10 de marzo de 2015
A partir del caso Nisman volvieron a salir a la luz vínculos entre espías, dirigentes políticos y funcionarios judiciales. La nueva ley disuelve la ex SIDE y crea una agencia federal.
Sede. La SI frente a la Casa Rosada: con la nueva ley de inteligencia se busca el control democrático de la actividad. (Horacio Paone)
Una escena de Tiempo de valientes, filme de Damián Szifron, resulta una revelación sobre lo que ocurría en los servicios de inteligencia argentinos. El personaje que interpreta Diego Peretti, Silverstein, un psicoanalista circunstancialmente envuelto en una trama entre policías y agentes secretos, se las rebusca para ingresar al edificio de la SIDE, en la porteña esquina de 25 de Mayo y Rivadavia. Cae en manos del siempre eficiente Oscar Ferreiro, un «malo» de antología que interpreta al jefe de la organización, de apellido Lebonian. En busca de defenderse, Silverstein-Peretti argumenta razones por las que no conviene que lo maten.
–Conozco mucha gente, no le va a resultar tan fácil –sostiene, inocente.
–Yo saqué y puse presidentes, ni te imaginás lo fácil que va a ser –es la fría respuesta de Lebonian-Ferreiro.
La película es de 2005, la misma época en que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) perdió las últimas dos letras de su sigla para quedar en SI. Un año antes, el entonces ministro de Justicia, Gustavo Beliz, había revelado públicamente una imagen de Antonio Horacio Jaime Stiuso, al que acusó de ser el arquitecto del encubrimiento en la causa por la voladura de la AMIA y de encabezar una trama de operaciones para mantener bajo control al poder judicial y político.
Una década más tarde, la imagen en blanco y negro del misterioso Stiuso que difundió Beliz sigue siendo una de las pocas que se conoce de ese personaje que, raleado de la Secretaría de Inteligencia por la presidenta Cristina Fernández, aparece en el centro de cuanta trama se revela desde la denuncia del fiscal Alberto Nisman y su posterior muerte. Esa fotocopia se funde ahora con la imagen de Lebonian y parece recordar desde las sombras que no solo puede haber puesto y sacado presidentes –estuvo en los servicios desde 1972– sino que conserva poder de fuego.
Poner bajo control democrático ese poder es la razón que subyace en la reforma a la ley que aprobó el Congreso Nacional, por iniciativa del Gobierno, mediante la cual se crea la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y se disuelve el organismo tan cuestionado desde la recuperación de la democracia, hace 32 años.
Según cuenta Gerardo Young, autor de SIDE, la Argentina secreta, editado en 2006, Cristina Fernández nunca tuvo simpatía por Stiuso ni por quienes lo secundaban en la institución desde que su esposo llegó al poder, en 2003. Cuando la mandataria decidió reorganizar la SI, a fines de diciembre, cambiando a la cúpula y forzando el retiro de Stiuso –un personaje que había atravesado el tramo final del general Alejandro Lanusse, los gobiernos peronistas del 73 al 75, la dictadura más sangrienta que vivió el país y todo el período democrático desde 1983 en adelante–, los medios develaron una feroz interna en el servicio de inteligencia y se puso el foco en los vínculos de los espías con los funcionarios del Poder Judicial y autoridades políticas.
Stiuso. La imagen del agente exhibidapor Gustavo Beliz en 2004.
El tiempo demostró que todavía estaba todo por contarse. Porque a mediados de enero el fiscal de la causa AMIA pateó el tablero presentando, en plena feria judicial, una denuncia por encubrimiento contra la presidenta, el canciller Héctor Timerman y una serie de presuntos operadores acusados de negociar la impunidad de Irán en el atentado a la AMIA mediante la firma del Memorándum de Entendimiento. La muerte de Nisman pocos días después de hacer pública su acusación no hizo sino apurar definiciones del Gobierno en torno de una reforma profunda del servicio de informaciones estatal. Lo que pareció revelar una guerra subterránea entre las autoridades y los espías vernáculos.
La oposición se puso a la cabeza de las demandas contra el kirchnerismo. «¿Por qué ahora cambian a la ex SIDE (nunca se terminó de incorporar al imaginario popular la sigla SI)?». «Hace 12 años que están en el poder, ¿por qué no lo hicieron antes?», fue uno de los puntos más repetidos. La respuesta oficial se basó en una verdad irrefutable: salvo la izquierda trotskista, que coincide en la crítica pero que nunca ocupó el Ejecutivo, a los dirigentes partidarios les cabían las generales de la ley. Marcelo Sain, experto en la cuestión y uno de los dos especialistas que se presentaron en el Senado para proponer modificaciones al texto original del proyecto (ver «Una reforma…»), indicó que «este tema no ayuda electoralmente a nadie, estas son las razones de la falta de disposición de la clase política argentina a tratarlo». Esto puede explicar por qué, si de poner un personaje como emblema se trata, Stiuso haya sobrevivido a Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa y a Eduardo Duhalde.
Algunas usinas oficialistas incluso recordaron que desde las arcas de la SIDE salieron los dineros con que se pagaron las coimas para aprobar la Ley de Flexibilización Laboral, el mayor escándalo que envolvió al Gobierno de la Alianza, cuando una de las más acérrimas críticas de la nueva Ley de Inteligencia, principal defensora de la denuncia de Nisman, Patricia Bullrich, era nada menos que ministra de Trabajo del presidente De la Rúa.
El historial de la SIDE en democracia incluye personajes como Raúl Guglielminetti, fotografiado como custodio de Alfonsín, y Aníbal Gordon; ambos estaban en el «lado oscuro» desde la dictadura cívico-militar, cuando formaron parte de grupos de tareas, pero también participantes de operativos «menores», como la rotura de vidrieras de un local de la cadena Modart de la avenida de Mayo durante un acto de la CGT en 1988, o determinantes como el encubrimiento del atentado a la embajada de Israel, en 1992 y de la AMIA dos años más tarde. Agentes de la SIDE tuvieron un rol importante en los incidentes que terminaron con los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en la estación Avellaneda en 2002. Ni qué decir de la red armada desde el gobierno de Menem –de la mano de quien fue «Señor 5», como se denomina al secretario en la jerga de los servicios, Hugo Anzorreguy– en torno a los juzgados federales que ahora están en la picota a partir de los proyectos de reforma judicial que Cristina Fernández impulsa desde hace dos años.
El problema de los controles
«Las actividades de espionaje en el país han crecido tanto que se han vuelto difíciles de manejar, al punto de que nadie sabe realmente cuánto cuestan, cuánta gente participa en ellas ni a qué se dedican». No se trata de un informe sobre la situación de la ex SIDE. Es el resultado de una investigación que el diario estadounidense The Washington Post publicó en julio de 2010. Fue un trabajo en la línea del realizado con el caso Watergate, aquella vez a cargo de un equipo especial que investigó durante dos años para revelar un submundo que en Estados Unidos empleaba para la época a 854.000 personas en varios países y que sirvió para alertar sobre un tema que para los sectores que en esa nación defienden la transparencia resultaba preocupante. Conviene no olvidar que en Estados Unidos no solo sacan y ponen presidentes, sino que los servicios estuvieron involucrados, por caso, en el asesinato del presidente John Kennedy, y tienen responsabilidad en otros crímenes de estado tanto dentro como fuera de ese territorio.
Un descontrol con ciertas similitudes subsistía en la agencia nacional, con un adicional difundido cuando se conocieron los cables filtrados por el sitio Wikileaks: los responsables de la investigación de la causa AMIA recibían datos y literalmente obedecían las directivas de la CIA estadounidense y del Mossad israelí. Datos inútiles para llegar a la verdad, ya que, si la causa no avanzó, en gran medida se debe a que las pruebas recolectadas son escasas y poco contundentes, según lo que desliza el juez a cargo del proceso, Rodolfo Canicoba Corral.
La injerencia en el país de los organismos de espionaje internacionales incluyó, desde los 90, y en medio de un incremento de eso que se llama genéricamente «inseguridad», la presencia de agencias de seguridad privadas ligadas con policías y afines, muchas de ellas con «tecnologías» provistas por sus socios retirados de la CIA o de agencias internacionales… si es que un espía alguna vez deja de serlo.
Debate. La ley se sancionó convotos de la bancada kirchnerista
y los aliados. (Télam)
El problema de la seguridad y la investigación en manos privadas y asociadas a «expertos internacionales» no es solo un tema de soberanía, sino también de defensa de los derechos individuales. Sin embargo, en muchos sectores de la sociedad las siglas foráneas tienen un cariz seductor. Por caso, el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, justificó en su momento la decisión de poner al frente de la Policía Metropolitana a Jorge Alberto Palacios: «La DEA, la CIA, la SIDE y el Mossad, todos recomendaron al Fino Palacios» como el mejor para ese puesto. Macri, además, está implicado en una operación de espionaje armada bajo su gestión contra familiares de víctimas del atentado a la AMIA pero también contra sus propios parientes en el marco de disputas por dinero de las sociedades que integran. Sin embargo, como dice la periodista Clarisa Ercolano, autora del libro Escuchas ilegales, «Macri está procesado junto con Ciro James y Palacios pero durante toda la etapa de instrucción del juicio no se pudo comprobar que haya sido el jefe de una banda de espías que escuchaban para él». En todo caso, el asunto ofrece más aristas oscuras sobre los vínculos entre espías, policías y magistrados. Al respecto, la fiscal federal Mónica Cuñarro comentó, sin tapujos, que «es hora de terminar con esta relación promiscua entre algunos jueces y fiscales con sectores de los servicios de inteligencia que viene desde los 90».
La discusión se produce en un contexto de tensión entre el Gobierno y el sistema judicial, que no es nueva. El kirchnerismo impulsó los juicios a los militares responsables de violaciones a los derechos humanos contra la voluntad de muchos representantes del Poder Judicial. Y desde la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual el clima se espesó aún más a partir de las trabas que el Grupo Clarín logró interponer en distintos tribunales.
Una prueba de este enfrentamiento la dio el director del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Eduardo Jozami, en un cruce con el fiscal general Ricardo Sáenz en un programa de TN, cuando daban su interpretación del 18F. Para Jozami, había que entender la marcha en homenaje a Nisman en el contexto de que muchos de los fiscales que la habían organizado estaban acusados de encubrir la causa AMIA y, en el caso concreto de Sáenz, había considerado en 2003 que las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final eran constitucionales. Sáenz dijo que no tenía nada que ver con eso, pero junto con otro fiscal polémico, José María Campagnoli, consideraron, en lugar de fundamentar una respuesta, que las palabras de Jozami eran como un «carpetazo».
Internas siniestras
Gran parte del poder omnímodo que detentaba la SIDE consistía en la acumulación de información personal de los principales actores de la política, la Justicia y el periodismo. A la manera del mítico John Edgar Hoover, que dirigió el FBI durante 37 años acopiando datos comprometedores sobre los ocho presidentes que se sucedieron en ese lapso, los espías locales están acusados de haber difundido carpetas al rojo vivo sobre los personajes más variados. Uno de los escándalos más resonantes fue el del juez Norberto Oyarbide, filmado en un prostíbulo masculino en 1998 en una operación de servicios y policías federales nunca aclarada del todo.
El 23 de diciembre pasado, el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, le solicitó a la jueza interviniente, Sandra Arroyo Salgado, a la sazón exesposa de Nisman, el envío a juicio oral y público de la causa por espionaje y asociación ilícita y encubrimiento a 8 personas. La investigación determinó que agentes de la SIDE hackeaban correos y conversaciones de funcionarios públicos, dirigentes políticos y sociales y hasta la presidenta para luego vender la información a periodistas y empresarios de medios. Los acusados son: quien fue titular de la SIDE en el inicio de la gestión de Menem, Juan Bautista Yofre; los periodistas Carlos Pagni –uno de los principales columnistas de La Nación–, Edgar Mainhard y Roberto García; el director del portal Seprin, Héctor Alderete; el militar retirado Daniel Reimundes; el empresario mediático santiagueño Néstor Carlos Ick y Pablo Alfredo Carpintero, un espía relacionado con otro ex agente, prófugo de la Justicia, Iván Velázquez. El 6 de marzo la jueza firmó el procesamiento de los 8 imputados sin prisión preventiva.
Guglielminetti. Represor durante la dictadura, formó parte de la Side en los 80 e integró la custodia de Raúl Alfonsín. (Archivo Acción)
Yofre, uno de los procesados, no se privó de convocar a la marcha del 18F, y en ese marco reprendió a jueces y fiscales que habían permitido los juicios por violaciones a los derechos humanos. Señaló que esa «flaqueza» estaba en el origen de esta puja con el Gobierno.
Para muchos analistas, la llegada al máximo cargo en el Ejército del general César Milani, en julio de 2013, obedeció al cambio de rumbo en la relación entre el Gobierno y la SI, bastante dañada desde que se aprobó el Memorándum de Entendimiento con Irán y de los proyectos de modificaciones al sistema judicial. En el caso concreto de Stiuso, además, por la muerte de uno de sus hombres de confianza, Pedro Tomás Viale, más conocido como El Lauchón, acribillado por agentes de la bonaerense en un vidrioso operativo antidrogas, para la misma época.
Milani es un especialista en Inteligencia que, en medio de semejante interna del espionaje, venía a tomar el control del área. Fue entonces que se difundió que sus primeros pasos en el Ejército fueron en el Operativo Independencia y luego en La Rioja, entre 1976 y 1978. Y que estaba implicado en la desaparición del conscripto Alberto Agapito Ledo, en Monteros, Tucumán.
Con todos estos antecedentes como telón de fondo llegó al Congreso el proyecto de ley que dispone la creación de la AFI. La iniciativa enfrentó un fuerte rechazo opositor. La propuesta entró por la Cámara Alta y los únicos que se presentaron a debatir en la comisión fueron el mencionado Sain y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), encabezado por su presidente, el periodista Horacio Verbitsky. Ellos fundamentaron críticas a la propuesta original, parte de las cuales fueron incorporadas en el proyecto definitivo. En Diputados la situación fue otra: Elisa Carrió «pateó» el tablero y fue a las comisiones donde se trató la propuesta para cuestionar a Milani. Su presencia fue suficiente para que el resto de la oposición entendiera que debía estar presente en el debate, aun siendo minoría, porque era un tema sensible para la sociedad. La ley, sancionada con los votos del kirchnerismo y sus aliados, está vigente desde su promulgación, el 5 de marzo.
—Alberto López Girondo
Informe: Facundo Alé
