29 de marzo de 2017
Casas normandas. La resistencia de los platenses no logró frenar la demolición de dos históricas viviendas ubicadas en 16 y 62. (Gentileza Nova CÉspedes/Defendamos La Plata)
Las organizaciones no gubernamentales dedicadas específicamente a la cuestión se multiplican en las grandes ciudades argentinas. Basta de demoler, Proteger Barracas y SOS Caballito, en Buenos Aires; Basta de demoliciones, en Rosario; Foro en defensa del patrimonio cultural, en Córdoba; Defendamos La Plata y Asociación Civil Fuenteovejuna, en Lomas de Zamora, entre otras, aunque desconectadas entre sí, asumen una causa común: la defensa del patrimonio arquitectónico y la denuncia de prácticas inescrupulosas de desarrolladores inmobiliarios, con la tolerancia o la complicidad de funcionarios públicos.
Basta de demoler surgió en 2007 con el propósito de manifestarse públicamente en contra de las demoliciones de edificios de valor histórico. De la denuncia pasó luego a promover acciones judiciales y estrategias de difusión que lograron resultados importantes, como el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Buenos Aires que en octubre pasado prohibió la construcción de una torre de 18 pisos proyectada en el terreno vecino al monasterio de Santa Catalina de Siena, en el barrio porteño de Retiro, un monumento histórico nacional.
«El principal riesgo es la falta de un inventario constituyente y definitivo de los bienes patrimoniales», dicen Ana Bas y el arquitecto Carlos Blanco, integrantes de Basta de demoler. La ONG logró que la Justicia porteña dictaminara en favor del cumplimiento de la ley de evaluación de edificios anteriores al año 1941, que inhibe las demoliciones de inmuebles sin un informe previo sobre su valor histórico. No obstante, considera que el problema pasa generalmente desapercibido en la consideración pública y que esa invisibilidad no es casual: «No hay acceso ni a la documentación ni a las estadísticas. La información existente y accesible en Internet es producto de las demandas ciudadanas ante la Justicia».
En noviembre, la Justicia frenó la construcción de dos torres de 28 y 13 pisos dentro del predio de la centenaria Villa Roccatagliata, en el barrio porteño de Coghlan. Basta de demoler y la Asociación Amigos del Lago de Palermo se opusieron a la vez al proyecto de reforma en el ingreso al Jardín Botánico, que no tiene en cuenta el diseño original de Carlos Thays. Pero el problema no se limita a las demoliciones: también comprende a los proyectos que se montan sobre casas históricas, como el edificio vidriado de 15 pisos en construcción sobre un petit hotel de dos plantas en Callao al 1800, Recoleta.
Los criterios de evaluación de la Dirección General de Interpretación Urbanística porteña «son volátiles y arbitrarios», dicen en Basta de demoler. Los argumentos contra la preservación del patrimonio invocan «el mito del progreso y la aspiración de que la gestión pública y privada quede referenciada a la instalación de un hecho fundacional, como puede ser el Metrobús o la idea de la torre de Trump».
Bas y Blanco puntualizan una cuestión de fondo: «El negocio inmobiliario se compone de una masa de instrumentos financieros cuyo insumo principal es la tierra, el suelo urbano y la capacidad constructiva que le da el Código de Planeamiento y que aumenta por la ubicación y los metros construidos. Un edificio patrimonial es la presa que se le escapa a esta ingeniería de la plusvalía, por eso el ensañamiento con que se actúa contra estos bienes».
En noviembre de 2014 el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires demandó a Basta de demoler por daños y perjuicios, en una cifra millonaria, luego de que la ONG lograra a través de la Justicia suspender las obras de una estación de subte en Recoleta. La causa continúa en trámite «al efecto de seguir disciplinando a organizaciones sociales y a los vecinos que defendemos la participación ciudadana como un instrumento democrático para la ampliación de derechos», dicen en la ONG. El abogado Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del derecho a la ciudad, señala que la demanda «tuvo el efecto deseado: generar miedo y reducir las acciones judiciales».
Un cuadro reiterado
En Rosario, el Concejo Municipal autorizó a fines de diciembre, con votos del PRO y del Frente Progresista y en apenas diez días, la demolición de un petit hotel céntrico considerado de valor patrimonial, a solicitud de la Bolsa de Comercio. Todavía más veloz fue la consideración del proyecto de Nuevo Código Urbanístico para la Ciudad de Buenos Aires, que no le insumió más de un día de tratamiento al Consejo de Plan Urbano Ambiental de la Ciudad (Copua), para su aprobación el 30 de noviembre. Ante un amparo presentado por el Observatorio del derecho a la ciudad, la Justicia ordenó que se abriera una instancia de participación con vecinos y organizaciones sociales que todavía no se instrumentó.
«El nuevo Código Urbanístico, tal como está, es un proyecto pensado con y para los desarrolladores inmobiliarios –advierte Baldiviezo. Dividen a la ciudad en una parte de acción consolidada y otra no consolidada. Consideramos que es una forma de legalizar las ilegalidades que se cometieron en años anteriores, cuando se establecieron muchas excepciones que el Código de Planeamiento no autorizaba para construir en altura y hubo muchas causas judiciales que frenaron esas obras. La excusa es dar seguridad jurídica al mercado y otorgar un estímulo inmobiliario al aumentar las áreas para que se puedan construir torres, en el sur de la ciudad. Pero no tiene ninguna herramienta para solucionar problemas como la crisis habitacional, la falta de espacios verdes o el riesgo de inundaciones».
Baldiviezo denuncia «el intento de acotar la participación ciudadana, funcional a los intereses del mercado inmobiliario» y destaca el secreto que rodea al texto del nuevo código. «Las herramientas de protección al patrimonio se violan constantemente en la Ciudad de Buenos Aires. La nueva normativa pretende incorporar una cláusula de desprotección tácita –añade–, por la cual la falta o cierta demora en responder sobre el valor de un edificio se tomarían como un consentimiento para las demoliciones».
La situación se repite en otras grandes ciudades del país. En su página web, la asamblea de vecinos Defendamos La Plata sostiene que el Código de Ordenamiento Urbano sancionado por el Concejo Deliberante de la capital bonaerense en 2010 significó «la entrega literal de la ciudad a los especuladores inmobiliarios» y cuestiona al intendente actual, Julio Garro, por incumplir el acta de compromiso firmada «para promover la sustentabilidad ambiental de la ciudad y priorizar el patrimonio arquitectónico, urbanístico e histórico». En Córdoba, el Foro en defensa del patrimonio cultural denunció en febrero que las demoliciones encubiertas «se han naturalizado como práctica ilegal y en violación de ordenanzas municipales» y alertó sobre «la voracidad inmobiliaria» y «la pasividad de las autoridades estatales».
Algunas ONG apuntan a acciones coordinadas. «Ante el proyecto de Código Urbanístico nos juntamos la mayoría de organizaciones que trabajamos con temas urbanos, desde las villas hasta el patrimonio cultural –dice Baldiviezo–. El año pasado nos unió la campaña Buenos Aires no se vende, para impedir que el gobierno aprobara una agencia de bienes que iba a tener la facultad de vender tierras de la ciudad sin pasar por la Legislatura. Es la piedra libre que tiene el presidente Macri a nivel nacional, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado».
Baldiviezo observa por otra parte la uniformidad del espacio urbano, a través de las intervenciones en veredas, calles y plazas, que pierden de vista la diversidad de los barrios. «La pérdida del patrimonio simbólico y arquitectónico –agrega el arquitecto Carlos Blanco– desarticula la identidad barrial, urbana y ambiental, un componente básico de la memoria ciudadana».
