Persecución de Estado

La sanción de una ley que excluye de derechos a los musulmanes provocó el peor brote de violencia de los últimos años. En medio de dificultades económicas, el Gobierno adoptó un discurso nacionalista que reaviva el odio religioso. Respaldo de Trump.


Nueva Delhi. Autos y viviendas destruidos luego de uno de los sangrientos enfrentamientos entre defensores y críticos de la ley de ciudadanía. (Singh / AFP / Dachary)

Un fantasma recorre el mundo y no es precisamente el del comunismo, sino el de la islamofobia. Perseguidos y utilizados como chivo expiatorio tanto en Europa como en Estados Unidos, los musulmanes ahora también sufren la exclusión y la marginación en la India, donde el Gobierno impulsa un plan para convertirlos en verdaderos ciudadanos de segunda. La ofensiva del primer ministro Narendra Modi, que cuenta con la silenciosa complicidad de la Casa Blanca, reavivó al extremismo hindú y derivó en el mayor brote de violencia de los últimos tiempos, con linchamientos en las calles y decenas de muertos.
La crisis comenzó a fines de 2019, cuando el Parlamento aprobó la llamada Ley de Ciudadanía, una enmienda a la Constitución que facilita el otorgamiento de la nacionalidad india a aquellos indocumentados paquistaníes, afganos y bangladesíes que se refugiaron en el país por la persecución existente en sus tierras de origen. La norma contempla a hindúes, cristianos, sijes, budistas y otros credos religiosos, pero excluye deliberadamente a los musulmanes, que sin papeles ni acceso al estatus de ciudadanía quedan fuera del derecho a votar y del empleo formal, entre otras cosas. Por eso la ley provocó una catarata de críticas puertas adentro, pero también a nivel internacional.
A mediados de febrero, e indignada por la iniciativa del Gobierno, la comunidad musulmana salió a protestar a las calles de Nueva Delhi, la capital, donde realizó multitudinarias manifestaciones. Pero también hubo contramarchas en apoyo a la ley, protagonizadas por militantes del Partido Popular Indio, al que pertenece el primer ministro Modi, e integrantes de la Asociación Patriótica Nacional, una fuerza paramilitar de ultraderecha. En varias de esas convocatorias, y al grito de «India para los hindúes», los miembros de esta última organización golpearon y lincharon a musulmanes movilizados, reeditando los peores momentos del histórico conflicto que enfrenta a ambos grupos religiosos. Fue, según el crudo relato de los habitantes de la ciudad, un verdadero pogromo que contó también con la participación de la policía. Al cierre de esta edición había más de 40 muertos, cientos de heridos y miles de detenidos.
Poco después de que se desatara la violencia, Modi se limitó a publicar un tuit en el que llamó a la «paz y la armonía». Pero nada dijo sobre la ley que discrimina a los musulmanes, ni esbozó la posibilidad de dar marcha atrás con la norma. Otros funcionarios del Gobierno sí se refirieron al tema, pero para justificar la implementación de la medida. Básicamente, sostuvieron que la comunidad musulmana fue excluida de la ley porque, a diferencia de hindúes, cristianos y otros credos, sus miembros no sufren persecución en los países cercanos a la India, por lo general de mayoría musulmana. El argumento, sin embargo, se vuelve endeble si se observan las matanzas perpetradas por grupos ultranacionalistas contra las minorías musulmanas de Myanmar y Sri Lanka.

Negocios son los negocios
Buena parte de la ofensiva del Gobierno indio contra la comunidad musulmana se explica por las dificultades que transita el país. En su campaña para ganar las elecciones de 2019, Modi eludió los espinosos temas económicos y sociales –sobre todo, el creciente desempleo–, y adoptó un discurso fuertemente nacionalista y antimusulmán que no había utilizado en su anterior mandato como primer ministro. Con la xenofobia como arma electoral, logró una aplastante victoria que le dio mayoría absoluta en el Parlamento y que le permitió impulsar diferentes medidas contra la minoría musulmana, que representa al 14% de la población frente al 80% de la mayoría hindú.
Una de esas medidas es la implementación del llamado Registro Nacional de Ciudadanía, que obligará a todas las personas a acreditar, a través de documentos oficiales, su residencia en el país por varias generaciones. El problema es que millones de indios musulmanes carecen de esos documentos, por lo que pasarían a ser considerados extranjeros. Representantes del Gobierno dijeron que, así, podrían eliminar «infiltrados». Modi también decidió retirar el estatuto de autonomía a la zona de Cachemira, que controla la India. Casualmente, se trata de la única región donde los musulmanes son mayoría. Según el primer ministro, el objetivo es combatir a los grupos terroristas que actúan allí. Pero todo indica que se trata de una maniobra para diluir la influencia musulmana en una zona cuyo control está en disputa con un histórico rival, Pakistán, que tiene como religión oficial al Islam.
Las medidas tomadas por Modi contaron con el aval de la Casa Blanca. Así lo dejó en claro el presidente estadounidense Donald Trump cuando realizó su primera visita oficial a la India, en febrero pasado. El magnate fue recibido por Modi con un acto multitudinario en el estadio de criquet más grande del mundo, hasta donde llegaron 100.000 personas.
Luego del evento, Trump brindó una conferencia de prensa en la que intercambió halagos con su «amigo» Modi, anunció la venta de equipamiento militar estadounidenses a la India por 3.000 millones de dólares y prometió la firma de un «increíble acuerdo comercial». A cambio, guardó silencio sobre las masacres contra los musulmanes que estaban ocurriendo a pocos kilómetros, en el mismo día de su llegada al país. Está claro: para el magnate, los negocios son los negocios.