23 de febrero de 2016
Marchas, testimonios, material educativo, programas de TV y monumentos, junto con la lucha incansable de Madres y Abuelas, elaboran un relato colectivo del pasado reciente.
Costanera Norte. El monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado contiene 30.000 placas de piedra, algunas de ellas grabadas con nombres de desaparecidos. (Télam)
Los números redondos suelen tener un impacto especial. Quizás esta sea solo una de las razones que explican la enorme cantidad de personas que se movilizaron en las marchas realizadas en 1986, 1996 y 2006 para conmemorar el aniversario del golpe cívico-militar del 24 de marzo, y la multitud que se espera para este año, a 40 años del inicio de la dictadura. «Creo que la más grande de las marchas fue la de 1996, que fue cuando nosotros, como organización H.I.J.O.S., participamos por primera vez junto con Madres y Abuelas», destaca Raquel. «Me acuerdo de que en plena década neoliberal, con los genocidas en la calle por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y los indultos, había movilizaciones no solo pidiendo justicia, sino también por los despidos, por otros derechos, por todo, pero la de ese 24 fue multitudinaria». Con su recuerdo, Raquel pone en duda la regla de los años «redondos». «Ahora no sé si en la marcha por los 25 años del golpe, en 2001, cuando se presentía que todo explotaba, no hubo más gente aún». En aquella ocasión, organizaciones sociales, políticas y sindicales adhirieron a la convocatoria, sumando –según los diarios de la época– cerca de 300.000 personas.
En 2006, la marcha por los 30 años del golpe encontró un país distinto en materia de derechos humanos. Muchas barreras habían sido derribadas en pocos años. El gobierno electo tras la crisis de 2001-2002, anunció el 24 de marzo de 2004, en el predio de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), la creación del Museo de la Memoria; en 2005, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y abrió las puertas para enjuiciar a los genocidas. Y unos pocos días antes de cumplirse los 30 años, el 24 de marzo –desde 2002 Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia– se convertía en feriado nacional.
No sin debates en su interior –por la creación del museo y por la imposición del feriado–, los organismos de derechos humanos se prepararon para marchar en todo el país. En la Ciudad de Buenos Aires, como cada 24, las organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos comenzaron a agruparse poco después del mediodía en los puntos de encuentro, ubicados en su mayoría en alguna esquina de la avenida 9 de Julio. Bajo las banderas que los agrupaban, jóvenes, niños y adultos marcharon rumbo a la Plaza de Mayo. En tanto, los «sueltos», sin carteles que los identificaran, llegaron en subte, en colectivo o bien caminando, y poco a poco cubrieron la superficie de la Plaza. Algunos aceleraban el paso para ganar posiciones cerca del escenario montado para leer el documento consensuado por la mayoría de los organismos. Otros sabían, o acaso intuían, que ese espacio privilegiado, en primera fila, era para Madres y Abuelas. El ingreso a la Plaza de las columnas de las Madres, ya sea con su cartel con la consigna fundante en la cabecera o con su bandera de más de cien metros con las fotos impresas de sus hijos, volvía a provocar una respuesta colectiva instantánea, que no deja de sorprender. Como por arte de magia la multitud se abrió. Carteles, pancartas, banderas, hombres y mujeres se replegaron para dejarlas ingresar a su Plaza.
Presente y futuro
Este año, por los azares del calendario –o del año bisiesto–, el 24 de marzo cae jueves. El día que, más que cualquier otro, la Plaza de Mayo es de las Madres, aquellas mujeres que la caminan desde 1977, que fueron, son y serán las artífices de que el olvido no prime por sobre el recuerdo de sus hijos desaparecidos. Aquellas que en estas décadas, con su lucha, construyeron memoria, una memoria fértil que, como la semilla, germina, nace, crece y florece desde la sangre y a través de la vida. «Para cada aniversario del golpe, el Ministerio de Educación de la Nación envía a las escuelas material didáctico para el primero y segundo ciclo del nivel inicial. Los chicos se enganchan mucho con las actividades», cuenta Susana, docente en una escuela pública de Ituzaingó, localidad del oeste del Conurbano. «Algunos chicos, muy pocos, tienen cierta información sobre el golpe, que traen de su casa, de los padres, pero por lo general no es mucha. Esta es una comunidad educativa con muchos hijos de inmigrantes de países vecinos. Sin embargo, me acuerdo de que un alumno de sexto contó en el aula que a su abuelo –paraguayo– lo habían matado en los años 70 los milicos acá porque era sindicalista», recuerda Susana. Y agrega: «El año pasado, con los chicos de los dos quintos grados investigamos sobre el Siluetazo, que cerramos con una actividad: entre todos recortamos sobre papel de diario –luego de demarcar los contornos de los chicos– las siluetas en tamaño natural. Fue muy conmovedor verlas después colgadas en el patio de la escuela».
El Programa Educación y Memoria –implementado por el mismo Ministerio– se puso en funcionamiento en octubre de 2005 para trabajar por los 30 años del golpe. Su primer objetivo fue acotado: la producción de materiales para todas las escuelas del país –primarios, secundarios y terciarios– y una línea de capacitación para los Institutos de Formación Docente. «El programa logró trascender la efeméride del 24 de marzo y de los 30 años y comenzó a pensarse como una propuesta con distintas actividades y con proyección nacional, a demanda de lo que iban pidiendo desde los ministerios de Educación provinciales y los Institutos de Formación Docente», cuenta María Celeste Adamoli, coordinadora del programa. «En 2009 –sostiene– pasó a llamarse Educación y Memoria y comenzamos a trabajar sistemáticamente». El programa no baja una línea cerrada, sino que abre preguntas sobre lo que pasó en la sociedad argentina y cuáles son las consecuencias en el hoy, para que a los chicos no les quede tan lejano 1976 y puedan hacer algún link con el ahora. Un año después –junto con la incorporación de temas de la historia reciente en la Ley Nacional de Educación, como terrorismo de Estado, guerra de Malvinas, holocausto y genocidio–, se puso en marcha la Red de referentes de Educación y Memoria en todo el país, que hizo que estas políticas que salían del Ministerio de Educación de la Nación tuvieran impacto en las provincias. «En las capacitaciones docentes sobre memoria en las distintas provincias nos encontramos con la idea de la teoría de los dos demonios muy instalada, e incluso con algunos discursos que reivindicaban la dictadura. Y otra cosa que aparecía también era el impacto de historias regionales. Tuvimos muchos casos de estudiantes o docentes de pueblos muy pequeños que veían que el terrorismo de Estado había ocurrido en las grandes ciudades, no en sus ciudades o pueblos. Pero cuando se trabajaba más profundamente, en las microhistorias, aparecían señales del dispositivo del terror, que habían marcado a esa sociedad civil», señala Adamoli.
Por su parte, María Rita Ciucci, referente de la Red en Santiago del Estero cuenta que en su provincia «la tarea de impulsar actividades educativas vinculadas a la difusión de la memoria del terrorismo de Estado no contó con mucho apoyo del gobierno local. Lo que se pudo hacer, principalmente actividades en los institutos de formación docente, fue bastante a pulmón, pero tuvo mucha acogida por parte de los docentes y de los alumnos también». En tanto, Mónica Katz, docente y referente de la Red en Neuquén, señala que su provincia cuenta con una tradición vinculada a los organismos de derechos humanos por el trabajo del obispo Jaime de Nevares, lo que facilitó la puesta en marcha del programa. «Al Estado provincial no le interesa demasiado el tema. Desde 2008, lo sostuvo porque bajaba desde Nación, y a través del Consejo Provincial de Educación brindó algunas líneas de acción, como talleres para docentes. Nada más». Sin embargo, y por aquella tradición, a través de una red integrada por organismos de derechos humanos provinciales, en los establecimientos educativos de Neuquén se conmemora desde hace más de 30 años la semana de la Memoria, la Verdad y la Justicia, que cierra el 24 de marzo.
2006. Las Madres ingresan a la Plaza de Mayo llevando la bandera con las fotos de sus hijos en la marcha por los 30 años del golpe. (Jorge Aloy)
Durante 2015, el área de Educación y Memoria del Ministerio de Educación encargó a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires un relevamiento acerca del conocimiento sobre la última dictadura cívico-militar que tenían los alumnos de las escuelas secundarias públicas en todo el territorio nacional. El estudio involucró las respuestas de 2.500 estudiantes del último año del secundario en 37 establecimientos de todo el país. «La mayoría, casi 6 de cada 10, dijeron haber escuchado hablar por primera vez sobre la dictadura en la escuela, lo que demuestra la relevancia de las instituciones educativas en la transmisión del pasado reciente; y cerca de 7 dijeron que la escuela es el lugar donde escucharon hablar con mayor frecuencia sobre este tema», resume Adamoli. Y agrega: «El relevamiento muestra que se logró que estos temas estén instalados en la escuela, lo que no quiere decir que esté todo resuelto. Hay un camino hecho pero hay cosas que profundizar, especialmente todo el detalle de fechas, la poca fuerza con que aparece la responsabilidad social, la poca mención al aspecto económico, pero nos muestra qué es lo que tenemos que profundizar. Ya hay algo sembrado, está en la normativas y en las escuelas».
Los ojos pardos de Sara ocupan toda la pantalla. El brillo intenso de su mirada, que se nubla mientras reconstruye su historia en primera persona para el programa Tengo que contar, del Canal Encuentro, conmueve por sí solo. Sara es sobreviviente de un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial y además es Madre de Plaza de Mayo. Su hijo mayor fue secuestrado y aún continúa desaparecido. «Nunca escondí la historia de mi vida. Siempre les conté a mis hijos. Pero perder un hijo, creyendo que estaba viviendo en un mundo libre, un mundo mejor, eso no se puede olvidar más», asegura en su castellano con acento alemán. Y a los 88 años afirma: «Voy a seguir hablando, voy a seguir contando, voy a seguir manteniendo la memoria. Mientras viva lo voy a hacer. Porque tengo ganas de vivir, ganas de luchar para que jamás se olvide y nunca más se repitan las cosas que hemos vivido durante la dictadura».
De acuerdo al relevamiento de la UBA en escuelas secundarias, poco más del 13% de los estudiantes escuchó hablar con mayor frecuencia sobre el terrorismo de Estado en la televisión, debido quizás a que durante los últimos años distintos programas de canales de cable y de aire trataron directa o tangencialmente el tema. «Lo que la pantalla intentó reflejar en estos últimos 6 años es la particularidad del terrorismo de Estado en las distintas provincias, localidades, pueblos, cómo ha modificado la vida de la sociedad civil», sostiene Violeta Rosemberg, responsable de contenidos de Canal Encuentro. «Esto intentamos al mostrar microrrelatos o relatos más individuales, que es bien distinto a las grandes ciudades, y que muestran las continuidades hasta hoy. Muestran, por ejemplo, que el represor sigue formando parte de la vida social. Y tuvo impactos distintos, porque hay muchas localidades donde aún de eso no se habla, o que recién ahora se están animando a contar lo que pasó».
El 27 de diciembre de 2006, el calor del verano porteño no hizo mella en la multitud que se dio cita en el Luna Park para presenciar el capítulo final de la telenovela Montecristo, emitida por la pantalla de Telefe y que cosechó ratings que superaron los 30 puntos. Se trataba de una versión en tiempos actuales de la célebre novela de aventuras de Alejandro Dumas, donde la protagonista femenina –la actriz Paola Krum– descubre que es hija de desaparecidos. Cerca de 7.000 personas colmaron el histórico recinto deportivo, entre ellas, y en primera fila, Abuelas de Plaza de Mayo junto con hijos y nietos recuperados. Desde Abuelas aún hoy recuerdan que durante la emisión de la telenovela –todo 2006– se triplicaron las consultas de personas que tienen dudas sobre su identidad.
Cicatrices
La primera vez que fue a los tribunales de Comodoro Py, Cecilia estaba muy nerviosa. El edificio con sus escalinatas en el frente le pareció monumental. Monumental y frio, como los pasillos que la llevaron al subsuelo, a la sala AMIA, donde debía testimoniar. Después de que se anunciara, la llevaron a un cuartito con una mesa y un par de sillas, que luego supo, estaba justo al lado de la sala del tribunal. Los minutos que esperó a ser llamada le parecieron interminables, pero la ansiedad se agudizó cuando la puerta se abrió y dijeron su nombre. La sala AMIA le pareció pequeña, ocupada por el pesado estrado de madera y sillas voluminosas. No pudo ni siquiera desviar la mirada hacia el fondo de la sala, donde se erige la «barrera» de vidrio que separa al tribunal del público. Ya sentada en el ángulo izquierdo de la sala y mientras le acomodaban el micrófono pensó: «no hay vuelta atrás». Cecilia declaró por primera vez en 2014,a sus 38 años, en el jucio ESMA III, en el que se investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela Mecánica de la Armada. Nacida en cautiverio –su madre estaba embarazada de ocho meses cuando fue secuestrada– , Cecilia cuenta que testimoniar le produjo, al principio, una gran angustia, no solo por ella sino también por sus padres, quienes desde que fueron liberados, nunca más volvieron a hablar del tema. «Cuando nos soltaron, primero a mi mamá y a mí, después a mi papá, decidieron irse a vivir a Rosario para desvincularse de todo. Y eso implicó callar, silenciar lo que nos había pasado a los tres. Fui yo quien empezó a preguntar y preguntar, y ahí salió todo». Para Cecilia, dar testimonio en el juicio –los tres lo hicieron por primera vez– ayudó a «sanar las cicatrices que tiene la familia. Que tenemos todos», sostiene.
Siluetas y canas. Marcha de la Resistencia del 21 y 22 de setiembre de 1983, poco antes del fin de la dictacura cívico-militar. (Eduardo Gil)
Desde que se promulgaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida (1986 y 1987, respectivamente) hasta que la Corte Suprema las declaró inconstitucionales y abrió así las puertas para los primeros juicios de la nueva etapa, en 2006, solo era posible juzgar a quienes se apropiaron de hijos de desaparecidos. A partir de ese año, se realizaron 148 juicios y el número de militares, policías y civiles imputados, condenados y/o investigados por su actuación en el terrorismo de Estado ya superó los 2.000 casos. Según el último informe de la Procuraduría de Lesa Humanidad, de setiembre de 2015, el número de condenados ascendía a 622, mientras que 57 imputados resultaron absueltos.
De acuerdo con una encuesta realizada el año pasado por estudiantes de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, en una iniciativa conjunta con Memoria Abierta, el 35% de los porteños, en particular los más jóvenes, desconoce los juicios por delitos de lesa humanidad que se realizan en todo el país desde hace una década. Sin embargo, el 84% manifiesta estar de acuerdo con los procesos y solo un 3% dice estar en desacuerdo. El conocimiento de los juicios «pareciera ser insuficiente teniendo en cuenta los sucesos ocurridos en la dictadura, el posterior Juicio a las Juntas Militares y el proceso actual de juzgamiento a los diferentes responsables», concluyen los investigadores a partir de la encuesta que respondieron 1.137 hombres y mujeres de entre 16 y 60 años residentes en la Ciudad de Buenos Aires. Si bien la gran mayoría está al tanto del golpe de Estado, «se destaca el desconocimiento general sobre el proceso de justicia posterior, por ejemplo de los diferentes sectores (además de los militares) que fueron juzgados», advierten. Interrogados sobre «sucesos importantes de la década del 70», las respuestas mayoritarias fueron dictadura militar (50%) y golpe de Estado (49%). Entre los sectores «impulsores o promotores del golpe de Estado», es inequívoca la responsabilidad de los militares (74%). En segundo lugar, aparecen los grupos económicos (25,4%), los civiles (18,6%), los partidos políticos (14,7%), la Iglesia Católica (12,6%), «sectores internacionales» (11,7%) y los medios de comunicación (8,2%). Las respuestas sobre los últimos tres «demuestran que todavía falta profundizar sobre su participación y responsabilidad», advierten, y apuntan que el rol de los grupos económicos y los civiles se menciona a medida que crece el nivel socioeconómico y la cercanía con organismos de derechos humanos.
Todos los nombres
Julio recorre con paso cansino la rampa sendero del Parque de la Memoria con el sol del mediodía sobre su cabeza, que intenta proteger con una gorrita negra. Lentamente, pero con aplomo, el anciano mira de reojo las placas a medida que avanza. «Mirá, Hugo –dice–. Este es el hijo de Pepe». Se detiene un momento, y sigue caminando. «Y acá, todos los Santucho. Claro, todos juntos», murmura casi sin detenerse. «Ya casi llegamos, es acá a la vuelta», indica como para darse fuerza. Llegamos. Julio se detiene, se quita la gorra, se besa la yema de los dedos de la mano derecha y la apoya sobre la placa de piedra donde está tallado el nombre de su hijo. «Acá está», dice mientras acaricia de extremo a extrema el grabado: Norberto Julio Morresi. 23 de abril de 1976. 17 años. En 1989, los restos de Norberto fueron exhumados de las tumbas NN del cementerio de General Villegas y entregados a su familia. Sin embargo, cada vez que Julio –secretario de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas– va al Parque de la Memoria, busca a su hijo en la segunda estela de hormigón del Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado.
El Parque de la Memoria, emplazado frente al Río de la Plata, en el norte de la Ciudad de Buenos Aires, es un proyecto institucional pionero en el cruce entre arte y política. Es, por eso mismo, un escenario que contribuye a la discusión pública acerca de las distintas formas de construcción de memoria sobre nuestro pasado reciente y, más específicamente, sobre el terrorismo de Estado.
Otros proyectos, como placas, murales, baldosas, esculturas se han llevado adelante durante estos años, tanto a nivel nacional como provincial. Un ejemplo es Paisajes de la Memoria, un proyecto que lleva adelante la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) bonaerense, cuyo objetivo es indagar, a través del relevamiento y la lectura de marcas territoriales y señalizaciones, qué y cómo se recuerda el terrorismo de Estado. «La tarea de señalar, el acto de enunciar que en este lugar se torturó o en este lugar se llevaron a mi hermano, mataron a mi papá, por estas aulas pasaron muchos estudiantes que hoy no están, no siempre es un proceso que se caracterice por fundarse en acuerdos –sostienen desde la CPM–. Estas señalizaciones muchas veces están cargadas de disputas y tensiones sobre los sentidos que se le asignan a un lugar, la negación o rechazo a la marcación e incluso las tensiones pueden encontrarse hacia el interior de los grupos “emprendedores de memoria”. Estas cuestiones –agregan– son parte también de la memoria colectiva y de la lectura que hacemos del presente».
—Mirta Quiles
