8 de octubre de 2013
Una nueva normativa intenta regular la actividad de un sector históricamente relegado y con altísimos niveles de informalidad. Complejidades de un universo laboral particular.
Foto: Bibiana Fulchieri
A los 20 años, Silvia Ramírez entró por primera vez a trabajar a una casa de familia. Era el casco de una estancia donde la emplearon para cuidar a los dos pequeños hijos de un matrimonio joven. «La necesidad me llevó a ese trabajo, yo nunca lo había hecho pero no era difícil, la mujer lo que quería era que estuviera con los hijos, porque ella viajaba a Bahía Blanca con el marido un viernes y volvía el lunes y yo me quedaba cuidando los chicos, como si fuera la madre», dice la mujer nacida en Pedro Luro, al sur de la provincia de Buenos Aires. La relación con sus empleadores, recuerda, era buena, «pero ella me hacía notar que era la patrona: quería que la llame señora y a él que lo llamara señor. A mí me recontra chocaba porque no estaba acostumbrada. Me pagaban bien, pero no estaba en blanco». Pasó el tiempo y nació un tercer hijo del matrimonio. «Ella quería que lo tuviera en brazos. Le gustaba viajar y andar con el marido y quería que me acostumbrara a estar con el bebé». La cercanía de Silvia con los niños fue cada vez mayor. «La confianza era tan grande que cuando los patrones se iban de viaje yo dormía en la habitación de ellos con los tres chicos». La partida de aquella casa no fue fácil, «ella me quería», dice Silvia, aunque la relación con sus empleadores siempre había sido distante. «Por ejemplo, yo comía con los chicos en la cocina, ella con el marido en el comedor». En 1990, Silvia viajó a Bahía Blanca sola y sin dinero. Revisó el diario con un objetivo claro: quería un trabajo nuevo donde cuidar personas grandes, ya no quería chicos. Sin embargo, llamó a un anuncio que, aún recuerda, decía: «Necesito chica cama adentro para servicio doméstico y cuidado de dos niñas». «Cuando llamé la mujer me dijo que llamara de vuelta a la tarde porque tenía varias mujeres para entrevistar. Con los años me confesó que era mentira, que yo era la única que había llamado, y nos matábamos de risa». En esa casa Silvia trabajó más de 10 años, terminó el secundario y tuvo a su único hijo, Maximiliano, que hoy tiene 21 años. La dueña de casa, Dora, es la madrina. Ya no trabaja allí pero todavía mantiene una relación estrecha con esa familia: las nenas del aviso, que hoy tienen 25 y 29 años, la llaman habitualmente por teléfono y la visitan. Con Dora se saludan para los cumpleaños y se llaman si alguna tiene un problema de salud. A fin de año Silvia va a dejar uno de sus trabajos actuales, en el que cuida ancianos por la noche. Quiere trabajar como maquilladora (hizo un curso y ya ejerce los fines de semana) y así poder ir dejando las casas particulares. «A veces escucho a mujeres que dicen “estaba la chica que me ayuda en casa”. Pero yo sé que es más que ayudar, que yo trabajo, que hago todo. El día que falto, se desesperan. Todo el mundo habla así: toda la gente con la que trabajé dicen “la chica que me ayuda”. No lo hacen por malas, no se dan cuenta».
Múltiples responsabilidades. Limpiar es sólo una de las tareas de las trabajadoras de casas particulares, que suman 1.200.000 en todo el país. (Martín Acosta)
La historia de Silvia es una de las tantísimas que conforman el complejo universo del empleo doméstico en la Argentina. Un colectivo laboral integrado por 1.200.000 personas, casi todas mujeres pertenecientes a los sectores más desfavorecidos de la estructura social. Muchas de ellas, además, son migrantes que llegan desde países limítrofes o del interior de las provincias a los grandes aglomerados urbanos en busca de mejores oportunidades. Las tareas –limpiar, cocinar, planchar, cuidar niños o personas mayores– se pactan puertas adentro, lo que hace casi imposible su fiscalización y delimitación externa. El sector registra, históricamente, un alto nivel de informalidad: según el informe «Situación laboral del servicio doméstico en Argentina» de la Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales del Ministerio de Trabajo de la Nación realizado en 2004, un 94,5% del total de las empleadas del servicio doméstico no tenía, en aquel momento, aportes ni obra social. Tras años de postergaciones, un proyecto de ley para comenzar a revertir ese escenario fue enviado al Congreso por la presidenta Cristina Fernández en el año 2010. La ley 26.844, denominada Régimen Especial de Contrato de Trabajo para Personal de Casas Particulares fue aprobada por el Congreso de la Nación, luego de numerosos cambios y al filo de perder estado parlamentario, el 13 de marzo de 2013. «¡Cómo recordamos ese día! Alquilamos un ómnibus en Córdoba con 16 compañeras del sindicato y nos fuimos al Congreso sin un peso, sólo con una canasta con mate y sándwiches. Al principio no nos dejaban acceder al recinto pero empujando pudimos estar cuando se aprobó y gritamos: ¡Rubén, es tuya!». Quien habla es Nélida Sosa, secretaria general del Sindicato del Personal de Casas de Familia de Córdoba (SinPeCaf), uno de los más activos a la hora de impulsar la normativa. Rubén Layún, abogado que asesoró a las trabajadoras en ese camino, falleció un tiempo antes de ese día que Sosa califica de inolvidable.
Deudas históricas
El Congreso saldó lo que legisladores de todos los bloques señalaron como «deudas históricas»: la ley otorgó, por ejemplo, el derecho a licencia por maternidad, crucial en un sector absolutamente feminizado. También subió el piso de las indemnizaciones, prohibió el trabajo de menores de 16 años y estableció límites para las jornadas laborales en las modalidades con y sin retiro (más conocidas como cama afuera y cama adentro). Los aportes y contribuciones, por otra parte, deberán realizarse a partir de una hora trabajada por semana y las trabajadoras mantienen el derecho de percibir las asignaciones de la seguridad social (entre ellas la AUH) aunque estén registradas. Previamente, se habían realizado otros avances, como el establecimiento, a fines de 2012, de pisos salariales para el sector. En 2006 se había abierto la posibilidad de deducir del impuesto a las ganancias el salario y los aportes de las trabajadoras, un incentivo fiscal que impulsó el interés en el blanqueo: allí subió de un 5% a un 15%.
Otro cambio es el establecimiento del Tribunal de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, que tiene jurisdicción únicamente en la ciudad de Buenos Aires y sustituyó al antiguo Consejo de Trabajo Doméstico. Según el texto de la ley, es el órgano de competencia para entender en los conflictos que se deriven de las relaciones de trabajo que acontezcan en esa ciudad. También brinda asesoramiento a empleadas y empleadores.
La ley argentina se aprobó en un contexto internacional que empuja en el mismo sentido: casi a la par hubo un cambio de legislación en Brasil. También, el 5 de setiembre de 2013, entró en vigencias el Convenio 189 de la OIT, del año 2011, que exige a los Estados normas laborales mínimas para el sector y los insta a tomar medidas para asegurar que el trabajo doméstico sea trabajo «decente».
Ramírez. «Todos dicen “la chica que me ayuda”, pero somos mucho más que eso».
Más allá de la normativa, aún pendiente de reglamentación, regular el ámbito doméstico y separar la esfera laboral de la personal presenta dificultades tanto para el Estado como para empleados y empleadores. «Una ley en un espacio afectivizado o de intimidad produce cambios, trae a la relación un nuevo lenguaje», dice Santiago Canevaro, doctor en Ciencias Sociales e investigador del Conicet. Para él, que estudió en su tesis doctoral los cruces entre diferentes sectores sociales y los aspectos legales y emocionales que impregnan los vínculos de empleadas domésticas y «patrones», legislar es un avance, pero, sin embargo, continúan surgiendo cuestiones ligadas con la naturaleza del trabajo. «El espacio de intimidad para unas es espacio de trabajo para otras. Es el punto de partida para pensar en imbricaciones más que en separaciones de dos esferas», dice Canevaro. Las también sociólogas Débora Gorban y Ania Tizziani coinciden. «Culturalmente no es considerado un trabajo cualquiera, tiende a reconocerse como una relación afectiva, es común que se homologuen como relaciones de familia, escuchar cosas del tipo “es como una tía, una abuela, una hija”», dice Tizziani. «Ambas saben que es un vínculo laboral pero influye el hecho de cómo se establece este vínculo: la cercanía permanente y el afecto hacen que, incluso cuando hay un aumento de salario, se tome ese beneficio en términos personales. Los límites entre el trabajo y el vínculo afectivo no están del todo claros, es una frontera porosa», añade Gorban.
Luego de décadas en el oficio, Marta Castro consiguió estar en blanco en una de las casas donde trabaja pero antes pasó por varios hogares de Rosario donde trabajó sin estar registrada. «Hace poco trabajaba en una casa donde, cuando se enteraron que iban a investigar a aquellas personas que tienen a las empleadas en negro, la patrona dijo que me iba a hacer pasar como familiar. ¿Viste cómo es? Hacía como 10 años que trabajaba en esa casa. Nunca reclamé que me hagan aportes. Yo soy una persona de mucho trabajo, pero no soy de pedir. Los patrones me pagaban por hora, y aunque muchas veces me pagaban menos de lo que correspondía, yo me quedaba igual porque no tenía otra cosa».
Aguilar. «El cuidado es al mismo tiempo un derecho y una necesidad social».
En la provincia de Santa Fe, la evolución del blanqueo laboral del sector se fue incrementando a la par de la tendencia nacional. En 1992, 30 empleadas eran registradas allí por año. En 2000 fueron 1.001, como consecuencia de lo que había sido, en 1999, el primer avance legal con las leyes 25.239 y 26.063, que incluyeron por primera vez al empleo doméstico en el régimen de la seguridad social. Esto vino a enmendar parte de los huecos dejados por el Estatuto especial de Trabajo Doméstico, el único marco normativo que tuvo la actividad desde 1956 hasta 2013. Pero fue a partir de la campaña Trabajo Decente para las Trabajadoras Domésticas, lanzada en marzo de 2010, que Santa Fe alcanzó la cifra de 2.162 empleos registrados sólo en el primer semestre de ese año.
Matices y diferencias
No contar con instancias de negociación colectiva de los salarios es un factor de peso y quizá allí esté la principal causa de que, según datos del INDEC difundidos en 2012, el trabajo doméstico en negro en la Argentina supere todavía el 80%. Asimismo, cada región del país tiene matices diferentes. Lourdes, joven jujeña de 35 años que trabaja en la capital provincial, cuenta que presta servicios por horas en dos casas y que más allá del aliento a formalizar la situación de las trabajadoras, no pudo conseguir que sus empleadores la registren. «Tengo dos hijas y me preocupa no tener una obra social para ellas. Con esto de la nueva ley sólo conseguí que me aumentaran el sueldo. En una de las casas trabajo hace 8 años y cuando me enfermo, me descuentan. En la otra casa este año me pagaron aguinaldo, eso me emocionó porque pensé que no me reconocería mi patrona mi derecho». Esta provincia es, según la periodista local Mariana Mamaní, «muy compleja socialmente». «En Jujuy el trabajo de casas particulares se conoce con el nombre de “sirvienta” o “chica”. Siempre ha sido una actividad muy vulnerada, aun cuando estas mujeres tienen grandes responsabilidades. La tarea es muy discriminada tanto en el trato como en lo económico. Además, es una provincia fronteriza que recibe la constante migración de mujeres jóvenes, en su mayoría del interior de la provincia o de Bolivia, quienes muchas veces llegan a la capital a trabajar por techo y comida». Las chicas oriundas del norte son muy buscadas para estas labores, dice la periodista, «porque son sumisas, honestas y trabajadoras. Es como una característica que se mantiene culturalmente».
Galíndez. «Registrar es sencillo, se entiende que no es una empresa».
Si bien en esa provincia no se ha conformado una organización sindical, el director provincial de Trabajo de Jujuy, Gastón Galíndez, admite que las consultas llegan «todo el tiempo». «Nos consultan tanto empleadores que quieren registrar a sus trabajadoras como trabajadoras que quieren conocer la escala salarial y cuánto les deberían pagar. La inquietud más frecuente es esa. Si no está registrada, le entregamos los requisitos que debe cumplir». Según el funcionario, el trámite «es muy sencillo, se entiende que hay una obligación legal de registrar y dar beneficios a la trabajadora pero se contempla que no se trata de una empresa. Por eso es un régimen más simplificado que el de la ley de Contrato de Trabajo».
Las mejoras en las condiciones de trabajo, generalmente, queda sujeta a la buena voluntad del empleador, en una relación donde las desigualdades sociales tienen una influencia significativa. «No son cuestiones de bondad o maldad, tenemos una estructura social que hace que esto sea posible. En países donde hay una menor desigualdad de ingresos se inhabilita la existencia de este tipo de relaciones laborales, a la vez que hay una red muchísimo más amplia de instituciones que brindan posibilidades de cuidado de niños, de personas mayores y que dejan tiempo para una mayor dedicación a la limpieza del hogar», dice Tizziani.
Tizziani y Gorban. «Hay límites difusos en este tipo de trabajo».
La escasez de jardines maternales públicos y la ausencia de instituciones intermedias como cooperativas de trabajo que provean este tipo de servicios en los hogares (algo que sí ocurre en países como Estados Unidos o España) hace que las opciones se reduzcan. Las familias, y sobre todo, las mujeres, se ven compelidas a contratar a alguien más para delegar esas labores que, por cuestiones culturales, suelen recaer sobre todo en ellas; y así poder participar del mercado laboral. Sobre esta cuestión, la socióloga Francisca Pereyra, autora del artículo «La regulación laboral de las trabajadoras domésticas en Argentina» –incluido en el libro Las lógicas del cuidado infantil (IDES, UNICEF y UNFPA)– afirma: «La precaria inserción laboral de las mujeres en la provisión de cuidados implica un círculo vicioso en términos de equidad». La paradoja es que son estas trabajadoras quienes sostienen «el cuidado de una importante porción de los hogares de mayores ingresos, contribuyendo a su bienestar y a la liberación de su fuerza de trabajo para participar sin restricciones en el mercado laboral», pero que, cuando tratan de cubrir sus propias necesidades de cuidado, «estas mujeres –que, en función de sus magros salarios, dependen de la provisión pública de este tipo de servicios– tienen serias dificultades».
En el mismo sentido, Paula Aguilar, socióloga e investigadora del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, expresa: «La discusión no agota la regulación. También debe abarcar la extendida resolución privada (familiar o mercantil) de las necesidades de cuidado por parte de la población». La ausencia estatal y la invisibilización de esta tareas como parte de los deberes familiares, «obtura el debate sobre el cuidado como un derecho y una necesidad social, y por tanto como una obligación del conjunto de la sociedad para con sus miembros». «Es por ello –concluye– que la responsabilización social implica no sólo el reconocimiento de aquellos que lo desempeñan en tanto trabajadores y el mejoramiento de sus condiciones sino también la consideración del cuidado, su garantía y provisión, como un elemento central en la formulación de políticas públicas».
—Cora Giordana
Informes: Lautaro Cossia (Santa Fe); Emilia Erbetta (Buenos Aires); Bibiana Fulchieri (Córdoba)
