El camino elegido por el gobierno nacional para pagar deudas a un tercio de los jubilados pone en riesgo de descapitalización a la totalidad de la seguridad social. La norma autoriza la venta de activos de la ANSES y sería el punto de partida para pasar del sistema estatal a otro mixto.
14 de julio de 2016
Beneficio para pocos. El programa alcanza solo a 2,4 millones de jubilados de un total de 7,2 millones. Para el resto no habrá cambios. (Jorge Aloy)
La ley que crea el Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados poco y nada tiene de reparatoria pero sí puede ser considerada histórica en vistas a los retrocesos que plantea para el sistema previsional argentino. Impulsada por el Ejecutivo y aprobada por ambas cámaras del Legislativo una serie de modificaciones, desde su artículo 1, donde decreta la «emergencia en materia de litigiosidad previsional», deja en claro que su objetivo no es beneficiar a los jubilados, sino reducir su capacidad de litigio. El programa, tan promocionado por el Ejecutivo, alcanzaría solo a 2.400.000 jubilados y pensionados. De ese universo, 60.000 tienen sentencias firmes, 380.000 están en juicio y 1.900.000 no iniciaron aún ningún proceso judicial, según datos que informó el gobierno durante el debate en comisiones en el Congreso. Representa casi un tercio del total de jubilados. Para el resto de los adultos mayores –cerca de 5 millones– no habrá modificaciones.
La ley propone el pago a los jubilados con sentencias firmes, pero aplicándoles una actualización que vulnera el cálculo de cada juicio y reduce el valor de los retroactivos, como así también del haber a cobrar. De acuerdo con distintas estimaciones, los jubilados que acepten el acuerdo podrán cobrar antes pero con recortes que varían entre el 40% y el 70%, según el estado del juicio y los reajustes de haberes. Para acceder al pago, los jubilados deberán firmar un «acuerdo transaccional», que de acuerdo mutuo tiene poco, ya que el jubilado está presionado a aceptarlo: cobra con el descuento que otorga hoy el gobierno o queda en una situación sin definir, con la posibilidad cierta de una eventual restricción o suspensión de derechos si no aceptan la oferta y quieren continuar con sus juicios o esperar el pago de una sentencia que ya se encuentre firme. Sin embargo, la litigiosidad probablemente no se detendrá, ya que los derechos previsionales son irrenunciables.
La ley incluye, además, una Pensión Universal a la Vejez, con un piso de protección para todos los adultos mayores, de 80% del haber mínimo y que, con evidente exageración, se presenta como un beneficio similar a la Asignación Universal por Hijo y Embarazada, cuando el sistema previsional actual tiene una cobertura de cerca del 98% de los adultos mayores.
Desde luego, el problema acumulado con los juicios es real. En particular desde que la Corte Suprema de Justicia dio la razón a los demandantes y hasta fijó fórmulas y plazos para cumplir con las sentencias.
La decisión política de acatar los fallos sin más demoras sería plausible si la deuda se saldara sin poner en fuerte riesgo los recursos fiscales. Sobre esto hay serias dudas entre los distintos analistas. Y también se cuestionan algunos puntos centrales de la ley ómnibus, que nada tienen que ver con la mejora de la situación de los adultos mayores.
Por un lado, el capcioso vínculo con el blanqueo de capitales, al que se sindica como proveedor de fondos para el pago de sentencias. Por otro, la flexibilización en cuanto a la posibilidad de vender acciones de empresas privadas que hoy forman parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administación Nacional de la Seguridad Social (ANSES). En tercer lugar, pero igualmente importante, el compromiso de restituir a las provincias el 15% de detracción de la coparticipación federal de impuestos, que se venía destinando al financiamiento parcial del organismo previsional. Y como corolario, en su artículo 12, el proyecto crea el Consejo de Sustentabilidad Previsional. A ese nuevo órgano que funcionará en la órbita del Ministerio de Trabajo se le ordena elaborar un proyecto de ley –en un plazo que no deberá superar los tres años– «que contenga un nuevo régimen previsional, universal, integral, solidario, público, sustentable y de reparto para su posterior remisión por el Poder Ejecutivo Nacional a consideración del Honorable Congreso de la Nación».
Riesgos
El esquema puesto en marcha amenaza claramente la sustentabilidad del sistema tanto a corto como a mediano plazo. Para los especialistas, este sería «el primer paso» hacia una propuesta de fondo, más privatizadora, que sin llegar al retorno de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones de los años 90 buscaría apartar al Estado de la gestión de los recursos públicos y engrosar negocios privados.
Sergio Chouza, investigador de la Universidad Nacional de Avellaneda, recuerda que el sistema actual «es solidario, de reparto e intergeneracional. Es decir, un trabajador activo que tenga un desempeño laboral muy exitoso, con salarios importantes, no necesariamente va a tener una jubilación relativa a los salarios actuales, lo cual da equidad distributiva al sistema».
Sistema de identificación biométrica. Permite a los adultos mayores realizar trámites en Anses. (Horacio Paone)
La pregunta, entonces, es si las sentencias a pagar son sustentables en el sistema solidario actual, considerando los montos destinados. «Hoy –afirma Chouza– el sistema previsional necesita entre 8% y 9% del Producto Interno Bruto, y para sustentar los pagos de sentencias no alcanza con los recursos del blanqueo, aun en el cálculo más optimista». Dicho de otro modo, «no es sustentable que se paguen determinadas jubilaciones».
Para el ex viceministro de Economía Emanuel Álvarez Agis, la ley es un verdadero «caballo de Troya» que busca desvirtuar el sistema actual. «La supuesta reparación beneficia solo al 30% que más ganan, algunos de 8.000 pesos, pero hay también de 100.000 o más. Por eso –advierte– si generalizamos los fallos de la Corte Suprema el sistema quiebra». «La realidad es que para que determinados jubilados ganen lo que ganan, les pagamos solidariamente –sostiene Álvarez Agis–. Lo que aporté no importa: mi jubilación no va a tener nada que ver con mi trayectoria laboral y con mi sueldo, sino con lo bien o mal que esté el país cuando yo me jubile. Eso es solidaridad, lo otro es un sistema de capitalización», definió.
Florencia Médici, profesora de las universidades de Moreno y de Buenos Aires, alerta también respecto al giro en la lógica del sistema. «Desde 2003, el sector previsional fue un pilar fundamental para el modelo de desarrollo con inclusión social. Se recuperaron derechos laborales, creció el empleo y los aportes jubilatorios y se pagaron impuestos». «Hay que tener en cuenta –aclara la académica– que cuando se habla de la plata de los jubilados se olvida de que en realidad es la plata de todos los argentinos la que sustenta el 40% de los recursos de la ANSES. Hasta un desempleado que paga IVA financia jubilaciones».
La decisión de pagar las sentencias casi de inmediato y de reajustar los haberes, tiene un indudable impacto fiscal con consecuencias imprevisibles en las finanzas del Estado y el funcionamiento económico. Una simulación realizada por los economistas Carla Degliantoni y Alex Kodric, del Centro Cultural de la Cooperación, indica que el costo del pago de los retroactivos será de 115.000 millones de pesos. Mientras, la suba del haber mensual demandará casi 89.000 millones anuales. Así, solo para este año la «reparación histórica» de un tercio del total de jubilados requerirá 203.000 millones de pesos.
En términos de producto bruto, el stock retroactivo representa una erogación de 2,5% mientras que el flujo de recursos anuales por recálculo de haberes representará otros 2 puntos. Para los investigadores del CCC, el gasto en concepto de previsión social en la Argentina sería aún más alto que el estimado por Chouza: «Pasaría de 10% a 14,5% del PIB, sin otra contrapartida que la venta de activos del Estado y el blanqueo de capitales que, se supone, debería ocurrir solo este año».
Degliantoni y Kodric no lo dudan: «El aumento del gasto por previsión social, sin un flujo genuino de recursos que acompañen este incremento, generará un aumento del déficit del sistema que altera su sustentabilidad en el mediano plazo».
También Miguel Ángel Fernández Pastor, ex gerente de normatización de la ANSES hasta 2007 e impulsor de la primera moratoria previsional, advierte que «el objetivo de la ley es desfinanciar al sistema previsional, demostrar que es inviable; de ese modo van buscando caminos para sacar tajada».
El especialista –ex director del Centro Interamericano de Seguridad Social– llamó la atención además sobre lo «absurdo» de que «una ley diga que hay que cumplir la ley»: pagar sentencias ya está entre las obligaciones legales de la ANSES, que puede además hacer ofertas de transacción. La norma «reparatoria», agregó, tampoco resuelve la litigiosidad: los derechos a la jubilación son imprescriptibles y en cualquier momento se pueden reclamar, informó.
Cifras
El exministro Álvarez Agis precisa el alcance del desfinanciamiento del sistema previsional previsto. «La Argentina destina hoy al sector una proporción inferior a la de los países ricos, pero el macrismo pretende superar ampliamente esos niveles. El problema es que en lugar de tener una recaudación equivalente a la de esos países, la vamos a bajar: hoy tenemos un 32% del PIB, en la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico) llega a 34% y el gobierno nacional quiere ir al 28%. Así vamos a ampliar la brecha de financiación», señaló.
Diputados. La Cámara Baja fue la única que introdujo modificaciones al proyecto enviado por el Ejecutivo. En el Senado se aprobó sin cambios. (Télam)
Esa probable tendencia enciende luces de alerta que empañan la euforia oficialista. El titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso, sin embargo, prefiere resaltar que el tema de los juicios de una fracción de los jubilados «era un tema pendiente desde hace más de 20 años». Defendió en ese sentido el uso de fondos que provengan de las multas cobradas a quienes blanqueen capitales no declarados y «toda la ganancia del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que ahora va a ser para los jubilados, cuando antes se utilizaba para pagar distintos programas de gobierno que nada tenían que ver con los jubilados».
En el manejo del FGS, precisamente, se concentra una de las principales dudas. Chouza, de la Universidad de Avellaneda, recuerda que el Fondo «sostiene programas que hacen a la solidez del conjunto de la economía, como son las inversiones en infraestructura, o que atienden necesidades sociales, como el Conectar Igualdad, el de viviendas ProCreAr y el Progresar para jóvenes, que en definitiva garantizan una mejor inserción futura de los trabajadores».
La lógica de la desfinanciación de áreas que viene atendiendo el Estado se refuerza con la declaración de «emergencia en materia de litigiosidad», para los próximos tres años. Lo cual no condice con el hecho de que el sistema previsional es el de mayor cobertura en América Latina (casi 98% de los adultos mayores, con los haberes promedio más altos de la región) y maneja un Fondo de Garantía de Sustentabilidad de 720.000 millones de pesos.
Fernández Pastor explica que «el Poder Legislativo le trasladó al Ejecutivo la facultad de legislar, con lo cual va a dictar las normas para regular el sistema previsional».
A juicio del experto, esto «puede tener un impacto importantísimo: por ejemplo, si ve que la plata no le alcanza, con un decreto simple puede disponer que no se paguen más sentencias. O bien, tomar otras decisiones más fuertes, como vender todas o parte de las acciones rentables de empresas del FGS. Y lo más grave es la posibilidad de transferir el Fondo a los bancos y que en función de la emergencia adelanten recursos y se queden con las ganancias. Son riesgos concretos, no imaginados. Puede pasar y tengo casi la seguridad de que algo de esto va a suceder», afirma.
Fondo
Los cálculos que se hacen sobre las cuentas de la ANSES y los análisis relativos al Fondo de Garantía son, ciertamente, preocupantes. Y tendrían un efecto inmediato: Basavilbaso prometió que en el último cuatrimestre se harán efectivos los pagos a 400.000 jubilados mayores de 80 años o con enfermedades graves.
El desfinanciamiento se haría notar muy pronto, alerta Juan Ignacio Balasini, del Instituto de Trabajo y Economía (ITE) de la Fundación Germán Abdala, quien relativiza el impacto favorable del blanqueo, ya que «una vez que se exteriorizan, los capitales no contribuyen a la recaudación porque las alícuotas se reducen».
En un cálculo econométrico de corto y mediano plazo, y considerando que ingresan cada año al sistema unos 200.000 beneficiarios, Balasini pronostica que el resultado operativo (déficit o superávit del sistema previsional) de la ANSES se reducirá desde 0,2% del PIB en 2015, a -0,6% este año, a -2,6% en 2017 y a -2,8% al año siguiente. Todo eso, aun si se registraran las mejores condiciones macroeconómicas (crecimiento, mayores salarios y baja de la inflación, del desempleo y de la informalidad). Así, en apenas un trienio, el FGS licuaría su presencia en la economía, desde un 13% del PIB en 2015 a 9,2% en el año de elecciones presidenciales. «En solo tres años la mayor necesidad de gastos por el incremento en el haber se consumiría el 60% del Fondo, que quedaría reducido a menos de la mitad en cuatro años», asegura Balasini.
Los déficits subsiguientes hasta que la Administración de la Seguridad Social recupere el equilibrio –en 2027, según la proyección de Balasini– harán que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se achique hasta apenas 1,4% del producto bruto.
Tope. El límite al haber jubilatorio en 36.330 pesos provoca un achatamiento de las jubilaciones. (Reuters)
En esta hipótesis aparecen claramente como blanco las acciones del Estado en casi medio centenar de las mayores empresas privadas, que hoy representan un 13% del Fondo, aunque la ley autoriza a enajenar casi la mitad (hasta 7%). Con lo cual se perdería la actual participación estatal en el directorio de esas compañías y se dejaría de tener injerencia en el perfil de sus decisiones de inversión.
Al momento de su estatización, las AFJP, creadas por el menemismo en 1993, tenían esas acciones en sus carteras, que luego fueron heredadas por la ANSES. Esos activos
están valuados en más de 93.000 millones de pesos y el Estado posee en la actualidad representantes en el directorio de 27 de
esas compañías.
Además de la renta que producen esas acciones, un estudio del Centro de Economía Política (CEPA) resume para qué sirvieron los directores del Estado en las empresas. Por ejemplo, cuestionaron propuestas de honorarios para directores cuando crecían por encima de los salarios o estaban fuera de los valores del mercado. También rechazaron propuestas de ofertas públicas de acciones cuando estas perjudicaban al accionista minoritario (casos Solvay, Socotherm, Distribuidora de Gas Cuyana, entre otras). Del mismo modo, cuestionaron operaciones alejadas de las condiciones de mercado (Quickfood, Metrovías, entre otras). En Siderar, en tanto, la inversión de 290 millones de dólares para la instalación de la colada continua se realizó por la insistencia del director estatal.
En definitiva, la supuesta «reparación histórica» perfila un horizonte de descapitalización del sistema previsional, al cancelar gastos corrientes con ventas de activos. Y aun con un blanqueo exitoso, cedería a privados parte del flujo de dividendos de las tenencias accionarias, que financian en la actualidad aproximadamente 15% de las erogaciones totales en concepto de jubilaciones.
