Impulsada por el Gobierno nacional y objeto de presiones internacionales, la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes pondría en peligro el marco legal vigente desde 2012, en beneficio de los grandes laboratorios extranjeros. Salud, negocios y derechos.
25 de septiembre de 2019
Argentina posee desde 2012 un sistema de patentamiento para los medicamentos que constituye una barrera ante las estrategias utilizadas por los laboratorios multinacionales para extender indefinidamente el monopolio sobre ciertos fármacos mediante la introducción de variantes sin novedad terapéutica: las denominadas «patentes siempre verdes» (evergreening). Sin embargo, ese sistema está en peligro a causa de las imposiciones de los tratados de libre comercio firmados recientemente con la Unión Europea (UE) y la EFTA (European Free Trade Association) y por la posibilidad de que en el Congreso sea aprobado el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés), actualmente en tratamiento en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Sin embargo, la iniciativa, impulsada por el Gobierno de Mauricio Macri, perdió protagonismo en la agenda del oficialismo tras el triunfo de la oposición en las PASO y el consiguiente cambio de escenario político. Entre otras consecuencias, la medida traería aparejado el encarecimiento brutal de los servicios de salud de Argentina, la imposición de barreras legales para los medicamentos genéricos, la pérdida de fuentes de trabajo, el cierre de plantas de producción local y la entrega del mercado farmacéutico argentino a los mismos intereses voraces que hasta el propio presidente Donald Trump denuncia e intenta limitar en los Estados Unidos.
La delgada línea roja
Los tratados de libre comercio firmados recientemente con la UE y la EFTA, liderada por Suiza, no traspasaron, supuestamente, la «línea roja» que habían trazado los laboratorios nacionales agrupados en ALIFAR (Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas). Sin embargo, la secretaria de Comercio Exterior del Ministerio de Producción y Trabajo, Marisa Bircher, admitió en una reciente reunión con las cámaras industriales farmacéuticas que «todavía existen áreas que se deben discutir y la letra chica del convenio no ha sido redactada». A continuación, pidió el apoyo de la industria para el momento en que el acuerdo sea debatido en el Congreso.
Al mismo tiempo, la funcionaria insistió en que es irreversible la aprobación parlamentaria del PCT, una especie de «patente mundial» reclamada por las multinacionales que elimina exigencias de las legislaciones nacionales en favor de los intereses de los grandes laboratorios. Bircher mencionó a sus interlocutores que el tratado «estaba acordado de antemano por todos los países y es imposible enlentecer su entrada en vigencia».
El argentino Carlos Correa y el uruguayo José Antonio Villamil advirtieron que las naciones que firmaron tratados de libre comercio con Estados Unidos y la UE fueron obligadas, indefectiblemente, a adherir al PCT. Por eso países de la región como México, Chile, Perú y Colombia rubricaron esa «patente mundial». Correa, uno de los principales expertos mundiales en propiedad intelectual, aseguró que la urgencia y la supuesta inevitabilidad que argumenta la Cancillería para acelerar la aprobación parlamentaria del PCT no se condice con la realidad. «No hay ningún compromiso internacional previo que obligue a Argentina a adherir al PCT. No es imperativo ni la ausencia de ratificación coloca a la Argentina fuera del mundo», aseguró Correa a Acción y citó las consecuencias negativas que la adhesión tuvo para Perú y Chile, los dos únicos países de la región que encararon estudios económicos y académicos casuísticos sobre sus efectos internos. La conclusión fue que provocaron un monopolio de mercado y un encarecimiento de los precios. Del mismo modo, no hubo evidencias de crecimiento de las solicitudes de patentes de empresas nacionales, principal anzuelo para promover la adhesión.
Correa recurre a un informe del Institute for Prospective Technological Studies de la Comisión Europea que expone nulos o débiles lazos entre la adopción de la patente PCT y la inversión extranjera en investigación y desarrollo. El informe asegura que «el PCT tenía por objeto fomentar la transferencia de tecnología, en particular a los países en desarrollo. Sin embargo, el débil efecto de la membresía PCT de un país (para atraer inversiones extranjeras) plantea algunas dudas sobre su efectividad» en esta materia.
«Está claro que los costos de la adhesión al PCT serán mayores que los beneficios», afirma el especialista, recordando que el tratado existente desde 1978 por iniciativa de Estados Unidos elimina la obligación de la fabricación local del invento patentado, es decir que la transferencia tecnológica es nula. Además, «los funcionarios de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) son los principales lobistas del PCT porque, como administradores del tratado, representa el 70% de sus ingresos anuales por más de 300 millones de francos suizos», agrega. Para el especialista, «el escenario de presiones sobre Argentina continuará» durante las negociaciones de los tratados de libre comercio en curso con la UE, EFTA y Canadá.
En tanto Villamil, quien fue director de la División Patentes de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria de Uruguay entre 1998 y 2015, coincide en que para los países en desarrollo el PCT no aportó «beneficios significativos». En cambio, los usuarios favorecidos por el tratado «son los países desarrollados». Villamil detalla, según las estadísticas de la OMPI, que en los países en desarrollo, «un porcentaje ampliamente mayoritario (80%, en promedio) de las solicitudes de patentes PCT presentadas a nivel nacional corresponden a no residentes (empresas extranjeras)».
«Nuestros países registran un porcentaje muy importante de solicitudes de patentes del área farmacéutica cuyos titulares son los grandes laboratorios internacionales», subraya. Por eso, «las facilidades para la presentación de patentes en otros países que brinda el PCT se traducirán en ventajas de esas corporaciones para patentar productos medicinales» en Uruguay –que tampoco adhirió– y Argentina.
González García. «Hay lugar para una posición más firme en materia de patentes.»
Correa y Villamil fueron panelistas de un reciente seminario internacional sobre el Tratado de Patentes PCT organizado por la Unión Industrial Argentina (UIA) y la cámara de laboratorios nacionales CILFA (Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos), al que estaba invitada Cornelia Schmidt Liermann, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. La legisladora del PRO desistió del debate y envió una carta a los organizadores en la que reiteraba su «apoyo ferviente a la adhesión al PCT» porque, argumentó, la baja calidad de las patentes radicadas en el país obedece al desaliento y la falta de protección en una sociedad donde «existe la cultura del paper y no la cultura de las patentes». Una semana después, Schmidt Liermann organizó su propio encuentro en el Congreso Nacional al que asistieron las autoridades del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) y el productor sojero Gustavo Grobocopatel, el único empresario que se sumó a la convocatoria.
Otro de los argumentos que utiliza la Cancillería para convencer a los diputados de la necesidad de aprobar el PCT es que cuenta con una remota media sanción del Senado desde septiembre de 1998, cuando la presión del Gobierno de Carlos Menem y la embajada de Estados Unidos era intensa. Sin embargo, el proyecto jamás fue debatido en Diputados, donde rebotó contra la resistencia transversal –peronismo, Frepaso y radicales– al lobby del entonces embajador estadounidense James Cheek y las multinacionales farmacéuticas.
Baja calidad
Mariela Bacigalupo, asesora de la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP) y coordinadora general de la Red Latinoamericana por el Acceso a los Medicamentos –una de las ONG dedicadas a la temática más activas de la región– reivindicó las Guías de Patentabilidad vigentes en Argentina desde 2012 porque «impiden las patentes abusivas o de baja calidad», durante un debate sobre la agenda sanitaria del próximo Gobierno organizado por el instituto de estudios IDEP Salud de ATE Nacional. La especialista también alertó que las guías «pueden desaparecer si se aprueba en el Congreso Nacional el tratado PCT o por los acuerdos de libre comercio con la UE y la EFTA».
Bacigalupo recordó que en virtud de la batalla judicial que la Fundación GEP interpuso contra la multinacional Gilead por el medicamento Atripla, «el Ministerio de Salud (hoy Secretaría) ahorró 118 millones de dólares entre 2015 y 2017». «Atripla es la combinación de tres retrovirales ya patentados y cuando salió al mercado, Gilead vendía a 3.500 dólares el tratamiento por paciente, pero conseguimos que no le otorgaran la patente y ahora se vende a 152 dólares», comparó. «Las multinacionales utilizan las patentes como política comercial» y «los medicamentos de alto costo son en realidad medicamentos de alto precio», enfatizó Bacigalupo.
Las cámaras de los laboratorios nacionales CILFA y COOPERALA (Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos) coincidieron en que «se corre peligro, con la adhesión al tratado PCT, de que se dejen de aplicar efectivamente las Pautas para el Examen de Patentabilidad en las solicitudes de patentes sobre invenciones químico-farmacéuticas aprobadas por el Poder Ejecutivo Nacional en 2012». Se trata de un manual de procedimiento dirigido a los examinadores de la Administración Nacional de Patentes que incluye instrucciones técnicas para aplicar los requisitos de patentabilidad a circunstancias particulares. Establecen qué es materia patentable y qué no, explicitando, por ejemplo, la no patentabilidad de combinaciones de componentes ya conocidos en forma individual, los cambios en dosificaciones o los elementos ya revelados por el estado de la técnica, aun cuando presente propiedades superiores o no demostradas anteriormente. De este modo, las Guías logran evitar que las farmacéuticas extiendan indefinidamente sus monopolios mediante la práctica conocida como evergreening, que consiste en introducir cambios menores en la formulación de los medicamentos para volver a patentarlos como novedades y reclamar así los derechos de explotación exclusiva.
La Comisión de Salud del Instituto Patria, que tiene como referente al exministro de Salud, Daniel Gollán, manifestó que «el modelo argentino en materia de patentes farmacéuticas es un ejemplo muy valorado a nivel mundial. Parte de este éxito está relacionado con las políticas de soberanía adquiridas por no firmar el PCT». Del mismo modo, advirtió que «la firma del tratado generaría un contexto propicio para las empresas extranjeras, en detrimento de los productores nacionales, quienes ante el aumento de patentes extranjeras se verían impedidos de abastecer el mercado interno». Por su parte, Ginés González García, exministro de Salud (2002-2007) y coordinador de los equipos de Salud del Frente de Todos, señaló a Acción que «tenemos que respetar los acuerdos internacionales, pero hay lugar para una posición más firme en materia de patentes». Además, se pronunció a favor de las licencias obligatorias «cuando hay abusos de mercado y cuando es necesario trabajar por medicamentos más accesibles para la población». González García mencionó en especial los precios exorbitantes de los medicamentos oncológicos y de otras patologías de alto costo y recordó que durante su gestión se introdujo «la ley de prescripción por genéricos para ampliar la competencia y bajar los costos» y después se adoptaron «posiciones firmes para evitar que se instalaran monopolios de mercado en nuestro país». Estas afirmaciones auguran que, en caso de concretarse un cambio de Gobierno a partir del 10 de diciembre, las condiciones para que se concreten las exigencias de los laboratorios multinacionales serían más duras que las actuales.
Los costos exorbitantes de los tratamientos farmacológicos sacuden incluso a países desarrollados como Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump propone un «precio promedio internacional», un mecanismo indirecto para fijar precios máximos o de referencia para el mercado interno. Los precandidatos presidenciales demócratas Bernie Sanders y Elizabeth Warren son más explícitos cuando hablan de regulaciones de precios y de eliminar las patentes monopólicas.
En ese contexto, se ha fortalecido una red de más de un centenar de ONG que en los organismos internacionales impulsan campañas contra las multinacionales farmacéuticas. La argentina Fundación GEP es una de las que participan de esa movida mundial. José María Di Bello, presidente de la organización, coincide en la creciente incidencia de esa red, pero advierte que «es difícil sostener la confrontación con multinacionales que van adoptando diferentes tipos de estrategias». También lamenta que, pese a las campañas mundiales de las ONG, «no hayamos logrado todavía que se aprobara en los organismos internacionales un tratado vinculante que sancione a las multinacionales cuando atenten contra la salud como derecho humano».
Fundación GEP coincide con otras ONG mundiales y con el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, en que es preciso desvincular el costo de la inversión y desarrollo del precio de los medicamentos (ver recuadro).«El Gobierno anterior destinó créditos para la investigación y desarrollo de medicamentos en el país e impulsó la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP), pero después el macrismo vació los presupuestos destinados a esos proyectos», comparó Di Bello.
Sin embargo, hay un reciente anuncio que Di Bello considera positivo: el Laboratorio del Fin del Mundo (Tierra del Fuego) se ha convertido en el principal proveedor del medicamento Atazanavir (marca registrada Suravir) del Programa Nacional de Sida y ETS. El proyecto comenzó hace dos años cuando la gobernadora Rosana Bertone y la multinacional estadounidense Bristol Myers Squibb firmaron un convenio de transferencia de tecnología en favor del laboratorio fueguino, administrado por una sociedad anónima con participación mayoritaria del Estado provincial.
El laboratorio de Tierra del Fuego también anunció recientemente una asociación con Farmanguinhos de Brasil, el laboratorio estatal más grande de América y uno de los más grandes del mundo, para la fabricación de un medicamento contra la Hepatitis C, que competiría con el Sovaldi, de Gilead, que no pudo blindar con un matorral de patentes.
La asociación entre ambos laboratorios no ha requerido la adhesión a tratados como el PCT ni cláusulas restrictivas fomentadas por el mercado. Es un avance en transferencia de tecnología, concluye Di Bello, «aunque aún estamos en pañales».
