20 de julio de 2020
La Policía jujeña asesinó a Marcelo Montenegro y Dardo Vicente Yapura, dos presos del penal del Gorriti, según denunciaron organismos de derechos humanos de esta provincia. Los crímenes se cometieron a pesar de que quienes protestaban habían firmado un «acta-acuerdo» con el juez de Ejecución Penal Carlos Emilio Cattan: «Hemos hecho lugar a los pedidos de los amotinados», dijo el magistrado en diálogo con los familiares de los detenidos al asegurar que «no habrá represalias con los reclusos». Los internos reclamaban lo que recomendó la ONU: libertades asistidas, condicionales, prisiones domiciliarias y justas calificaciones del concejo criminológico, ante el avance del COVID-19 en la provincia. Y la respuesta fue una cruenta represión a los privados de libertad y a sus familiares que, angustiados, aguardaban en las afueras de esta cárcel. Para la Mesa Coordinadora contra la Violencia Institucional «la mayor responsabilidad de lo que sucedió y el saldo que dejó la tiene el Gobierno provincial, a quienes desde esta Mesa Coordinadora, como desde los distintos organismos, hemos venido planteando y exigiendo se garanticen los medios de bioseguridad para las y los internos».
