Salir de los claustros

Abierta a la comunidad, reformista, con proyección regional y compromiso democrático: así describe a la Universidad del Litoral su rector, que acaba de celebrar, junto a cerca de 50.000 estudiantes, el primer siglo de vida de una institución pionera. Las voces que faltan en la escena pública.

12 de diciembre de 2019

La Reforma Universitaria y la Universidad del Litoral (UNL) cumplieron un siglo en 2019. La coincidencia no es casual: la casa de estudios que hoy tiene sedes en siete ciudades santafesinas y el movimiento que transformó y democratizó el acceso a la educación superior comparten un espíritu común. «Podría decirse que la UNL es hija de la Reforma –asegura su rector, Enrique Mammarella–, es la primera universidad creada tras la Reforma, y a diferencia de las viejas instituciones, no es una universidad cerrada y de claustro, sino que está abierta a la comunidad».
Mammarela es doctor en Ingeniería Química, investigador del Conicet, exdecano de la Facultad de Ingeniería Química de la UNL y vicepresidente de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), una red de universidades de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay que comparten su carácter público, autónomo y autogobernado. En su despacho de la Manzana Histórica de la UNL, cuenta la historia de la Universidad y de un edificio que fue escenario de momentos clave del pasado y el presente político e institucional del país, como la Convención Constituyente de 1994 y el último debate presencial. «Fue el primer edificio construido para una universidad pública argentina luego de la reforma de 1919», relata, y destaca el gran peso simbólico de su diseño arquitectónico. «La Reforma Universitaria vino a plantear la democratización de la enseñanza. Y este edificio está pensado en función de ese valor. El eje principal, que va desde las dos puertas de entrada, conduce en primer lugar a lo que nosotros llamamos el paraninfo de la Universidad, que es el lugar de la asamblea, el lugar de las decisiones. Arriba está el recinto del Consejo Superior, que es el órgano de gobierno habitual de la Universidad, y corrido del eje central está el rector, que es un administrador entre pares, no es el poderoso. Las decisiones son colectivas. Además, en nuestra manzana, en los laterales, hay puertas, hay patios que dan a la calle, no estamos enclaustrados como las viejas universidades. Es una universidad abierta a la comunidad, y esas pequeñas definiciones están pensadas incluso desde la arquitectura.
–¿Qué otras características la distinguen?
–Que apunta a lo territorial. La Universidad nace con siete facultades, en las ciudades de Santa Fe, Paraná, Rosario y Corrientes, y con la mirada puesta en el bienestar y la integración regional, en las necesidades de cada región y en la articulación con las provincias del Litoral.
–¿El hecho de que el primer debate presidencial establecido por ley se haya realizado en este paraninfo puede considerarse un intento por volver a poner a la universidad en un lugar central de la discusión política?
–Yo creo que sí, es importante que nos acostumbremos a que las universidades sean el centro de debate de ideas y también del modelo país. Hay un espacio que perdió en algún momento y que todavía no recuperamos: incluir a la universidad en las políticas públicas. Creo que no exigimos lo suficiente, no fortalecimos esa presión para poder ser la base del desarrollo de políticas que no sean políticas de gobierno sino de Estado.
–¿Y por qué se perdió? ¿El Estado dejó de tener a la universidad como interlocutor?
–Sí, y la universidad también tuvo su parte de responsabilidad. En algún momento, la palabra política se convirtió en mala palabra, sobre todo después del «que se vayan todos».
–¿Mala palabra en la universidad?
–Así es, y eso hizo y hace que la universidad se cierre más en sí misma. La universidad debería estar discutiendo, por ejemplo, sobre el sistema educativo. ¿Necesitamos una nueva ley de educación o estamos bien? ¿Quién define las necesidades? ¿El pueblo, el legislador, el presidente? Nosotros nos acostumbramos a ser de alguna manera receptores de las demandas de los gobiernos. Si el Gobierno encuentra una necesidad técnica, viene a la universidad. Pero, al contrario, las universidades no generamos esa necesidad de que el Gobierno nos preste atención en cambiar algunas políticas públicas.
–¿Que tienen para decir la universidad, los docentes, los investigadores, sobre esos temas que serían objeto de políticas públicas?
–Cuando se habla de investigación, hay que tener en cuenta que nosotros hasta los 70 teníamos un modelo que apuntaba a una investigación mucho más direccionada y pensando en el impacto y los efectos de lo que se investigaba, pero esto traía aparejado el hecho de que hubiera muy pocos investigadores importantes y muchos grupos que no eran reconocidos. Entonces, fuimos a la democratización de la investigación. Hoy son muchos los que pueden presentar proyectos, muchos investigadores que pueden dirigir, y el riesgo es la atomización, lo que disminuye el impacto. Tenemos montones de investigadores muy buenos en cada uno de sus temas, pero no integramos. Es una forma de diluirnos.
–¿No afecta al trabajo de investigación, además, el peso creciente de los mecanismos de evaluación y certificación, la burocratización de las tareas de docentes e investigadores?
–Hay un componente importante de burocracia, pero muchas veces lo creamos nosotros. Si hay algo que dejó la década del 90, es el credencialismo.
–Todo tiene que ser medible…
–Claro, entonces no importa si lo que hago es bueno o malo, importa cuántas credenciales puedo mostrar. Y eso hace también que mi carrera sea competitiva e individual. Es decir, si yo compito por el mismo cargo que vos, los dos vamos a ver cómo sacamos más puntos, estamos viendo la carrera individual, no cómo transformamos o resolvemos determinados problemas. Si cada uno de los investigadores define lo que quiere investigar y no hay orientaciones desde el Estado, el peligro es una gran atomización.
–¿Y cómo se resuelve esto?
–Bueno, eso es lo que uno busca; llevar un liderazgo que enamore a todos en un mismo sueño que integre hacia un objetivo común.
–Cuando el tema universitario aparece en la agenda pública, en general se discuten cuestiones como la presencia de estudiantes extranjeros, como si realmente ese fuera un problema, cuando la proporción de extranjeros que estudian en las universidades públicas es muy baja, no llega al 5%.
–En el caso de la nuestra es menos aún.
–Teniendo en cuenta esos bajos índices, ¿se usa ese argumento para atacar a la universidad pública y su caracter gratuito?
–Siempre. Es la misma discusión de por qué la salud pública es gratuita y si viene un extranjero, lo atendemos.
–Ante estos debates, ¿está amenazada la gratuidad de la universidad pública?
–La gratuidad es un concepto que nos hace daño porque nada es gratis en la vida, alguien lo paga, lo pagamos todos. Entonces, la realidad es que la educación universitaria es no arancelada, pero no es gratuita y es bien cara, como la salud pública, que es bien cara para el país. El tema es cómo la usamos. Cómo usamos la educación, cómo usamos la salud para curar… La salud tiene que ser preventiva, que no te enfermes; la educación tiene que ser preventiva, que no nos enfermemos como sociedad. Nosotros estamos dejando de lado el debate de para qué queremos la escuela primaria, para qué queremos la secundaria. El 50% de los chicos no termina a tiempo la secundaria. Claramente, las universidades están al final de la cadena, pero hay una educación inicial, una educación primaria, que no son lo fuertes que fueron en otro momento; una educación secundaria para la cual no está definido el rumbo y el rol que tiene que cumplir. Es muy difícil después que la universidad quiera compensar todo eso. Lo peor que hacemos es querer tapar agujeros, cuando realmente tenemos que trabajar en todos otros niveles.

–¿Qué otro aspecto o principio de la Reforma puede estar hoy amenazado?
–En realidad, la gratuidad no quedó explicitada en la Reforma, se estableció hace 70 años, por un decreto de Perón. Pero, más allá de eso, en estos 100 años nosotros tuvimos 60 años de gobiernos autoelegidos. Es decir que no siempre reinó el pensamiento democrático en la universidad. Hubo muchos períodos de intervención, hubo momentos más fuertes, que se podrían pensar como una especie de contrarreforma, y hubo momentos en los cuales no hubo vigencia de la reforma pero tampoco hubo un ataque a los principios reformistas. Tuvimos quiebres institucionales como el que representó La Noche de los Bastones Largos, o cuando fuimos intervenidos antes del golpe de estado. En los 80, con la vuelta de la democracia, hay un renacimiento del espíritu reformista. Yo ingresé en esa época a la universidad, y la militancia tenía que ver con recuperar la posibilidad del cogobierno, con los concursos de acceso a la docencia, que no fuera la autoridad de turno quien eligiera a los profesores.
–¿Se podría decir que los 90 significaron un retroceso?
–Sí, y el punto cúlmine es en 1995 con la Ley de Educación Superior, en la cual se preveía la posibilidad del arancelamiento. La ley terminó siendo una ley que, a lo mejor, no era lo que queríamos en el momento, pero nos permitió a las universidades seguir gozando autodeterminadamente de nuestras responsabilidades. El ataque a la autonomía vino como siempre a través del presupuesto y no en forma directa.
–La ley no definía a la educación superior como un derecho, sino como un servicio.
–Claro, el servicio educativo. Si bien nosotros entendemos a la educación como un derecho universal, que tiene que ser garantizado por el Estado, siempre ha habido desde la Organización Mundial del Comercio el intento de considerarla como un bien comercial.
–¿De qué manera pueden afectar la autonomía de las universidades los convenios con empresas privadas que comenzaron a difundirse en los 90?
–La relación de la universidad con las empresas es anterior, viene de los 50. Lo que hay después es una lógica distinta, pero también depende de las autonomías de cada una de las universidades, pensar para quién desarrollamos y por qué desarrollamos. Las universidades como la nuestra tienen relación con todos, desde la última persona que puede venir y decir que necesita algo hasta la empresa más importante o la universidad del exterior con la que tenemos convenio. Hay otras universidades que tal vez, en el marco de su autonomía, se orientan hacia uno u otro lado. Y eso tiene que ver también con la ética profesional y con la formación que uno va buscando. Uno busca al ciudadano crítico, pero eso no quiere decir que no pueda tener relación con alguna empresa. Sin embargo, también debería fijarse qué está haciendo esa empresa, qué es lo que está buscando.
–¿Cómo respondería a las críticas de quienes cuestionan la gratuidad de la universidad, diciendo que con los impuestos que paga toda la sociedad se está financiando una educación que es sobre todo para la clase media?
–Es la misma discusión que se da sobre los extranjeros. Primero, yo creo en la educación pública y por eso pienso que el diploma que nos dan es una licencia de uso, no somos dueños de ese diploma, ese diploma es argentino. Mi responsabilidad empieza el día que yo puedo ejercer con ese diploma, y lo hago para transformar la realidad de los argentinos. Si yo digo «esto es mío, porque me lo gané y ahora lo voy a usar yo solo para bien propio», y no me importa nada el resto, no me importa la ética, no me importa la salud, no me importa el medioambiente, no me importa el trabajo, no me importan las personas, no me importa nada, estamos teniendo un riesgo muy importante. Si consideramos que la educación es una salida individual, estamos en el sistema de comercio. En cambio, yo creo que la educación es una salida colectiva, que la educación nos va a hacer mejores a todos, nos va a devolver a todos lo que invertimos. En eso debemos invertir, en mejorar la vida de todos.