El gremio ferroviario, actor político de peso, impulsa un extenso plan de lucha que busca evitar el desmantelamiento de los servicios públicos. Después de aprobarse la reforma laboral, la medida abre otra oportunidad para frenar el ajuste de Macron.
12 de abril de 2018
(MAarin/AFP/Dachary)
La política francesa, según enseña su historia, dejó lecciones que no pierden vigencia: una de ellas es que una huelga masiva puede tumbar a cualquiera que ocupe el máximo cargo en el Palacio del Elíseo. En ese contexto, conviene tenerla en cuenta para la actual coyuntura. El 22 de marzo comenzó una ambiciosa medida de fuerza contra los planes de ajuste que impone el presidente Emmanuel Macron. Esta vez es el gremio ferroviario el que lidera la protesta, una fuerza cuyo poder de fuego tiene antecedentes: en 1995 un paro de los trabajadores del riel provocó la dimisión del entonces primer ministro, Alain Juppé. Mientras los recortes laborales y sociales de Macron avanzan como locomotora, la clase obrera francesa sabe que debe subirse al vagón de los ferroviarios para no quedar en la vía.
«Nosotros estamos defendiendo el servicio público francés, no solamente a los ferroviarios» aclara Emmanuel Grondein, líder de Sud, uno de las agrupaciones sindicales que encabeza la protesta. Phillipe Martínez, secretario general de la CGT, explica que se apunta a una «convergencia de luchas» para frenar a Macron. El plan de lucha de los ferroviarios es extenso; la huelga se replica en 36 jornadas, en dos días cada cinco hasta junio. Casi cinco millones de usuarios están afectados por la medida. La reforma que propone el gobierno apunta a desmantelar a la Sociedad Nacional de Ferrocarriles (SNCF) bajo el eufemismo de «modernizar» la empresa: termina con el estatuto del ferroviario, precariza las condiciones laborales de los futuros empleados y abre las puertas a capitales privados. El primer ministro, Edouard Philippe, negó que el proyecto sea privatizador, como acusan los gremios. «No cerraremos las líneas pequeñas, no cambiaremos las condiciones de los actuales ferroviarios; nos proponemos salir del status quo porque el servicio es imposible de mantener», explicó el funcionario. La SNCF acumula, sí, un pasivo de 45.000 millones de euros.
Macron le echa la culpa a los «privilegios» de los 130.000 trabajadores del servicio. El argumento es calcado al de otros gobiernos de derecha que aplican políticas de ajuste: se gasta mucho porque los empleados tienen mejores condiciones que otros trabajadores (vacaciones, horas extras, régimen de pensión y salario); el costo laboral como excusa. El sindicato coincide en un cambio en la administración que optimice la empresa, considera que hay margen para planteos, pero no quiere que se liquiden ramales ni que desaparezcan las conquistas adquiridas. La pulseada será difícil. Y el primer mandatario cuenta con buenos antecedentes en la materia.
Si bien el gobierno francés calificó al proyecto de reforma del ferrocarril como «la madre de todas las batallas», ya se había anotado una rotunda victoria. No se puede entender la coyuntura sin el antecedente de la reforma laboral que en septiembre pasado Macron decretó –literalmente– ante una estéril y desorganizada negativa de las centrales obreras y los partidos de la oposición. Tampoco entonces la fundamentación oficial derrochó originalidad. «Las medidas concretan una reforma en profundidad del mercado de trabajo, indispensable para la economía y la sociedad; favorecerá de forma especial a los jóvenes y a los trabajadores menos cualificados», afirmó en su momento el presidente. La meta era y sigue siendo loable, combatir la desocupación que araña el 10% cuando en el resto de la comunidad europea es, promedio, del 7,8%.
Luces rojas
El cambio de sistema en el universo laboral incluye el límite a indemnizaciones por despidos improcedentes y contempla que las empresas puedan echar personal pagando menos dinero si es que demuestran ante la Justicia pérdidas financieras concretas. Posibilita una negociación directa entre empleador y empleado, quitando del medio la participación sindical. La iniciativa, además, barrió con uno de los estandartes que lucía con orgullo la izquierda gala desde 1910, la jornada laboral de 35 horas. Cayó así el sistema modelo que permitía, aun con sus errores, una distribución horizontal de los puestos de trabajo.
La crisis parece elevarse por encima de la Torre Eiffel. En la compañía aérea Air France se llevan adelante una serie de huelgas en reclamo de un aumento salarial del 6%. También el personal del rubro energético organizó medidas de fuerza para exigir que el Estado vuelva a controlar uno de los espacios donde la furia privatizadora avanzó con más voracidad. Hasta los recolectores de residuos alzaron la voz y dejaron caer sus brazos en reclamo de que reconozcan su tarea como trabajo insalubre. Los jubilados, los únicos que no pueden hacer paro, también fueron víctimas del recorte. Seis de cada diez adultos mayores fueron alcanzados con un incremento del 1,7% en su carga impositiva. Una barrera, una luz roja en el camino, un freno de mano en la estación: detrás del paro ferroviario en Francia son muchos los que no quieren dejar que el gobierno les haga perder el tren.
