Las cooperativas nacidas en base a la resistencia de los empleados para preservar los puestos laborales atraviesan un período crítico ya que, a las dificultades que acechan a las pymes en general, se les suman problemas específicos como la precaria situación jurídica.
11 de octubre de 2017
Marcos observa la planta de Pigüé, en el sur bonaerense. 2004, aquel año del infierno, cuando la empresa Gatic cerró sus puertas, quedó atrás, sepultado por una obra imponente a cargo de la cooperativa de trabajadores. Sin embargo, la mirada del obrero textil tiene una pregunta clavada como lanza en sus ojos, un interrogante que apunta a la supervivencia: «¿Cómo vamos a hacer para pagar el gas y la luz?». 500 kilómetros al norte, en Merlo, sentado bajo una carpa frente a la sede de la empresa Petinari, Jorge todavía tiembla. Tiembla más que cuando reprimieron la protesta de los trabajadores, porque esta vez los policías fueron a patearle la puerta de su casa, acusándolo de ladrón. «Quieren quebrarnos», dice el presidente de la recuperada, amenazado ahora con terminar en la cárcel. «La cosa no pinta bien», describe con el poco humor que le queda Ismael, cooperativista de Cintoplom. El gobierno bonaerense vetó la prórroga de la expropiación. En la Casa Rosada y La Plata ya perjudicaron a no menos de 30 iniciativas autogestivas con rechazos a leyes aprobadas por unanimidad o amplísima mayoría en favor de los obreros. En un frigorífico de Bragado, las cuentas no cierran. Reescribiendo aquello de que «las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas», Carlos confiesa que «los pedidos cayeron bruscamente, estamos vendiendo mucho menos».
Según un exhaustivo relevamiento realizado en mayo de 2016 por el programa Facultad Abierta de la Universidad de Buenos Aires (UBA), había en la Argentina 367 empresas recuperadas por los trabajadores (ERT). Andrés Ruggeri, director del equipo de investigación, explica que «a julio de este año, contabilizamos 365; el panorama parece estable pero no lo es, observamos 5 bajas y por lo menos 20 nuevas o en proceso». Si se mide en cantidad total de puestos laborales, la cifra disminuyó de 16.000 a 13.400. Ruggeri reconoce que «es probable que el proceso de pérdida de empleo se haya iniciado antes que la conclusión de nuestro estudio o que hayamos tenido una sobreestimación de la ocupación, lo que es indudable es que la mayor sangría se produjo de diciembre de 2015 hasta ahora». El panorama de las ERT es, según el investigador de la UBA, grave. «Lo que veíamos como tendencia en el macrismo se ha confirmado; el tarifazo en los servicios es una ofensiva concreta hacia el sector, hay una baja en la producción del 50%, el 20% de las recuperadas que relevamos sufre algún juicio penal por causas ajenas al proceso de quiebra, los vetos no se detienen y el 60% de las ERT no recibió del Estado programas de ayuda en los últimos 12 meses», afirma Ruggeri.
Pase de facturas
Cada boleta de servicios que cruza bajo la puerta de una recuperada es como un telegrama de despido, una clausura o una sentencia de muerte. El informe de la UBA asegura que los aumentos tarifarios varían entre un 200% y un 700% en la energía eléctrica y hasta más del 1300% en el gas. La Cooperativa Textiles Pigüé es una de las afectadas por las subas indiscriminadas. Su presidente, Marcos Santicchia, describe que «por los mismos metros cúbicos consumidos, pasamos de pagar 30.000 pesos de gas a 200.000». La cooperativa pagó el año pasado un 190% más de luz y a principios de este año la factura llegó un 48% más cara. Santicchia explica que «el gas lo usamos para nuestras calderas generadoras de vapor, es un insumo imprescindible que encarece nuestros costos, pero ¿cómo lo trasladamos a precios?». Para dar con esa respuesta, en Pigüé deben considerar otros guarismos. En la textil reconocen que el margen que tenían se les achica rápidamente, exponen que «el año pasado la demanda cayó un 35%, este año, entre un 5% y un 10% más; medido en volumen, estamos trabajando al 50% de nuestra capacidad operativa y nuestros retiros crecieron solo el 15% cuando la inflación fue casi el triple». Pese a las restricciones, la recuperada responde a la crisis con nuevas apuestas. En febrero lanzaron Fibra, una línea de indumentaria deportiva que apunta a vestir equipos de fútbol, básquet, vóley y hockey. La fecha no fue azarosa: presentaron la marca al cumplir 13 años como cooperativa, tras la quiebra de Gatic S.A. en 2004.
Carlos Alietti, de la Cooperativa de Trabajo Matadero y Frigorífico Bragado, representa a 50 trabajadores. Al cierre de la empresa en 2006 eran 70, quedaron 28 y hoy en el emprendimiento autogestionado muestran con orgullo cómo pudieron crecer. Pero la ERT no es ajena a la coyuntura económica. Los datos duros son precisamente eso, emocional y fácticamente, duros. «Comparando dos años hacia atrás, las ventas cayeron entre un 40% y un 50%; nos subió la energía, la parte impositiva, el flete, todo», describe Alietti. Los trabajadores estudian ampliar su producción a la carne porcina. Empezaron a tramitar un préstamo blando y ya recorrieron varias oficinas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Ministerio de Agroindustria. «Con 5 millones de pesos podríamos dar un nuevo impulso a la cooperativa, según nuestros cálculos lo podríamos devolver en seis meses», aseguran. Es eso o… O mejor no imaginarlo. Alietti reconoce: «Estamos muy preocupados, los tiempos se acortan; nos hemos podido ir manteniendo porque habíamos guardado unos ahorros pero no sabemos qué pasará de ahora en más». El frigorífico pide auxilio, sí, pero no limosna. Recalcan que de 2006 a 2015 la cooperativa realizó inversiones productivas por unos 16 millones de pesos.
Si le preguntan, Jorge Gutiérrez hubiese preferido que le golpeara la puerta de su casa un cartero con la factura del gas y no uniformados de la Bonaerense. El titular de la Cooperativa ADO (ex Transportes Petinari) sufrió en carne propia el acoso judicial penal al que son sometidas muchas ERT. «Me dijeron que si no abría me tiraban la casa abajo», relata. La orden de allanamiento lo acusaba de robo. De un robo literalmente grande. Cuenta el trabajador que «buscaban dos puentes de grúa que miden 20 metros de largo por 1,80 de ancho y pesan, cada uno, tres toneladas». Unas seis casas como la de Jorge se hubiesen necesitado para esconder el botín. La Justicia tuvo precisión quirúrgica pues la denuncia apuntó al presidente de la cooperativa, a la vicepresidenta, el tesorero y el primer vocal, allanados todos en operativos simultáneos. En marzo, 300 policías habían desalojado a palazos y balas de goma el predio de Marcos Paz. Desde entonces, 70 trabajadores acampan frente a las instalaciones buscando no perder su fuente laboral. Pese a que la firma debe 55 millones de pesos a la AFIP, fue el propio organismo oficial el que perdonó esas obligaciones impagas e impidió la continuidad de la cooperativa. Cada mañana, los dueños se cruzan con el acampe. «Nos dicen que nos van a prender fuego las carpas», relata Gutiérrez, y agrega que los 10 policías que custodian el lugar «nos amenazan diciéndonos que si seguimos jodiendo nos van a inventar una contravención para sacarnos de la vía pública».
La señora de ojos vendados espía. Y, parece, siempre mira hacia el mismo lado. El informe de la UBA ya había puesto de manifiesto «las señales de tolerancia a empresarios vaciadores y jueces para avanzar sobre las ERT existentes y posibles y el desguace de las pocas herramientas estatales para apoyo». El veto a las leyes que favorecen la autogestión fue una constante de los últimos tiempos, pero registra antecedentes. Como jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri vetó la ley 4.008 que protegía por seis años el funcionamiento de las recuperadas. La norma, aprobada incluso por la bancada del PRO, obligaba al Estado a presentarse en todos los juicios de quiebra contra las fábricas vaciadas para impedir que cierren y echen a los trabajadores. Se intentó con otra ley, la 4.452, aprobada por unanimidad en el recinto. Pero Macri volvió a rechazarla en enero de 2013. Extendería la costumbre luego, ya mudado a Balcarce 50. Su sucesor en la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, había vetado en enero de 2016 la norma que protegía a los trabajadores del restaurante La Robla. María Eugenia Vidal también estuvo activa: la propia Cooperativa ADO, la citada Cintoplom, la Cooperativa de Precisión Limitada y la metalúrgica Raimat recibieron el castigo con firma de la mandataria provincial. Sobresale el caso de otra ERT, Industrias RB, que fue desalojada por la policía en junio del año pasado por orden de un juez de San Isidro pese a la plena vigencia de la ley de expropiación que amparaba a la recuperada.
Con todo, dos buenas noticias aparecieron este año en un horizonte con muchísimas más nubes que sol. Lo cuentan en voz baja, como para no despertar al monstruo. Trabajadores de Madygraf (ex imprenta Donnelley) lograron el 19 de mayo que se apruebe la expropiación de la empresa. Recuperarán la propiedad del predio y las instalaciones si es que el Ejecutivo bonaerense no mete otra vez la cola. La ERT venía peleando por esa conquista legal desde hacía tres años, lapso en el que no pudieron evitar la represión policial contra los compañeros. Al otro lado de la avenida General Paz, se aprobó por unanimidad un proyecto que amplía el plazo de ocupación y uso temporario de los bienes inmuebles a cinco años a todas aquellas empresas que venían siendo autogestionadas. El plazo anterior era de dos años, la mejora es sustancial para decenas de emprendimientos.
Mirada ideológica
Los argumentos que los gobiernos nacional, bonaerense y porteño usaron para defender los vetos coinciden en un núcleo ideológico y político. Esgrimen que las normas favorecen a «un grupo privado de personas» y, por ende, no constituyen un beneficio de «utilidad pública». Eso favorece a los cargos por usurpación que, cada vez con más frecuencia, reciben los miembros de las cooperativas. El propio Macri había tildado de «usurpadores» a los miembros del diario Tiempo Argentino, autogestionado desde el vaciamiento del Grupo 23 a cargo de los empresarios Sergio Spolsky y Matías Garfunkel. Diego Carbone, letrado de la cooperativa Bauen, agrega que el gobierno considera que las leyes que defienden a las ERT otorgan subsidios a particulares y que –siempre según el oficialismo– los fondos que el Estado destinaría a las expropiaciones operan como indemnizaciones de hecho para los trabajadores. «Cuando Macri vetó la ley de nuestra empresa autogestionada negó la utilidad pública que el hotel sí tiene, alojando a personas de bajos recursos que, por necesidad, tienen que parar en la Capital», aclaró el abogado. Carbone rechaza que la suma destinada a recuperar el edificio sea considerada un gasto para las arcas públicas. «El hotel pasaría a ser patrimonio del Estado, que no estaría regalando nada, al contrario, recuperaría el crédito que el dueño original jamás canceló», concluye.
Nuevas estrategias
El observatorio de la UBA ya había enmarcado la hostilidad oficial contra uno de los sectores más activos de la economía solidaria. En su informe enfatizaba que la política del gobierno de Cambiemos «busca ubicar a las recuperadas en el campo de la precariedad, debilitando aún más a los trabajadores y a su capacidad de defender sus derechos; así la autogestión cumpliría la función asignada en el dogma neoliberal: una “economía para los pobres” que contribuye a bajar los precios de los salarios de aquellos en relación de dependencia y sirve para contención de los sectores excluidos». Un año después de esa señal de alerta, Andrés Ruggeri considera que la situación remite a la de las primeras recuperadas que surgieron en los 90. Respecto a posibles salidas, el analista considera imprescindible buscar nuevas y más creativas estrategias judiciales y auspicia una mayor integración entre las cooperativas que, dice, «rompa con ese aislamiento que a veces responde a ciertas mezquindades políticas». Entre los lazos solidarios a profundizar, el titular del programa Facultad Abierta menciona a la relación de las ERT con los sindicatos. «Sería bueno que los sindicatos apoyen la autogestión, aunque el resultado final de un conflicto laboral sea una cooperativa y los trabajadores terminen formalmente fuera del ámbito gremial», afirma.
La avanzada neoliberal es voraz, pero el cooperativismo resiste aun en las circunstancias más extremas. Eso cree José Orbaiceta, vocal del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y tesorero de la Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR). Con amplia experiencia en el sector, entiende que pese al panorama sombrío la clave es profundizar el modelo. Y hace historia. «En 1844 los pioneros cooperativistas de Rochdale eran 28, hoy somos 1.100 millones en todo el planeta; somos constructores de democracia en lo económico y en lo social, por eso no desaparecemos, por eso existimos y empujamos», expresa. Orbaiceta asume que las ERT enfrentan los mismos problemas que cualquier pyme pero reconoce que las recuperadas, por esencia, tienen su fortaleza en la propia composición. «Estamos en dificultades, pero somos resilientes, como se dice ahora. O resistentes, mejor dicho. Nadie como nosotros defiende el puesto de cada compañero», agrega. El tiempo dirá si su definición permanecerá como destino o quedará como una simple expresión de deseos. Algo es seguro: la organización de los trabajadores demostró y demuestra ser una salida eficaz y posible. Que no es poco.
