En el marco de un intento de establecer profundas modificaciones estructurales en la economía por parte del macrismo, en el Congreso, pero también en calles y plazas, se discute el proyecto de reforma laboral. Avance de la tercerización y precarización. Impacto sobre el empleo y las pymes.
12 de diciembre de 2017
El proyecto de reforma laboral que el gobierno nacional envió al Congreso se transformó en una ruidosa disputa política, tanto en el ámbito parlamentario como en calles y plazas, tal como se verificó en las movilizaciones del 29 de noviembre y el 6 de diciembre en Buenos Aires y decenas de ciudades de todo el país. El plan oficialista se complicó a raíz del cambio de escenario sindical. Por un lado, con la oposición del camionero Pablo Moyano y otros sectores de la CGT, junto con la Corriente Federal de Trabajadores –liderada por el bancario Sergio Palazzo–, y las dos CTA; y, por el otro, con ATE y otros sindicatos liderados por la izquierda, se configuró la oposición sindical a la reforma laboral. Estos sectores tuvieron su primer pequeño triunfo cuando el senador Miguel Ángel Pichetto percibió que el aire se enrarecía y pospuso el debate de la reforma. Ahora, el destino de la iniciativa oficial está en veremos.
Bajo una bandera presuntamente modernizadora ante «este mundo tan cambiante», el macrismo transmite a la opinión pública su ajuste laboral, que no se enrola en la lógica de la valorización del trabajador para hacer frente a los movimientos tecnológicos sino que apunta en un sentido opuesto, a la degradación del empleado y el impulso al trabajo eventual por sobre la relación laboral estable. Consultado por Acción, el prestigioso jurista y profesor universitario Juan Carlos Fernández Madrid fue contundente: «Acá lo que se busca con la reforma laboral es disminuir la responsabilidad del gran empresariado y los derechos de los trabajadores. No significa modernización ni mejoría. No acompaña a la evolución de las situaciones del empleo en la actualidad ni recoge los problemas que pueden estar vinculados con los cambios tecnológicos. No hay nada, simplemente hay poda de derechos».
Experiencia argentina
El planteo anclado en la idea de «lo moderno» es el caballito de batalla simbólico del gobierno, sumado a la estigmatización del movimiento sindical y de la Justicia del Trabajo. En un segundo plano discursivo, pero con centralidad estructural, está la concepción económica del neoliberalismo: el motor del crecimiento y eventualmente del desarrollo económico es la ganancia del gran empresariado. Según esta mirada, si el empresario paga menos impuestos, negocia en mejores condiciones relativas frente a sus trabajadores y enfrenta menores costos para el despido, tendrá el excedente para invertir y así incrementar el empleo y la producción. Sin embargo, la experiencia argentina contradice esos postulados. En los 90 las reformas laborales redujeron el mercado interno por caída del consumo y desfinanciaron al Estado, con aumento del desempleo y de la informalidad. Las consecuencias no solo recayeron sobre los trabajadores, sino también sobre una amplia porción del empresariado que depende del mercado interno. Es decir, a la pauperización de las condiciones de trabajo le siguió el deterioro social.
No solo el ejemplo argentino refleja el impacto negativo de las reestructuraciones neoliberales sobre el empleo. Juan Pablo Bohoslavsky, experto independiente en deuda externa y derechos humanos de la ONU, plantea que «la idea de que los derechos laborales se ejercen en detrimento del desarrollo económico ha sido cuestionada en lo teórico y empírico. En cambio, se ha demostrado que las reformas laborales impuestas por las políticas de austeridad no mejoran los resultados económicos; por el contrario, causan grandes perjuicios a los trabajadores, que seguirán sintiendo sus efectos durante muchos años. Es imposible confirmar empíricamente la mejora económica luego de los cambios de la normativa laboral. De hecho, suele verificarse la baja del consumo y en consecuencia el deterioro del empleo».
La reforma del macrismo recoge el espíritu de la recientemente aprobada legislación laboral brasileña impulsada por el gobierno de Michel Temer: «Atrasa 200 años en las relaciones laborales», sostienen los sindicatos del país vecino. Pero, además, las reformas están en la agenda global porque hay una nueva ofensiva de los gobiernos de derecha basada en un eje económico-tecnológico vinculado con la supuesta «uberización» de las relaciones laborales, es decir, la creciente eliminación del trabajo estable en favor de las tareas eventuales.
A la baja
Después de asegurar infinidad de veces durante la campaña que no se avanzaría con una reforma laboral general, sino que los cambios se plantearían a nivel sectorial, el triunfo electoral envalentonó al macrismo, que instrumentó su propuesta de máxima: atacar directamente a la Ley de Contrato de Trabajo, el corazón de la legislación laboral argentina. Luego, una serie de reuniones con el triunvirato que dirige a la CGT motivó la eliminación de algunos de los artículos de carácter más recalcitrante dentro del proyecto original, pero el núcleo de la reforma laboral de Cambiemos se mantuvo, coinciden especialistas.
Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, explicó que «se debate en el Congreso un proyecto de modificación de la Ley de Contrato de Trabajo. No importa que sea menos malo que el inicial. Salvo el tema de la ampliación de las licencias por maternidad y paternidad, la reforma implica un claro recorte de derechos. Nadie pone en discusión que se trata de una reforma regresiva».
Cremonte subraya que el proyecto que llegó al Congreso limita el principio de irrenunciabilidad. «La ley actual no considera como válidas las renuncias individuales a los derechos laborales consagrados. En general, esas mejoras al convenio colectivo pasan por compensaciones salariales, pero también pueden ser cuestiones vinculadas con la jornada, las vacaciones o los días de estudio. Con la nueva ley se podrían rebajar las mejoras individuales a la línea del convenio a partir de un acuerdo homologado en el Ministerio de Trabajo. Esto abre la puerta a la extorsión sobre los trabajadores», indica el abogado laboralista. «Donde hay margen para que se negocie la baja, se va a negociar la baja. Esto es así históricamente. Los empleadores nunca han dado nada graciosamente. Las concesiones se las ha arrancado la ley», reafirma Fernández Madrid.
Cremonte explica que la reforma no tiene nada que ver con la resolución de situaciones de crisis. «Si una empresa no puede pagar salarios, existe un mecanismo que es el procedimiento preventivo de crisis, en donde participa el sindicato y el Ministerio. Hay un ámbito donde se puede discutir una adecuación ante una crisis. Según esta reforma, para la rebaja de derechos no se necesita que haya una crisis». Otro punto que advierte el laboralista es que hasta ahora la queja del empleado ante la Justicia por una modificación por parte del empleador de las condiciones esenciales de trabajo implicaba la sanción de una medida cautelar inmediata por parte del juez. «Por ejemplo, el empleador no puede decirle a un empleado que tiene que dejar de trabajar en un taller bonaerense para irse a una planta en Jujuy. Si se judicializa, hay una medida cautelar inmediata hasta que se resuelva la cuestión de fondo. En el proyecto se elimina eso: el reclamo judicial no tiene efecto suspensivo. Con lo cual el trabajador tiene que darse por despedido hasta que se resuelva el juicio».
Por su parte, Vanesa Siley, diputada nacional y secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU), enrolado en la Corriente Federal de Trabajadores, analizó la reducción de los montos indemnizatorios prevista en la reforma laboral. «En el proyecto que llegó al Congreso, el aguinaldo queda fuera del cálculo de las indemnizaciones, aunque forma parte integral del salario, es normal y habitual, a pesar de no ser de carácter mensual. También quedan fuera del cálculo los premios y bonos. ¿Por qué en épocas de crisis económicas las indemnizaciones suben? Para evitar el despido, pero el gobierno quiere que el despido sea más barato», explica Siley.
Un punto central de la reforma es la creación de un fondo de cese laboral, por el cual trabajadores y empleadores aportarían a un fideicomiso previsto para solventar el costo del despido. «Se busca llegar a un esquema similar al que rige en la industria de la construcción. Esto tendrá que estar sujeto a una posterior reglamentación, pero la idea es que el despido no represente una obligación mayor para el empleador», explica Fernández Madrid. «Otra disposición muy criticable es la relativa a las prácticas formativas que son absolutamente fraudulentas. El empleador se aprovecha de las pasantías, no se consideran un contrato de trabajo y se pagan a piacere. No hay ningún tipo de respeto por una verdadera práctica», advierte Fernández Madrid.
En cuanto al capítulo de la tercerización, Cremonte explica que «la actual ley establece una responsabilidad solidaria del empleador principal. Es decir, si existe un conflicto laboral entre el empleado y la empresa tercerizada, la firma principal tiene responsabilidades. El proyecto de ley elimina la responsabilidad solidaria de la empresa principal. Esto significa dejar todavía más desprotegidos a los trabajadores de las tercerizadas».
De la mano del capítulo de las tercerizadas, está la creación de la figura de los profesionales autónomos, que permitiría que determinados grupos de trabajadores puedan funcionar en la estructura de la empresa sin pertenecer al convenio colectivo. «La figura del autónomo mediatiza la relación de trabajo, que ahora pasa a ser trabajador-intermediario-empleador. En consecuencia, van a crecer las maniobras de fraude en un campo que hasta ahora era combatido por la jurisprudencia», explica el profesor Fernández Madrid.
La reforma laboral del macrismo favorece a un grupo de empresas y perjudica, a la larga, a otro amplio segmento del empresariado. Los puntos nodales de la reforma vinculados con la tercerización, la figura de los profesionales autónomos, la irrenunciabilidad, el ius variandi (modificación de condiciones esenciales de trabajo) y el fondo de cese laboral están pensados para favorecer a la gran empresa que tiene servicios tercerizados, cuenta con muchos cargos jerárquicos medios y despliega un sistema de premios individualizados por trabajador. En el mundo de las pymes, que generan el 70% del empleo en el país, las cosas son muy distintas. De hecho, difícilmente estas modificaciones impliquen posibilidades de crecimiento para las pymes, en cambio la restricción del mercado interno tendrá, con mayor probabilidad, efecto negativo sobre este sector.
El gran desafío
«La supuesta aprobación de la CGT a los cambios en el proyecto de reforma laboral no provino de una reunión del Comité Central Confederal, tampoco se expresó en un comunicado del Consejo Directivo. La CGT no convocó a las regionales del resto del país. Apenas hay pronunciamientos del triunvirato, ante los cuales presentaron quejas prácticamente todas las regionales del Interior. El gobierno quiere vender que la reforma está cerrada con la CGT pero no es cierto», advierte Vanesa Siley. Los sindicatos combativos se aprestan a llevar a la calle la disputa política de la reforma laboral, con el objetivo de forzar que el peronismo endurezca su posición en el Congreso.
«Más allá de la reforma, hay una flexibilidad que es de hecho. Hay presión en los lugares de trabajo para que la gente se flexibilice, empiezan los retiros voluntarios a mansalva, porque desde las áreas de recursos humanos baja el mensaje de que si no agarran los retiros, la indemnización será menor. Donde no hay presencia sindical, las patronales están aprovechando la iniciativa del gobierno», indicó Claudio Marín, secretario adjunto de FOETRA, sindicato de las telecomunicaciones. El gobierno no va a presentar ningún proyecto que no se apruebe, no va a sufrir una derrota política. Esto quiere decir que la discusión no termina acá y que la táctica de Cambiemos es desgastar. Hay que fortalecer a las comisiones internas y los delegados en los lugares de trabajo, porque el gobierno suele utilizar la táctica de gritar en un lado y poner los huevos en otro», agregó Marín.
La reforma laboral es uno de los aspectos centrales de la nueva ofensiva neoliberal regional luego de la década de conquistas en materia de derechos, de mejora relativa de las condiciones de vida de la clase trabajadora y reconstrucción del sector pyme. El desafío es enorme. Abarca desde el fortalecimiento de la representación sindical en los lugares de trabajo hasta la construcción de un frente de trabajadores y pequeños empresarios que se oponga a la pérdida de derechos laborales y consolide la idea de que su destino económico presenta más puntos en común que contradicciones.
