22 de diciembre de 2015
En desmedro del Mercosur, el nuevo gobierno argentino se acerca al bloque integrado por Chile, Colombia, México y Perú, orientado hacia el libre comercio.
Socios. Michelle Bachelet (Chile), Juan Manuel Santos (Colombia), Enrique Peña Nieto (México) y Ollanta Humala (Perú): un bloque amigo de Estados Unidos. (Prensa AP)
En la región conviven al menos dos concepciones contrapuestas acerca de los vínculos que deben tejerse entre los países. Por caso, el presidente de Bolivia, Evo Morales, en una entrevista al diario chileno La Tercera días después de su última reelección, en octubre de 2014, trazó una línea divisoria. Afirmó entonces que «los presidentes de la Alianza del Pacífico son lacayos del imperialismo». La crítica involucró a los mandatarios de México, Colombia, Perú y Chile, miembros de este bloque comercial fundado en junio de 2012. «Esos son gobiernos de empresarios y banqueros. La Alianza del Pacífico es libre mercado», agregó Morales.
En la Argentina, tras el giro político encabezado por el presidente Mauricio Macri, el anhelo de «convergencia» con ese bloque quedó instalado en la agenda desde el primer momento, junto con el aval a la firma de un tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Tales definiciones ratifican una vocación aperturista que despierta fuertes inquietudes en sectores productivos, sociales y académicos, dadas las desastrosas experiencias en los 80 (con José Alfredo Martínez de Hoz) y 90 (con Domingo Cavallo) durante el siglo pasado.
En esos casos, como en muchos otros de la región, se comprobó ampliamente el verdadero impacto del levantamiento de barreras a la importación que viene de la mano del alineamiento con la potencia hegemónica con sede en Washington. Esto es, destrucción de empresas –especialmente pymes–, disparada del desempleo y desnacionalización de sectores enteros de la economía, en vez de la prometida creación de riqueza, modernización y competitividad.
«La integración a la Alianza del Pacífico dependerá de la dinámica que le pongamos al Mercosur, que ha estado congelada durante muchos años. Tenemos que converger todos en un bloque más amplio para estar cada día un poco más cerca de una integración absoluta regional», propuso Macri.
Asunción. La reorientación de la diplomacia argentina fue una de las notas salientes de la cumbre de diciembre.(Télam)
Como las definiciones de su canciller, Susana Malcorra (quien ya antes de asumir defendió el fracasado proyecto del ALCA) se trata de tomas de posición orientadas a una mayor proximidad política con Estados Unidos, más allá del flanco comercial. De hecho, la liberalización del intercambio de la Argentina con los países de la Alianza es ya bien amplia. A excepción del caso mexicano, las posiciones comerciales sin aranceles con Chile, Perú y Colombia oscilan entre 90 y 100%.
En su debut en la cumbre del Mercosur, a fines de diciembre en Asunción del Paraguay, el mandatario argentino ratificó la «prioridad» de una pronta negociación con la UE y con la Alianza del Pacífico –dijo– «para capitalizar la dimensión bioceánica de la región». Tal objetivo no fue compartido por el socio principal, Brasil, si bien recibió el beneplácito de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, que en julio de 2016 ocupará la presidencia pro témpore del grupo de países atlánticos con los que Macri busca integrarse.
En dicho encuentro el presidente argentino provocó un cortocircuito político ya que pidió por la libertad de los que él considera «presos políticos» en Venezuela, instalando un debate en el que no lo acompaña, por ejemplo, Brasil.
«Usted está haciendo injerencia sobre los asuntos de Venezuela», respondió con firmeza la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien participó de la cumbre representando al presidente Nicolás Maduro. La diplomática explicó que la detención de los dirigentes de la oposición se debe a actos violentos que cometieron durante una serie de movilizaciones en contra del gobierno y no se los procesó «por pensar diferente», como sostuvo Macri. Rodríguez desafío a sostener un debate serio sobre derechos humanos, y aseguró que Venezuela estará «en primera fila» en esa instancia ya que –dijo– los planes sociales venezolanos cubren los derechos básicos de la población. «Hemos propuesto que se acepte el acceso gratuito a la educación, a la salud, a la vivienda, a la alimentación, a la libertad de expresión de los pueblos y no de las empresas, como derechos humanos fundamentales», sostuvo.
Estrategia. Barack Obama aboga por ampliar los alcances del libre comercio. (Ngan/AFP/Dachary)
Contraataque
De lo que se trata, para el nuevo gobierno argentino, es de dejar clara la intención de acercamiento a países que tienen firmados acuerdos de libre comercio con Estados Unidos –Chile, Perú y México– y que, salvo los colombianos, participan del mega Acuerdo Transpacífico. También se apuesta a subordinar el rumbo regional a un pronto convenio entre el Mercosur y la UE.
Este nuevo panorama tiene su punto de partida, precisamente, en el momento en que se constituye la Alianza del Pacífico, que vino a «terminar con un período de repliegue táctico» de la política exterior de los gobiernos liberales en el continente, tras la caída del ALCA en la Cumbre de las Américas del año 2005», evalúa el economista argentino Ignacio Kotzer.
Ese esquema pudo lanzarse cuando el empresario Sebastián Piñera presidía Chile y Alan García era jefe de Estado en Perú. Al mismo tiempo, el Mercosur se fortalecía con el ingreso de Venezuela (aún vivía Hugo Chávez) y se invitaba a participar a Bolivia y Ecuador. Por entonces, también se consolidaban espacios como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA); la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR); y la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (CELAC), todos ellos sin participación de EE.UU.
El declive de la hegemonía neoliberal parece revertirse ahora, con el refuerzo de las políticas ortodoxas en Brasil y los intentos de apartar a Dilma Rousseff de la presidencia. Y se pone en duda el futuro de iniciativas ambiciosas como el Banco del Sur, el SUCRE (Sistema Unitario de Compensación Regional) o la creación de un Fondo de Reservas para el Desarrollo de la unasur. Estos proyectos corren serio riesgo de ser desplazados por los viejos esquemas y reglas motorizados desde el Norte: en particular el Fondo Monetario Internacional, los bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización Mundial del Comercio (OMC).
El aliento que se quiere dar a ese encuadre y a la presencia de México, un aliado incondicional de EE.UU., cambian drásticamente los ejes del debate latinoamericano. Incluso, dice Kotzer, la envergadura económica, demográfica y política de la Alianza deja entrever la intención de afianzar un contrapeso al liderazgo brasileño, cortar paso al Mercosur y activar un plan de aislamiento/hostigamiento hacia el ALBA (que integran Venezuela, Ecuador, Cuba, Bolivia, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda y Dominica.
El horizonte perseguido por los intereses estadounidenses y canadienses, junto con las grandes trasnacionales financieras globalizadas, es una amplia reconfiguración y subordinación regional. Un nuevo modelo, en fin, que ya cuenta con la bendición del FMI: según su directora, Christine Lagarde, «las reformas que se han hecho en estos países (de la Alianza) los están posicionando en la categoría de estrellas económicas de la región, aunque siempre hay más por hacer», afirmó.
No tan libre
Desde luego, no pocos cuestionan ese modelo tan parecido en su estructura a lo que en los 90 planteaba el Consenso de Washington. Uno de los que advierte al respecto es el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, quien sostiene que existe un riesgo real de que el libre comercio y la eliminación de tarifas aduaneras beneficie a los que más tienen, fomentando la desigualdad, tanto entre países como dentro de las fronteras.
El argumento es conocido en los debates locales y se basa en que la liberalización de la actividad económica conviene particularmente a los grupos empresarios y a las multinacionales, ya que cuentan con espaldas para competir y pueden reubicarse en cualquier parte del mundo. Esto implica que los oligopolios de la industria, las finanzas y los servicios pueden (como de hecho lo hacen, en busca de maximizar beneficios) amenazar a los países en los que operan con retirarse hacia zonas donde obtengan mejores beneficios.
Muro. Frontera entre México y EE.UU.: férreo control a la circulación de personas. (Schemidt/AFP/Dachary)
Ese rumbo, advierte Stiglitz, implicaría desmantelar las regulaciones creadas para otorgar cierta protección a los trabajadores, a las industrias nacionales y al medio ambiente. En otras palabras, relegar al mercado interno (vía menor demanda agregada por baja de ingresos de sectores populares); debilitar la posición de los actores locales frente a los internacionales e incrementar su dependencia.
Uno de los actores a los que se apunta es el sindical, a través de un desempleo más alto y descenso de salarios reales. Tal ha sido la tendencia registrada en México en los últimos lustros. Otro foco de atención: los sistemas previsionales, que en los países de la Alianza son controlados por las administradoras de fondos de pensiones. No es casual que Macri haya admitido durante la campaña electoral su intención de volver en la Argentina al sistema de AFJP, para delegar el manejo de los recursos populares en el mercado de capitales.En todo caso, es aplicable en gran medida a la Alianza del Pacífico la reflexión formulada por Stiglitz en referencia a otro acuerdo: «Se habla de la importancia que tiene el TPP (Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, también comandado por EE.UU.) para el “libre comercio”. La realidad es que este es un acuerdo para administrar las relaciones comerciales y de inversión de sus miembros, y para hacer esto en representación de los más poderosos lobbistas de negocios de cada país».
Integración
Juan Manuel Karg, investigador del Centro Cultural de la Cooperación, advierte sobre la preponderancia del gran capital (el Consejo Empresarial, CEAP) en la definición de pautas del bloque que mira al Pacífico y al Norte. Entre las funciones de ese cuerpo está la de elevar a los respectivos gobiernos «recomendaciones y sugerencias para la mejor marcha del proceso de integración y cooperación económico-comercial entre nuestros países».
Ese modelo de integración sometido a los intereses empresarios de las oligarquías locales y el capital externo –recuerda Karg– desató fuertes críticas de líderes regionales. Por ejemplo, la del presidente ecuatoriano Rafael Correa, quien alertó por la «reconstitución» de la derecha en el continente, expresada en cierta forma por países que no se proponen «crear una gran sociedad con ciudadanos de la región, sino un gran mercado, crear consumidores».
El investigador argentino formula varios interrogantes al respecto: «¿Puede un bloque que, en teoría, busca la integración de los países de América Latina y el Caribe, actuar subordinado a los intereses de los organismos multilaterales de crédito? ¿Hasta dónde llegará este intento de paralizar las herramientas de integración autónomas que durante estas últimas décadas se han dado nuestros pueblos o gobiernos? ¿Cuáles son las motivaciones ideológicas de estos países para no integrar mecanismos de integración económica, política y social ya existentes, como CELAC, unasur, Mercosur o ALBA?».
El problema, considera el profesor José Luis Fiori, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, es que el carácter del bloque es más ideológico que económico. Por eso lo redefine como «cisma del Pacífico», orientado a fracturar los esquemas regionales independientes de EE.UU. La Alianza, en este sentido, dice Fiori, se propone en última instancia «apoyar y participar de la estrategia norteamericana de poder global y de disputa con Japón y China por la hegemonía política, financiera y militar en el este asiático y el Pacífico Sur».
Consecuencias. Una familia trabaja en la fabricación de ladrillos en Huachipa, Perú. (Bernetti/AFP/Dachary)
Costos
El costo económico de esa eventual reorientación regional no sería menor, considera Oscar Ugarteche, economista peruano que se desempeña hoy como profesor del Instituto de Investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). «Los tres gobiernos sudamericanos del grupo (Chile, Colombia y Perú) tienen en común no haber firmado el acta de constitución del Banco del Sur, no tienen convenios comerciales con el Mercosur vigentes y, en cambio, firmaron acuerdos de libre comercio con Estados Unidos –que aseguran arancel cero, lo que impide el acuerdo con el Mercosur– y carecen de sectores industriales nacionales significativos», recuerda Ugarteche.
Sin una justificación económica o comercial real, los planes liberalizadores que el presidente Macri quiere profundizar hasta donde sea posible apuntan en realidad a hacer prevalecer, prácticamente sin límites, los derechos de propiedad (incluida la intelectual). En este marco, ya aceptado por la Alianza del Pacífico, los inversionistas extranjeros adquieren nuevos derechos para demandar a los gobiernos nacionales en arbitrajes privados vinculantes –con compensaciones incluidas– en casos en que se instituyan reglamentos que ellos consideren como un factor que disminuye la rentabilidad esperada de sus inversiones. No faltan antecedentes en que esas reglas se han aplicado aun cuando las disposiciones locales no son discriminatorias y las ganancias se obtienen causando daños a la comunidad.
Las experiencias ortodoxas y aperturistas sufridas en la Argentina durante la última dictadura militar (1976-83) –en parte continuadas en el período alfonsinista, largamente profundizadas a lo largo de la convertibilidad (1991-2001) y ahora reinstaladas con Macri– permiten anticipar algunos de los cambios que se buscan consolidar mediante una unión con la Alianza del Pacífico. De un lado, la recomposición de la tasa de ganancia de grupos locales y extranjeros del agro, la industria, la minería y los servicios, amparados por su propio poder de mercado y Estados neoliberales; del otro, la desprotección de pymes lanzadas a competir en situación de desventaja en medio de aperturas importadoras, con un fuerte daño social vía caída de salarios y jubilaciones, flexibilización laboral, desempleo, alza de tarifas de servicios públicos básicos y simultánea pérdida de derechos (de salud, seguridad social, educación, vivienda, etcétera).
De hecho, las propugnadas metas de libre comercio y clima de negocios para atraer inversiones externas se traducen en los países de la Alianza del Pacífico en esquemas de especulación financiera y crecimiento concentrado, solo para pocos, aunque los organismos internacionales muestren cifras ascendentes de PIB y exhiban las experiencias del Pacífico como el camino del éxito.
—Daniel Víctor Sosa
