Salida por derecha

En su último año de gestión, el presidente Martín Vizcarra decidió cambiar su Gabinete cediendo a las presiones del empresariado y la oposición conservadora. Mientras las disputas políticas no cesan, la crisis económica hace estragos en la población.

Lima. Con barbijos, Vizcarra y los nuevos ministros designados, luego del acto de jura celebrado en el Palacio Presidencial, a mediados de julio. (Presidencia del Perú/AFP)

Jaqueado por la pandemia y enfrentado al Congreso en medio de una fenomenal crisis económica y sanitaria, el presidente Martín Vizcarra decidió dar un golpe de timón en su último año de gestión: reemplazó a 11 de sus 18 ministros y a otros dos los cambió de cartera. Con este Gabinete renovado casi en su totalidad y encabezado por un referente del neoliberalismo local, el mandatario busca acercarse al empresariado y poner paños fríos a la feroz disputa que mantiene con la oposición.
El cambio de figuritas implicó la llegada de nuevas caras a los ministerios de Exteriores, Trabajo, Justicia y Energía, entre otros. La modificación más importante se dio, sin embargo, en el cargo de primer ministro: Vicente Zeballos, hostigado por la prensa por su gestión de la pandemia, dejó su lugar a Pedro Cateriano. Este abogado de 62 años llegó a la política en los años 90 de la mano del escritor y excandidato presidencial Mario Vargas Llosa, con quien comparte las mismas posturas ortodoxas en materia económica.
A mediados de julio, cuando fue nombrado en el cargo por Vizcarra, Cateriano dejó en claro los lineamientos de la nueva gestión: «La prioridad es destrabar inversiones para generar empleo. El Estado no puede seguir repartiendo bonos porque eso tiene un límite. La única manera de desterrar la pobreza, que ha aumentado con esta pandemia, es generando riqueza. Para generar riqueza se requiere inversión nacional e inversión extranjera».
La impronta neoliberal del nuevo Gabinete –sustentada por Cateriano en la «lluvia de inversiones» y la teoría del derrame– fue duramente criticada por sectores del progresismo y la izquierda. La excandidata presidencial y líder de Nuevo Perú (NP), Verónika Mendoza, dijo que las declaraciones del primer ministro mostraban «lo mismo de siempre: salvataje para los poderosos, sálvese quien pueda para la gente». Por su parte, el jefe de la bancada parlamentaria del Frente Amplio (FA), Lenin Checco, sostuvo que la designación de Cateriano y otros funcionarios fue «a pedir de los grandes empresarios», con el objetivo de profundizar «la política neoliberal extractivista» del Gobierno.
Pero el nombramiento de Cateriano no expresa únicamente un acercamiento con el empresariado, sino también con la oposición derechista, que domina el Congreso. De hecho, una de las enemigas más acérrimas de Vizcarra, la dirigente neoliberal Keiko Fujimori, respaldó las designaciones en el Gabinete e incluso abandonó su habitual tono belicoso para desearle «éxito» al flamante primer ministro.
La posibilidad de que Cateriano recomponga el vínculo con el Congreso es un aspecto crucial para Vizcarra. En primer lugar, porque el mandatario no cuenta con bancada propia, por lo que está obligado a negociar cada una de sus iniciativas. Pero, además, porque el enfrentamiento que mantiene con el Poder Legislativo desde que inició su Gobierno, en marzo de 2018, provocó una extensa parálisis política hasta ahora imposible de resolver.

Terrenos críticos
Las tensiones entre uno y otro poder generaron un sinfín de conflictos. El punto más álgido de la disputa se dio en septiembre del año pasado, cuando Vizcarra decidió disolver el Congreso –una prerrogativa constitucional que tiene el Poder Ejecutivo peruano– para convocar a elecciones en enero de este año. Pero lo que inicialmente parecía una solución, solo contribuyó a empeorar las cosas: ningún partido o coalición logró sacar más del 11% de los votos. Esto derivó en la formación de un Parlamento extremadamente fragmentado, con el que el presidente sigue teniendo graves dificultades para negociar políticas. A eso se suma que Vizcarra culminará su mandato en menos de un año y ya avisó que no se presentará a las elecciones de abril de 2021. Es, como suelen decir los politólogos, una suerte de «pato rengo». Y los legisladores no tienen muchos incentivos a colaborar con un mandatario que está en esa situación.
Pero los problemas del presidente no aparecen únicamente en el terreno político. Vizcarra todavía tendrá que lidiar con las dramáticas consecuencias económicas provocadas por la pandemia de COVID-19. Según cifras oficiales, el desempleo subió al 16% en junio de este año, lo que representa un aumento del 10% en relación con el mismo mes de 2019. En Lima, más de 2 millones de personas perdieron su trabajo en los primeros tres meses de la cuarentena decretada por el Gobierno. Miles de familias se vieron obligadas a abandonar la capital a pie y volver a sus pueblos de origen en busca de comida, lo que la prensa bautizó como «éxodo del hambre». Esto tuvo su correspondiente impacto sobre la figura del presidente, cuya imagen positiva cayó del 87% en marzo al 65% en julio.
Lo curioso es que, a pesar de este preocupante panorama, la ministra de Economía, María Antonieta Alva, fue una de las pocas funcionarias que sobrevivió a la renovación del Gabinete encarada por Vizcarra. Esta joven tecnócrata neoliberal de 35 años se mantuvo en el cargo, pese a los cuestionamientos por las escasas medidas tomadas para atender la situación de los sectores más vulnerables de la población, que apenas recibieron un bono de 220 dólares en cuatro meses de confinamiento.
Las decisiones tomadas por Vizcarra parecen tener un objetivo poco pretencioso: mantener una buena relación con el poder económico y la oposición para arribar al final de su Gobierno sin mayores turbulencias. El problema es que hay millones de peruanos con la soga al cuello, castigados por las políticas aplicadas durante las últimas administraciones. Aquellos que aún siguen esperando respuestas.