Servicios públicos

Con el decreto 690, el Gobierno nacional retoma la regulación del sector de las telecomunicaciones desde la concepción de la comunicación como un derecho social. Respuesta de grandes empresas en defensa de sus privilegios. Rol de cooperativas y pymes y el contexto que impone la pandemia.


En contacto. Los teléfonos celulares, herramientas indispensables para la vida cotidiana. En la Argentina hay 56 millones de líneas. (Federico Imas)

La experiencia cotidiana muestra que internet y la telefonía móvil son servicios esenciales. Estudiar, trabajar, comunicarse con amigos y familiares, comprar y vender, jugar, son solo algunas de las actividades que pueden desarrollarse mediante la conectividad que brindan estas tecnologías. La pandemia, con su consecuente aislamiento y distanciamiento social, llegó para multiplicar la necesidad de conexión con el mundo virtual y provocó casi una dependencia hacia esos dispositivos. Y es muy probable que esta situación, aun cuando se haya logrado superar la pandemia, motivará cambios de hábitos y conductas sociales en el sentido de profundizar la utilización de estas herramientas.
En ese contexto, una medida gubernamental sacudió el tablero del sector empresario de las telecomunicaciones y sorprendió a propios y extraños. El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690, firmado por el presidente Alberto Fernández y todo su Gabinete, establece que «los servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia». Y añade a la telefonía móvil bajo el mismo régimen. ¿Qué significa esto? En principio, que el Estado reasume su rol de regulador de estas actividades, con incidencia en la determinación de los precios que las empresas cobren a los usuarios –deberán ser justos y razonables y serán regulados por la autoridad de aplicación, indica–, y con la premisa de garantizar el acceso universal a estas prestaciones esenciales.
El efecto inmediato del decreto es el congelamiento de tarifas hasta el 31 de diciembre, pero no es eso lo que más inquieta a las grandes empresas del rubro que salieron, unificada e inmediatamente, a anunciar el apocalipsis comunicacional inminente ante la imposibilidad de sostener las inversiones necesarias.
El Gobierno nacional retoma con este decreto el espíritu de lo dispuesto por la ley Argentina Digital, sancionada en 2014. Aquella ley, y la de Servicios de Comunicación Audiovisual, fueron desactivadas en todas las cláusulas cuestionadas por las empresas dominantes del sector, por un decreto firmado por el expresidente Mauricio Macri, pocos días después de ocupar su despacho en la Casa Rosada, en diciembre de 2015. El macrismo impuso el criterio de mercado como único rector de la actividad. Así, las limitaciones a la concentración, el rol regulador del Estado y la perspectiva del derecho humano a la comunicación fueron barridas de un plumazo.

Acción y reacción
Ambas leyes, sin ser perfectas ni mucho menos, se sostenían en la concepción de la comunicación y la información como derechos ciudadanos. Conceptos avalados por la Organización de las Naciones Unidas que en 2012 exhortó a los Estados a que «promuevan y faciliten el acceso a internet y la cooperación internacional encaminada al desarrollo de los medios de comunicación y los servicios de información y comunicación en todos los países». «Creo que es una medida de enorme trascendencia política porque recupera la facultad de regulación del Estado sobre grandes corporaciones privadas. Es un avance muy importante y muestra una determinación, una convicción en hacerlo a pesar de que va a implicar un enfrentamiento con esos sectores», señala el dirigente cooperativista Juan Carlos Junio. Si bien el presidente señaló, en referencia al decreto, que no estaba en guerra con nadie, está claro que las empresas van a hacer lo posible para revertir la medida. Y lo que se ve en algunos medios vinculados con esas empresas desde la difusión de la medida es bastante parecido a una guerra. «A mayor regulación o Estado garante de derechos, mayor presión o incluso lobby desestabilizador», apunta la periodista, docente e investigadora Cynthia Ottaviano. «Podemos pensar que a mayor reacción por parte de las corporaciones mayor riesgo de pérdida de privilegios y, por ende, mayor protección de derechos. El problema deviene cuando además de dominar el sector de las telecomunicaciones, tienen posición dominante en los contenidos. Por eso en la mayoría de los países de Europa y en Estados Unidos se prohíbe este cruce», concluye.
Las principales centrales empresarias del sector difundieron una solicitada en la que se quejan por «el cambio de reglas intempestivo e inconsulto», afirman que la industria necesita certidumbre para mantener las inversiones necesarias para sostener y expandir las prestaciones y piden la reconsideración de la medida. «Sus argumentos son pobres, está comprobado que la inversión no está atada a la regulación, en el caso de las telecomunicaciones está vinculada con la macroeconomía. Durante el período 2009/2014, cuando había regulaciones del sector, no disminuyó la inversión, y con toda la desregulación que hubo en el macrismo, la inversión se estancó primero y luego bajó por el deterioro de la economía», explica el investigador y docente de políticas de comunicación y economía de la cultura, Guillermo Mastrini. En tanto, Oscar Nocetti, consejero y expresidente de la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa, que brinda los servicios de internet, telefonía y televisión en la capital pampeana, relata: «Desde hace años competimos con ellos con gran éxito y cobramos la mitad de lo que cobra el Grupo Clarín por un servicio similar en Buenos Aires o Córdoba. Nosotros no perdemos dinero –aclara–, tenemos una ecuación que nos permite mantener las inversiones e incluso crecer hacia nuevos barrios. Ese argumento de las empresas de que a partir del DNU no habrá inversiones y que el servicio va a perder calidad, es una falacia».


Concentración. Entre las dos primeras empresas de los tres rubros mencionados en el decreto dominan más del 60% de cada mercado. (Shutterstock)

Para Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, «la reacción furibunda de las grandes empresas ocurre no solo porque el Estado se mete en el tema económico y al regular o controlar el tema tarifario va a mellar sus ganancias exorbitantes, sino, más importante aún, es que se mete en términos políticos al regularlos, con la libertad de mercado, con la libertad de ellos de hacer lo que quieren».
Recientemente, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) dio a conocer un informe sobre acceso a las tecnologías digitales en la región. Según la CEPAL el 66,7% de los habitantes de la región tenían conexión a internet en 2019. Es decir, un tercio de la población tiene acceso limitado o no lo tiene, fundamentalmente por dos razones: su condición económica y social y/o su localización.
Ese es el contexto en que se inscribe la decisión del Gobierno de recuperar herramientas regulatorias que existían antes de 2015 y fueron anuladas para implementar un proyecto económico al servicio de ganancias empresarias extraordinarias.

Ciudadanos
La Coalición por una Comunicación Democrática, colectivo que integran decenas de organizaciones sindicales, de derechos humanos, universidades, cooperativas, sociales y políticas, celebró la sanción del DNU 690. «Veníamos proponiendo que “el acceso y permanencia en el sistema infocomunicacional es un derecho y no un privilegio”, por ese motivo consideramos que los servicios que comprenden internet, telefonía celular y TV por suscripción deben ser tutelados por el Estado a partir de declararse como servicios públicos esenciales y estratégicos para el país», señala en un comunicado, al tiempo que recuerda que «mantenemos el desafío de actualizar la regulación audiovisual, desarmada por un DNU de Macri, y el tratamiento de la TV de pago como servicio de comunicación audiovisual, tutelando la libertad de expresión y los derechos de acceso y participación de ciudadanos y ciudadanas en todo el país».
Para Ottaviano «la clasificación de “servicio público, esencial y en competencia” profundiza el mapa conceptual y regulatorio para internet, la telefonía fija, móvil y la TV paga». La periodista, que conduce el ciclo radial Volver a las fuentes, por La 990, destaca que en este nuevo contexto, «el centro de la escena vuelve a ser ocupado por las personas, la ciudadanía comunicacional, con requerimiento de tutela jurídica y económica para garantizar los derechos fundamentales e incluso su propia dignidad como persona humana».


Junio. «Recupera la facultad de regulación del Estado sobre grandes corporaciones.»

Ottaviano. Tutela jurídica y económica para garantizar derechos fundamentales.

Mastrini. La inversión no depende de los marcos regulatorios.

Nocetti. «Cobramos la mitad de lo que cobra el Grupo Clarín por un servicio similar.»

Una mirada crítica de la medida adoptada por decreto la aporta Guillermo Mastrini, autor de investigaciones que pusieron de relieve el alto grado de concentración que rige en el sector de las comunicaciones en Argentina y América Latina. El reconocido especialista plantea la necesidad de desarrollar una política de comunicación debatida, participativa, a mediano y largo plazo. A su juicio, «se siguen perdiendo oportunidades de discutir qué se quiere hacer con las telecomunicaciones y cómo eso ocupa un lugar central en la discusión pública general. Por eso tengo mis resguardos acerca de la necesidad y urgencia que motivan el decreto».
El DNU ya fue convalidado por el Senado, con los votos favorables del Frente de Todos y aliados y el rechazo de la bancada de Juntos por el Cambio. Dado que para invalidar un DNU se requiere el rechazo de ambas cámaras, el 690 ya está vigente. Queda por delante su reglamentación, a cargo del ENACOM. Allí se determinará en detalle los alcances de la regulación.

Los dueños
La estructura del sector telecomunicaciones en Argentina exhibe una muy alta concentración. Un puñado de compañías domina la oferta de servicios de telefonía móvil, banda ancha y televisión paga. La Cámara Argentina de Internet, en un informe con datos de 2019, revela que el Grupo Clarín domina el 46% de los accesos a banda ancha, el 39% de la televisión paga y el 31% de la telefonía móvil. En televisión, le sigue DIRECTV con 31%. En banda ancha hacen lo propio Telefónica (17%) y Telecentro (12%) y en telefonía móvil predomina Claro con 38% y completa el terceto de empresas Movistar (29%). El Grupo Clarín lidera trasversalmente a través de Telecom, Cablevisión y Personal. Su posición fue creciendo a partir de fusiones y absorciones que lo convirtieron en un actor global de las comunicaciones. Las más importantes fueron la de Cablevisión-Multicanal, autorizada por el Gobierno de Néstor Kirchner en 2007 y la más reciente de Cablevisión-Telecom, obtenida con Mauricio Macri en el poder en 2018.


Santa Rosa. Cooperativas y pymes operan en centenares de localidades. (Gentileza Prensa CPE)

Sin embargo, Argentina tiene mejores números de conectividad que el promedio de la región. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el 82,9% de los hogares tiene acceso a internet. El ENACOM reporta a junio de este año 7.220.000 usuarios de televisión por suscripción y 2.450.000 de televisión satelital. Y el mismo organismo da cuenta de la existencia, en marzo de este año, de 56.000.000 de conexiones de telefonía móvil. En el caso de la penetración de internet y televisión, mucho tiene que ver la existencia de un formidable entramado de cooperativas y pymes que brindan estos servicios en localidades medianas y pequeñas de todas las provincias, muchas de ellas dejadas de lado por las grandes empresas por su baja densidad poblacional. Estas empresas, de carácter local, con sólido compromiso comunitario y fuertes generadoras de empleo, a tal punto que representan el 40% de los puestos laborales del sector, hacen un gran aporte a la inclusión digital, llevando tecnología de punta a zonas alejadas de los grandes centros urbanos. Ese rol debería ser reconocido por el marco regulatorio. «Que se las tenga en cuenta significaría comenzar un camino hacia la democratización. Fortalecer este sector es un modo de ir avanzando en ese sentido», expresa Junio y agrega: «Me pareció muy interesante el gesto político de recibir en primer lugar a este sector en el ENACOM luego del decreto».
Entre las entidades representativas del sector solidario, la Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de Radiodifusión (COLSECOR), que nuclea cooperativas y pymes de todo el país, manifestó su preocupación luego del decreto porque «no aparece aún una suficiente explicación práctica de la configuración que se pretende del modelo de actividad. Es necesario destacar que particularmente en el cooperativismo, el usuario de los servicios, es asociado; es decir, hay una autoprestación producto de la pertenencia de las personas a la entidad que se estructura bajo los principios y valores de la economía social». Nocetti, por su parte, destaca el contenido del decreto y reclama que las cooperativas puedan operar en telefonía móvil. «Es un salto adelante en el mundo de las comunicaciones y una decisión valiente de este Gobierno, porque ha tocado aspectos que ninguna administración se había atrevido antes. Esto es especialmente importante en la telefonía celular, que es el gran negocio de las telecomunicaciones y del cual las cooperativas estamos excluidas, sin que haya ninguna legislación que prohíba nuestra participación».
Otro factor que juega un rol esencial para que el acceso a internet no quede sujeto solo a criterios de mercado es el aporte del Estado con obras de infraestructura. La empresa pública Arsat, reconocida internacionalmente por el desarrollo de los satélites argentinos, tendió la Red Federal de Fibra Óptica, que alcanza hasta el momento a más de 1.300 localidades con más de 33.000 kilómetros de fibra desplegada en el territorio nacional. Además, el Gobierno anunció un plan de inversiones que incluye, entre otras medidas, extender en unos 5.000 kilómetros la red de fibra para seguir cubriendo el territorio nacional.
Por eso, quienes se quejan de la regulación estatal deberían tener en cuenta que no es un actor fuera de contexto, sino un protagonista activo del desarrollo del sector de las telecomunicaciones. Sin inversión estatal, ¿cómo conectar a toda la Argentina? ¿Cuál de las empresas que concentran las mayores porciones del mercado pondría sus recursos al servicio de una red federal que una las localidades más alejadas de los centros urbanos? Sobre la base de la inversión pública y con el aporte local de cooperativas y pymes, se puede articular la red de servicios que cubra el país y haga realidad la igualdad de oportunidades.