La Confederación Cooperativa de la República Argentina difundió un comunicado donde entidades solidarias que prestan electricidad a pueblos del Interior advierten sobre nuevas normativas que podrían afectar seriamente su operatoria.
12 de diciembre de 2018
Crucial. La economía social es un actor fundamental en cientos de ciudades del país. (LUIS MANI FOTOGRAFIA)
Las entidades abajo firmantes, en representación de las más de 600 empresas distribuidoras de electricidad constituidas por dos millones de asociados/usuarios de 15 provincias y que brindan servicios a casi 8 millones de argentinos, manifestamos nuestra profunda preocupación y necesidad de revisión de la decisión gubernamental dispuesta por la Resolución INAES 3442/2018 que establece facturar el servicio eléctrico de manera “autónoma e independiente de otros conceptos ajenos”», señala un comunicado difundido por la Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR), que rubrica el escrito junto a la Confederación Argentina Interfederativa de Cooperativas de Electricidad (Conaice); y a federaciones de cooperativas eléctricas de todo el país.
El documento advierte que la medida atenta contra un sector de la economía social y solidaria que «ha dado solución a través del asociativismo a la prestación de multiservicios, garantizando la calidad de vida, el desarrollo local sostenible, la generación de trabajo genuino y el arraigo de millones de pobladores en el Interior profundo de nuestro país, y que tiene un inmenso prestigio y reconocimiento a nivel nacional, regional y mundial». Y afirma que sin esos vecinos que constituyeron voluntariamente sus cooperativas para autoprestarse servicios públicos y sociales esenciales «más de 700 pueblos habrían desaparecido o convertido en “pueblos fantasmas”».
«El asociado/usuario –continúa el escrito– decide voluntariamente requerir la prestación de un servicio adicional a su cooperativa (ambulancia, sepelio, etc.) y solicita voluntariamente que se la incluya en la factura del servicio eléctrico, como ítem totalmente discriminado de la misma, por lo que es totalmente identificable el concepto que se trate. Esa adhesión lleva ínsita la facultad de solicitar, en cualquier momento, la baja de dicho concepto o servicio».
Y afirma que desde el sector no advierten en esto «perjuicio, y menos aún falta de transparencia que resulte en la necesidad de que el usuario sea protegido por el Estado por abuso de posición dominante del prestador, puesto que se trata de un servicio que se autoprestan los propios vecinos gestionando de manera democrática su empresa de servicios públicos».
El documento recuerda, además, que durante casi 100 años de desarrollo institucional y empresarial comunitario las cooperativas prestatarias de servicios públicos han sido «socias estratégicas» de los Estados municipales, provinciales y nacional, cubriendo responsabilidades subsidiarias en muchos casos y generando empleo formal.
Debilitamiento
Por otra parte, alerta que el sector de la economía solidaria «viene sufriendo sistemáticamente distintas medidas –políticas, económicas, administrativas– quizás por desconocimiento de nuestras organizaciones, pero que significan un menoscabo para los derechos asociativos y esencialmente, para la economía y viabilidad de nuestras empresas y comunidades». Y señala que se pone en riesgo la continuidad de miles de puestos de trabajo directo e indirecto que giran en torno al cooperativismo de servicios, además de la posibilidad del cese de prestaciones. «Ambas consecuencias significarán un debilitamiento del tejido social y comunitario que de algún modo se intenta proteger».
A la par, advierte que otras organizaciones intermedias como Bomberos Voluntarios y cooperadoras de centros de atención primaria de salud solicitan la colaboración de las cooperativas para recaudar aportes voluntarios de sus asociados. «Es muy posible que en virtud de lo dispuesto puedan sufrir complicaciones financieras que imposibiliten sus normales prestaciones, las cuales inexorablemente deberán ser cubiertas por el Estado», agrega.
«Con pesar –concluye el comunicado– consideramos que en esta decisión gubernamental no se dimensiona adecuadamente la naturaleza jurídica de nuestras organizaciones ni el daño que esta medida pueda provocar a los propios usuarios de los servicios públicos y, por derrame, el que le provoca a los pueblos del Interior de nuestro país».
