«El compromiso con la comunidad está en nuestros principios y se transforma en acción concreta», afirman desde la confederación que nuclea a cooperativas eléctricas a raíz de las declaraciones del presidente de la Nación, Mauricio Macri, en redes sociales.
14 de marzo de 2019
Presencia. Las entidades solidarias cumplen un rol fundamental en el interior del país. (Archivo)
Ante las declaraciones en redes sociales del presidente de la Nación, Mauricio Macri, en las que calificó de «agregados escandalosos», «abuso injustificable» y llamó a «terminar con estas avivadas» al referirse a las prestaciones que los asociados/usuarios gestionan en forma cooperativa en miles de pueblos y ciudades, la Confederación Argentina Interfederativa de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos (CONAICE) emitió un comunicado.
«Lejos estamos de buscar confrontar con el Estado o con los gobiernos de turno. Hemos sido, somos y seremos aliados estratégicos en la búsqueda del desarrollo sostenible de cada una de las comunidades. Por eso, abogamos para que nuestros gobernantes puedan percibir adecuadamente la contribución que hacen nuestras cooperativas –que no son ni más ni menos que los propios vecinos organizados de manera asociativa– autogestionando de manera democrática su propia empresa de servicios públicos y sociales», señalaron. Por otra parte, subrayaron que «no se dimensiona adecuadamente ni su naturaleza jurídica ni el rol que desempeñan cubriendo servicios esenciales que contribuyen a fortalecer el tejido social de las comunidades del interior profundo».
Búsqueda de consenso
La discusión se da en el contexto de la prohibición a las cooperativas eléctricas de cobrar en una misma factura otras prestaciones que no sean el servicio de luz (por ejemplo, sepelio, telefonía o pavimento). La normativa fue establecida por la Resolución 3442/18 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.
Al respecto, el comunicado afirma que las cooperativas siempre han sido respetuosas de las normativas emanadas de las autoridades nacionales o provinciales competentes, «aun con marcos legales que hayan resultado desfavorables hacia el sector». El diálogo y la búsqueda de consensos, subraya, son «una práctica habitual» en las organizaciones. «Ese mismo diálogo es el que propiciamos con el Estado; de allí que por lo menos duelen estas declaraciones extemporáneas que en nada minimizan el impacto de los aumentos tarifarios en la economía de nuestros asociados/usuarios».
El escrito de la CONAICE recuerda además que son los mismos vecinos los que, ante la ausencia del Estado, se unieron para autoprestarse servicios públicos (energía, agua, cloacas, gas, telecomunicaciones) y sociales (sepelios, ambulancias, enfermería, entre tantos otros, que de ninguna manera son compulsivos), prestaciones que hoy «resultan esenciales para la vida digna de los vecinos de más de 700 localidades que habrían desaparecido o convertido en pueblos fantasma». Y enfatiza: «Esta responsabilidad social no es un mero maquillaje, el compromiso con la comunidad está en nuestros principios y se transforma en acción concreta».
