El gobierno ordenó un aumento récord en el gasto de Defensa, con el argumento de contrarrestar la actividad militar de China y Corea del Norte. El plan de Shinzo Abe que desafía a la Constitución pacifista y busca recuperar el poderío bélico internacional.
14 de septiembre de 2016
Refuerzos. El primer ministro Shinzo Abe observa la flota de autodefensa en la bahía de Sagami. (Jiji Press/AFP/Dachary)
Tras la derrota en la Segunda Guerra Mundial, Japón se vio obligado a adoptar la llamada Constitución de la Paz, con la que se comprometió a «renunciar para siempre a la guerra». Desde entonces, la Carta Magna, diseñada especialmente por un equipo de victoriosos juristas estadounidenses, nunca fue reformada ni modificada, pero se convirtió en una herida abierta que todavía duele a muchos japoneses. Uno de ellos es el primer ministro Shinzo Abe, quien a principios de este mes tomó una polémica decisión: aumentar el presupuesto militar de su país por quinto año consecutivo, alcanzado una cifra récord para la historia nipona y recrudeciendo el clima de tensión que se vive entre las potencias asiáticas.
Según lo informado por el gobierno de Abe, el presupuesto para el año que viene rondará los 51.000 millones de dólares y servirá, entre otras cosas, para comprar aviones, misiles y drones, principalmente a empresas estadounidenses. La cifra sitúa a Japón en el «top ten» de los países con mayores gastos militares, lejos de EE.UU. –potencia indiscutida en el rubro–, pero al mismo nivel que otras naciones con pasado y presente belicoso, como Arabia Saudita, Francia y el Reino Unido.
Otro paradigma
El aumento en relación con este año será del 2,3%. Se trata de un cambio de paradigma total respecto de lo que ocurrió en la década de los 90, cuando las políticas de seguridad aplicadas por el gobierno japonés tendieron a reducir progresivamente los gastos en el área de Defensa. Ahora, el argumento dado por las autoridades niponas es simple: en primer lugar, contrarrestar la creciente actividad militar de China, con quien Japón disputa desde hace varios años una serie de islas ricas en pesca y recursos petrolíferos y gasíferos; en segundo término, menguar las recurrentes amenazas belicosas de Corea del Norte, un foco de conflicto constante en la región, potenciado por las pruebas nucleares y el lanzamiento de misiles balísticos hacia el mar japonés, hasta ahora sin daños ni víctimas.
Sin embargo, detrás de las justificaciones en nombre de la seguridad ciudadana y la protección de la soberanía, aparece algo mucho más complejo: la imposibilidad de Japón para retomar el protagonismo militar que tuvo hasta antes de la Segunda Guerra por las restricciones impuestas en 1945, durante el período de ocupación estadounidense y tras los bombardeos a Hiroshima y Nagasaki. Por ejemplo, la limitación de que el gasto militar represente, como máximo, el 1% del presupuesto nacional, una norma que Abe aún no se atrevió a violar pero que pretender forzar al máximo con los reiterados aumentos en Defensa.
Por ese motivo, el primer ministro nipón, que gobierna desde 2012 y pertenece al derechista Partido Democrático Liberal (LDP), emprendió una campaña para reformar la Constitución de su país. No sólo considera injustas las restricciones de la posguerra, sino que también se negó a pedir disculpas por las atrocidades cometidas por el Ejército japonés en el marco del 70º aniversario de la Segunda Guerra, celebrado el año pasado. La más recordada de ellas es la Masacre de Nanjing, en 1937, cuando criminales nipones ocuparon esa ciudad china durante seis semanas y llevaron a cabo una ola de secuestros, violaciones y asesinatos contra civiles. El Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente, que juzgó esos crímenes, contabilizó un total de 20.000 víctimas, entre las cuales había niñas, ancianas y mujeres embarazadas.
En campaña
Si bien aún no logró la reforma de la Constitución, Abe cuenta con el control de los dos tercios del Parlamento y de los medios de comunicación para impulsarla. Hasta ahora, y gracias a eso, pudo flexibilizar las normas para la exportación de armamento, debilitar el control civil sobre las Fuerzas Armadas y aprobar una nueva ley de seguridad que habilita la participación de tropas japonesas en misiones de combate en el extranjero. La norma permite ejercer el llamado derecho de autodefensa colectiva si existiera, según reza el texto, “un claro peligro de que se vean anulados los derechos del pueblo a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”.
La nueva ley va en contra de lo dictado por el artículo 9 de la Constitución, que impide expresamente el uso de la fuerza para la resolución de conflictos internacionales. Por eso, tal vez, gran parte de los japoneses se opusieron a la iniciativa en multitudinarias marchas.
Algunos analistas advierten que, al igual que la compra masiva de armamento, ese tipo de medidas traicionan el espíritu pacifista del pueblo nipón. Otros sostienen que es la única manera de hacerle frente a la fenomenal potencia china. Lo cierto es que hoy, como hace 71 años, están en juego la estabilidad regional y la seguridad de millones de personas.
