Un grupo de exlíderes de las FARC anunció que retomará la lucha armada frente al incumplimiento de los acuerdos de paz por parte del Gobierno. La decisión favorece los intereses del uribismo y pone en riesgo la reinserción civil de la guerrilla.
11 de septiembre de 2019
A menos de tres años del histórico acuerdo firmado en La Habana con el Gobierno colombiano, un grupo de exlíderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) decidió retomar la senda de la lucha armada. En un video difundido a través de Youtube, Luciano Marín Arango, alias «Iván Márquez», anunció el «regreso al monte» como respuesta a la embestida contra dirigentes sociales de todo el país y al incumplimiento de los principales puntos del pacto por parte del gobierno de Iván Duque. La decisión provocó un cimbronazo a nivel nacional y abrió interrogantes sobre la continuidad del proceso de paz que busca terminar con el conflicto armado más importante de la historia de la región.
«Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia», dijo Márquez, antiguo número dos de las FARC, en referencia al lugar de nacimiento de la organización guerrillera, allá por 1964. Acompañado por otros dos exreferentes del grupo, «Jesús Santrich» y «El Paisa», el jefe de la facción disidente justificó su decisión en base a dos motivos centrales. Por un lado, el asesinato en los últimos tiempos de «más de 500 líderes y lideresas del movimiento social» y otros «150 guerrilleros», en un contexto de «indiferencia» por parte del Estado. Algo que no solo fue denunciado por las FARC, sino también por organismos locales e internacionales, como la Defensoría del Pueblo colombiana y la ONU.
El otro foco de conflicto es el incumplimiento de los acuerdos de paz sellados en noviembre de 2016 entre el entonces presidente Juan Manuel Santos y las FARC para poner punto final –al menos formalmente– a una guerra interna de más de 50 años. En un primer momento, la implementación de los acuerdos fue lenta pero fructífera y promovió el desarme de los guerrilleros. Pero con la llegada al poder de Iván Duque, el Ejecutivo solo dio pasos para entorpecer –o directamente frenar– el proceso de paz. Así quedó expresado en la decisión de obstaculizar el funcionamiento de importantes instituciones que nacieron tras el acuerdo, como la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad, encargadas de echar luz sobre lo ocurrido durante el conflicto armado. El presidente, además, cajoneó la reforma rural integral estipulada en el acuerdo, una de las reivindicaciones históricas de las FARC.
Duque se opone al proceso de paz incluso desde antes de arribar a la presidencia. Ya en los tiempos de negociación entre Santos y la guerrilla el por entonces senador rechazaba cualquier tipo de acuerdo. Su postura no resulta extraña si se tiene en cuenta que su padrino político es el expresidente Álvaro Uribe, representante de la ultraderecha colombiana denunciado por sus nexos con paramilitares y sicarios. El uribismo, de hecho, aboga por quitar rango constitucional al acuerdo de paz, al que considera un «indulto» para los exguerrilleros.
Trasfondos en juego
Por ese motivo, el anuncio de Márquez le vino como anillo al dedo al actual presidente colombiano. Debilitado por la crítica situación económica que vive el país y con niveles de popularidad cada vez más bajos, Duque logró retomar la iniciativa política al declararles la guerra a los «narcoterroristas» –como los llama públicamente– y, de paso, desviar la mirada sobre lo que ocurre en su país cargando tintas contra el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro (ver recuadro).
Fernando Arellano, miembro del Observatorio Sociopolítico Latinoamericano, con sede en Bogotá, explicó que, efectivamente, el retorno a la lucha armada de un sector de las FARC «le hace el juego al discurso de la ultraderecha liderada por Uribe para tratar de justificar el fracaso del acuerdo de paz, que no es responsabilidad de las FARC sino producto del incumplimiento del Estado». En diálogo con Acción, Arellano agregó: «De este modo, se oxigena el discurso guerrerista de Duque y Uribe que, con el pretexto de combatir a este nuevo foco guerrillero, van a desconocer lo firmado en 2016. Duque no cree en el proceso de paz: lo que busca es desmantelarlo».
En igual sentido, Patricio Talavera, analista internacional y docente de la UBA, consideró que «la decisión de Márquez implica un grave revés para el proceso de paz, lo pone en senda de reversión y le da una agenda bélica» al Gobierno. «Ahora –dijo consultado por Acción– Duque tiene todos los incentivos para volver a una retórica belicista al estilo Uribe. Y la derecha colombiana del uribismo no conoce otra alternativa que no sea la guerra con las FARC, aun cuando esta organización, tras el acuerdo de paz, se convirtió en un partido político».
Como bien señala Talavera, la antigua FARC guerrillera es ahora la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, una organización política que, a pesar de conservar las mismas siglas del pasado, abandonó la lucha armada para incorporarse a la vida pública a través de la participación en elecciones. Rodrigo Londoño, alias «Timochenko», es su actual líder y fue uno de los primeros en cuestionar la decisión de Márquez. Además, sostuvo que el 90% de los guerrilleros desmovilizados continúan optando por la senda legal que se acordó en 2016.
En el fondo, recordó Timochenko, lo que está en juego es el futuro de un proceso político que pretende cerrar, de una vez por todas, la herida más grande de la historia colombiana. Una herida que, entre 1964 y 2018, dejó 7 millones de desplazados, 220.000 muertos y 25.000 desaparecidos. La «paz estable y duradera» que plantea el acuerdo firmado entre las FARC y el Gobierno colombiano parece estar todavía muy lejos de ser una realidad.
