su PBI de 29.000 millones. El Congreso cedió al Ejecutivo, también, la potestad de elevar el endeudamiento hasta un máximo del 25% del PBI. Con ajuste fiscal, amplia capacidad de endeudamiento y el instrumento militar liberado para aplacar las protestas, el gobierno de Cartes puso a debate y logró aprobar casi por unanimidad hacia fines del año pasado una de las joyas clave de su política, la llamada «Ley de Asociación Público-Privada (APP)». La norma permite entregar a una empresa privada cualquier área, propiedad, servicio o empresa del Estado por un plazo de hasta 40 años por adjudicación directa y, lo más importante, sin intervención parlamentaria.
«La APp es un instrumento formidable para la inversión de infraestructura en el país», celebró el FMI apenas la norma fue sancionada. La calificadora Moody’s también dijo lo suyo: «Es probable la expansión de las manufacturas ligeras, como maquila, debido a las ventajas competitivas de Paraguay respecto de la Argentina y Brasil, que incluye costos laborales y energéticos mucho más bajos, y un entorno fiscal más favorable». Moody’s celebró así la APP, al elevar la calificación de Paraguay a BA1, apenas un escalón a su máxima calificación positiva.
De inmediato aparecieron los interesados. Por ejemplo, la empresa argentina PTP Group se quedó por 20 años con el Puerto Villeta, el segundo más grande del país. A los pocos meses el Gobierno negociaba con empresas privadas la construcción y administración de dos cárceles, la cesión de un tren de cercanías en Asunción, la concesión para ampliación y mantenimiento de dos rutas nacionales, el dragado y la operación de la Hidrovía del río Paraguay.
Contrabando. El país tiene fronteras muy lábiles y Cartes no es ajeno a sus ventajas. (AFP/Dachary)
El recurso del agua
Pero las alertas sonaron cuando la empresa francesa Suez y la israelí Mekorot, por separado, comenzaron a negociar para hacerse cargo del ciclo completo del agua en el país, que abarca el saneamiento, la red cloacal, la potabilización y distribución domiciliaria. Sucede que Paraguay está en el corazón mismo del Acuífero Guaraní, el más grande del planeta libre de contaminación y con capacidad de abastecer a la población mundial durante un siglo.
Con su apertura indiscriminada, Horacio Cartes ingresó a zona de riesgo con sus vecinos del Mercosur, principalmente la Argentina y Brasil, al poner el agua del Guaraní en manos de empresas extranjeras y dejar abierta, por la misma APP, la posibilidad de que ingresen capitales privados y extranjeros a los complejos hidroeléctricos Yacyretá e Itaipú, que posee con la Argentina y Brasil, respectivamente.
Mientras tanto, Cartes abre el juego a las agencias estadounidenses, como la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), que en el último año duplicó los fondos destinados a programas de «cooperación». También aumenta la presencia de soldados y oficiales del Comando Sur, convocados para entrenar y brindar asesoramiento a las Fuerzas Armadas del Paraguay en el combate contra el narcotráfico y los siempre oportunos grupos supuestamente guerrilleros, Ejército Popular Paraguayo (EPP) y Asociación Campesina Armada (ACA), que operan en el norte y oeste selvático.
Tanto avance irrefrenable tuvo, empero, un límite en marzo cuando la mayoría parlamentaria que lo acompañó desde el comienzo se rompió ante dos proyectos delicados. En uno, Diputados rechazó el proyecto «Pyraweb», que obligaba a los proveedores de Internet a entregar al Estado toda la información de navegación, comunicaciones y geolocalización de los clientes y, de ser necesario, en tiempo real. En el Senado, en tanto, no logró mayoría para aprobar la Ley de Garantía de Inversiones, que garantizaba al capital extranjero la libre disponibilidad de divisas, congelamiento de impuestos por 10 años, un paquete de exenciones impositivas y la protección legal al amparo y vigilancia del Acuerdo Multilateral de Garantías de Inversiones del Banco Mundial.
Sin haber llegado siquiera a la mitad de su mandato, que vence en agosto de 2018, y con tiempo para profundizar su política aún carente de resistencias que la pongan en peligro, el presidente Horacio Cartes parece empeñado en hacer realidad su visión de que el Paraguay debe seducir como sea al capital.
—Alejandro Pairone
