13 de diciembre de 2017
Juan Grabois, abogado, dirigente social y referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) fue sancionado por el Tribunal Oral Federal N° 6, que en base a un decreto de la dictadura, consideró ofensivas contra los jueces sus palabras en el alegato en el juicio por la toma de la comisaría 24 de La Boca, tras el asesinato del «Oso» Cisneros en 2004. En su exposición final en ese juicio, Grabois denunció la persecución política contra los líderes sociales y criticó duramente al Poder Judicial por ser la «bancarrota moral servida al poder público oficialista, al poder de turno». En el juicio por la toma de la comisaría, Grabois representó a Lito Borello, imputado junto a Luis D’Elía. Por su alegato final, el tribunal le impuso una multa equivalente al 15% del salario mensual de un juez de primera instancia. Para hacerlo, los magistrados usaron el decreto 1285/1958, firmado por el gobierno de facto de la autodenominada Revolución Libertadora, aunque nombrada popularmente «La Fusiladora».
