Modificaciones por decreto del marco legal, aumento de los casos de maltrato policial y de las deportaciones arbitrarias anuncian un endurecimiento que amenaza los derechos de los extranjeros residentes en el país. Los riesgos de un discurso xenófobo refrendado por el Estado.
9 de agosto de 2017
Un largo viaje. Los bolivianos constituyen el segundo grupo de inmigrantes más grande del país, con más de 350.000 ciudadanos de ese origen. (Guido Piotrkowski)
Algo cambió. En las fronteras no dejan pasar y hay mucho maltrato». Marta Guerreño vino al país hace 31 años para estudiar medicina. Hoy, con un perfecto acento cordobés, dice estar agradecida, pero reconoce que la cosa está más difícil. Cuenta que varios compañeros paraguayos la han pasado mal intentando ingresar, que hay un «espíritu que va más allá» de las nuevas disposiciones legales. Y no es la única. Diversas asociaciones de inmigrantes y organismos de derechos humanos denuncian un aumento de las expulsiones arbitrarias y el crecimiento de casos de maltrato policial, aunque prácticamente no haya información oficial sobre el tema y los abusos, frente a la falta de herramientas legales por parte de los inmigrantes, permanecen en el territorio de lo invisible.
Como es habitual en las prácticas del gobierno, la nueva política fue impuesta por decreto. A comienzos de este año, el oficialismo puso en marcha una serie de modificaciones sobre la Ley de Migraciones sancionada en 2003, que se orientaron a facilitar las condiciones de expulsión de las personas extranjeras. Con esta disposición del oficialismo ya no es necesario, por ejemplo, contar con una condena firme, solo basta la imputación, y pasaron a reconocerse como motivo válido todos los delitos del Código Penal, lo que puede incluir situaciones de venta en la vía pública o el corte de una calle. «Hay una decisión del gobierno argentino de acelerar los trámites de expulsión poniendo en riesgo las garantías del debido proceso», explica Diego Morales, director del área de Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), mientras enumera algunas de las nuevas medidas, entre ellas trámites sumarísimos que acortan las mediaciones jurídicas; el desconocimiento de situaciones que antes recibían el amparo de la ley, como contar con una familia aquí; y el otorgamiento de facultades discrecionales a la Dirección Nacional de Migraciones, que pasó a concentrar las decisiones que hasta ahora estaban en manos de la Justicia.
Contradicciones
«Entendemos que el gobierno habla dos idiomas diferentes. Por un lado, en instancias internacionales se compromete a una visión integral que rechaza la criminalización de la inmigración, pero, por el otro, con este decreto que sigue vigente pese a todo el rechazo social recibido, niega y desconoce los derechos humanos», sostiene Mariela Belski, directora ejecutiva en nuestro país de Amnistía Internacional, que junto con el Cels y organismos defensores de los derechos de las personas migrantes motorizaron diversos reclamos para suspender la norma.
Por el contrario, todos afirman que han aumentado las expulsiones y también los casos de detención, incluso en los meses previos al decreto. De acuerdo con un relevamiento realizado desde el programa de Acceso Comunitario a la Justicia (Atajo) del Ministerio Público Fiscal, durante 2016 crecieron en un 100% las consultas a la Justicia de la población migrante residente en villas en relación con expulsiones, deportaciones y negación de DNI. En la Villa 31 de Retiro, por ejemplo, de 33 registradas en 2015 pasó a haber 157 en 2016. El dato sirve para ilustrar un cambio drástico de escenario donde, por otro lado, prácticamente no se cuenta con información, dado que muchos de estos casos no trascienden y desde la Dirección Nacional de Migraciones no dieron cifras oficiales sobre el número de personas deportadas desde la publicación del decreto.
Belski. «La presentación de datos sesgados incita episodios de xenofobia».
Morales. «Hay una decisión del gobierno de acelerar los trámites de expulsión.»
Estigmas y mitos
El domingo 2 de julio Miriam Natalie Alencar Da Silva perdió su vida. Tenía 19 años y tan solo cuatro días en el país, cuando dos de las 80 cápsulas de cocaína que llevaba en el estómago estallaron y volvieron su corazón una bomba de tiempo. «Una mula muerta y una brasileña perdida», tituló al día siguiente Clarín para contar la trama que trajo a Miriam y a su hermana al país, exponiendo un sistema de trata del cual las jóvenes fueron víctimas. Aunque para el diario no hubo ni víctimas ni jóvenes. Las protagonistas de la noticia fueron una «mula» y una «brasileña».
El ejemplo expone lo que hoy para muchos de los especialistas en el tema constituye una de las mayores amenazas de estos cambios: el discurso xenófobo que se habilita cuando es el Estado el que se vuelve en su principal portavoz, en un contexto que –no se puede dejar de desconocer– permanece fuertemente arraigada una estigmatización sobre la figura del inmigrante, muchas veces asociado en el imaginario social con la delincuencia. De hecho, el carácter urgente con el que el gobierno buscó justificar el avance sobre una política que en realidad es facultad del Congreso Nacional se basó en un presunto aumento durante los últimos años del número de extranjeros detenidos. Sin embargo, un informe elaborado por la Procuración Penitenciaria en 2016 desmiente categóricamente la premisa. Del total de personas privadas de su libertad, según el documento, solo un 6% son extranjeras. El número crece, claro, si los datos provienen del Sistema Penitenciario Federal, donde llega al 23%, ya que las personas extranjeras generalmente son detenidas por delitos de contrabando.
Paro de migrantes. El último 30 de marzo una multitud marchó al Congreso Nacional para reclamar la derogación del decreto 70/2017. (Luis Szeferblum)
«Buena parte de este grupo se encuentra identificado con la figura de las mal llamadas “mulas”, que por lo general son personas pobres, cuya opción está viciada por la vulnerabilidad económica o por la violencia. En la mayoría de los casos, se trata de mujeres cuya trayectoria se encuentra emparentada con la de la figura de víctima de trata de personas», afirma Laura Gottero, docente investigadora del Programa Migración y Asilo de la Universidad Nacional de Lanús. En este sentido, Belski coincide y advierte: «El decreto afirma que mientras que el total de extranjeros detenidos representa el 6%, en lo que hace a los delitos vinculados con drogas el porcentaje sube al 23%. Sin embargo, no aclaró que el primer dato hace referencia al total de la población carcelaria argentina, mientras que el segundo solo al Servicio Penitenciario Federal. Los datos no son falsos, pero son presentados de manera sesgada con un uso intencional, y ello arroja porcentajes que no reflejan la realidad y tienden a representar la población migrante dentro del universo de personas en conflicto con la ley, incitando episodios de xenofobia y violencia».
Avenida Avellaneda. Desalojo de manteros senegaleses en el barrio porteño de Flores. (DYN)
Para Morales, esta orientación tiene además otra consecuencia igual de peligrosa, bajo la cual el control migratorio pasa a depender en gran medida de las fuerzas policiales y los jueces penales. Esta criminalización es la que denuncian los propios representantes de los grupos migrantes en Argentina. «Si bien el decreto no habla específicamente de eso, la sensación es que le dio ciertas armas, por ejemplo, a la Gendarmería, para cierto maltrato físico y verbal», comenta Guerreño, quien además actualmente forma parte de la Unión de Colectividades de Inmigrantes de Córdoba. En su opinión, la situación actual es antagónica a la de hace unos años. «Con estas expulsiones exprés hay mucho miedo. Y eso que con una ley tan inclusiva como la de Migraciones fuimos empoderándonos. Entendimos que éramos ciudadanos y que debíamos tener derechos», se lamenta en relación con la Ley 25.871, promulgada en 2004. La norma, centrada en los derechos de las personas migrantes, encabezó una política de apertura, que alcanzó su punto más alto con el lanzamiento del programa Patria Grande, un plan de normalización documentaria para ciudadanos del Mercosur y estados asociados, que fue elogiada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que calificó a la ley como un ejemplo mundial. Hoy el escenario dista enormemente de aquel entonces y todo parece indicar que los controles se irán endureciendo. Guerreño lo resume con mucha tristeza: «Para mí el suelo en que se nace no debe ser el dador de todos los derechos. ¿Por qué no se tiene en cuenta aquel que se elige para adquirir conocimiento? Es injusto que nacer en un lugar dado te condicione para toda tu vida».
