10 de mayo de 2018
El inclemente tarifazo que castiga a los trabajadores, a los jubilados, a los pequeños comerciantes e industriales, a las empresas recuperadas, no es una fatalidad indeseada con el fin de evitar el «colapso energético», como afirman los funcionarios gubernamentales, sino uno de los pilares en que se sustenta el actual esquema.
Como sucede en otros ámbitos de la economía, las petroleras, distribuidoras y transportistas de gas y electricidad son las que ejercen el poder en un ámbito fundamental para el desarrollo nacional. Fijan precios, eliminan controles, se niegan a informar sobre sus costos y embolsan miles de millones a costa de un consumidor desprotegido. No por casualidad los socios, amigos y familiares del presidente se lanzaron a comprar las empresas del sector que experimentaron una inusual valorización en el precio de sus acciones dada la certeza de que ninguna medida habría de afectar sus superganancias.
El gobierno de Cambiemos se burló de las promesas preelectorales con las que logró hacer pie en vastos sectores populares, pero en cambio cumplió a rajatabla con las que tenían como destinatarios a sus aliados del campo y la ciudad. De allí que la política tarifaria sea absolutamente coherente con el programa del macrismo: devaluación del salario y las prestaciones asistenciales, reducción del gasto público –léase desinversión en educación y salud– brutal endeudamiento externo, sometimiento a las reglas fijadas por el FMI y los grandes capitales internacionales.
No es cierto que la desmesura tarifaria apunte a la reducción del déficit fiscal, basta con analizar los números. Lo que se pretende imponer es una brutal transferencia de recursos de los consumidores a las empresas en nombre de la sacrosanta rentabilidad. Pero los ajustados no parecen dispuestos a la resignación.
