Mediante un decreto, el gobierno nacional modificó la ley que fijaba límites al traspaso de propiedad del suelo argentino. Recursos naturales en la mira: acuíferos, bosques y la zona núcleo productiva. 16 millones de hectáreas ya están en manos foráneas.
13 de septiembre de 2016
Dueño. El magnate británico Joseph Lewis posee una estancia de miles de hectáreas en la Patagonia que incluye al Lago Escondido. (Flores/AFP/Dachary)
El 29 de junio el presidente Mauricio Macri tomó una decisión clave en lo que refiere a la soberanía territorial y el esquema de la propiedad de la tierra en un país donde el modelo agrario es central. Mediante el decreto 820/2016 modificó la ley 26.737, que regula la extranjerización de tierras. La maniobra flexibiliza los márgenes normativos a favor de inversiones internacionales que tienen vía libre para instalarse en áreas estratégicas en materia de recursos naturales. Organizaciones campesinas, de pequeños productores y técnicos advierten sobre el «grave peligro» que significa haber modificado esta norma cambiando el espíritu con el que se la había aprobado en el Congreso de la Nación.
La denominada Ley de Tierras, impulsada entonces por el Frente para la Victoria, fue sancionada a fines de 2011 por el Congreso Nacional. En la votación, el PRO, actual oficialismo, se abstuvo de acompañarla. La normativa creó un Registro Nacional de Tierras donde los extranjeros que pretendieran adquirir inmuebles rurales debían tramitar un certificado de habilitación. La ley fijó límites a la adquisición de tierras de un 15% del territorio a nivel nacional, provincial y de partidos o departamentos por parte de una misma persona. También limitó a 30% la propiedad en manos de personas de una misma nacionalidad aplicado a ese 15% del territorio. Es decir, en términos de superficie, la limitación por nacionalidad es del 4,5%. Además, resguardó los «cuerpos de agua de envergadura y permanentes», prohibiendo a los extranjeros la compra de tierras que limiten con esas áreas. Aquella ley puso un tope de 1.000 hectáreas por persona extranjera en la denominada zona núcleo (la más productiva en términos agrícolas) o su equivalente según lo determinado por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales, conformado por representantes de las provincias.
Si bien la ley estableció restricciones, vale aclarar que no fue retroactiva ni determinó expropiación alguna. Asimismo, a partir de un relevamiento realizado por el Registro de Tierras en cooperación con los catastros provinciales, quedó constatado que el 6% de las tierras rurales de la Argentina estaban en manos de extranjeros. Este porcentaje equivale a más de 16 millones de hectáreas. El dato cuantitativo refleja que en el marco de esta normativa aún se pueden extranjerizar más de 20 millones de hectáreas. Para tener un parámetro, esa cifra es la que actualmente se destina al cultivo de soja, el principal producto del agro argentino.
El escenario que dejó planteado la ley no era suficiente para el modelo económico del gobierno de Mauricio Macri. Así lo dejó explicitado el mandatario en el decreto que firmó junto con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y los ministros de Justicia y del Interior, Germán Garavano y Rogelio Frigerio respectivamente. Entre los considerandos de las modificaciones a la normativa especifican la necesidad de que «se faciliten y posibiliten las inversiones en el país, se contemplen cuestiones no reguladas, se aclaren otras que han traído dificultades en la práctica inmobiliaria, societaria y comercial».
Puerta abierta
Con vasta trayectoria en la temática de propiedad de inmuebles rurales y luego de haber estado a cargo del Registro de Tierras hasta el cambio de autoridades nacionales, la abogada Florencia Gómez conoce en detalle el cuadro de situación. A través de un informe publicado desde el Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra (GAJAT) analizó el decreto presidencial y sus principales implicancias. Por empezar, señala que se «abre la puerta a realizar transferencias de acciones y a que se extranjerice solo comunicándole al Registro». En este punto, el decreto «incluso dice expresamente que “no deberá solicitar certificado de habilitación” si la persona controlante supera los límites» referidos al artículo 10 de la ley, que trata de la ocupación de cuerpos de agua y de 1.000 hectáreas en zona núcleo. El inversor, ahora, cuenta con «90 días para readecuarse a la ley transmitiendo, a través suyo o de sociedades controladas, la propiedad de la tierra o modificando el tipo de explotación». Además de simplificar los análisis que realizaba el registro, Gómez señala que queda de manifiesto «un acabado desconocimiento del Derecho Público Provincial» ya que «las facultades de ordenamiento territorial son eminentemente provinciales y en algunos casos están transferidas a los municipios».
Peretti. «Esto no solo es económico, tiene un fuerte componente ideológico.»
En otro tramo, el decreto «habilita a que se consideren ya en manos de extranjeros no solo los inmuebles inscriptos en los registros de la propiedad sino aquellos aún no inscriptos que “tengan títulos suficientes”». Este cambio «habilita a que mediante boletos de compraventa o cesiones de derechos» se pueda avanzar con la adquisición «erigiendo como autoridad al registro nacional contraviniendo una facultad expresa de las provincias».
Aunque hay varias modificaciones que favorecen la falta de control sobre los inversores, es en el artículo 4º del decreto que se observan cambios a la ley que revisten un alto riesgo para la soberanía nacional. Explica la especialista que justamente la normativa buscó «evitar que acontezca otro caso similar al de Joseph Lewis, que en Río Negro se apropió del Lago Escondido». Por este motivo «se solicitaba al particular que contrate un profesional que verifique la inexistencia de esos cuerpos de agua» para luego ser constatado por la autoridad provincial del agua, ya que como establece la Constitución esa competencia corresponde a las provincias. El decreto de Mauricio Macri estipula que el Ministerio de Justicia remitirá a la provincia la consulta sobre la presencia o no de cuerpos de agua y «si pasados diez días no contestasen, queda aprobado tácitamente». En otras palabras, «notificada la provincia, si esta contestase y se extravía la documentación, puede extranjerizarse un lago, laguna o cuerpo de agua» contradiciendo el espíritu de la ley.
Para Florencia Gómez, señalar, como hizo Macri, que la Ley de Tierras frena inversiones «es una excusa». Y contrapone datos duros de su gestión en el registro: «De los 186 trámites presentados, el 93,6% fue aprobado, con solo 12 certificados denegados en tres años». En otras palabras, «las inversiones genuinas, no especulativas, pudieron llevarse adelante».
Misiones. Es la provincia con mayor porcentaje de superficie en manos de extranjeros. (Jorge Aloy)
La abogada plantea que el objetivo de Macri es «seguir centralizando negocios vinculados al capital». Gómez destaca que el registro «analizaba las composiciones accionarias de las empresas y otorgaba o denegaba pedidos de compra de tierras en función de eso», algo que «ningún organismo hacía». Es decir, el órgano de aplicación de la ley afectaba a un sector de inversionistas que suele manejarse por senderos menos transparentes.
Esta iniciativa presidencial, argumenta, «está vinculada a facilitar inversiones provenientes de paraísos fiscales». El Registro había detectado más de 1.100.000 hectáreas en manos de empresas radicadas en Antigua y Barbuda, Islas Vírgenes Británicas, Luxemburgo, entre otros sitios. Para dimensionar, el tamaño del territorio en manos de ese capital es comparable a 55 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires.
Riesgo geopolítico y ambiental
Si uno piensa en extranjerización de la tierra, rápidamente aparecen nombres de personas físicas vinculadas con esta práctica: el fallecido Douglas Thompinks (Estados Unidos), Luciano Benetton (Italia) o Joseph Lewis (Gran Bretaña), de estrecho vínculo con el presidente argentino, entre otros. Si bien la apropiación de áreas sensibles en materia ambiental, como espejos de agua o acuíferos, por parte de empresarios reviste gravedad, aún peor es la situación cuando el Estado no tiene cómo identificar a quien efectivamente se adueña de aquellos territorios. Eso, entiende Gómez, es lo que permite este decreto. Por un lado, «encontramos que hay una apropiación de riquezas inconmensurables por parte de sectores especulativos que utilizan como garantía estas tierras dentro del mundo financiero». Y por otro, advierte, «vemos la apropiación de zonas estratégicas sin ningún fin productivo», situación que genera alerta en materia geopolítica. Gómez advierte también que abrir la puerta a que complejas composiciones accionarias se hagan con tierras en el país puede derivar en una gran dificultad ante la vulneración de derechos de habitantes locales. «Estas sociedades pueden contaminar el suelo, desalojar, y no hay una contraparte, no tenemos personas físicas, por lo cual se torna muy difícil frenar un conflicto».
sneda, abogado del Movimiento Nacional Campesino Indígena (Vía Campesina), que nuclea a organizaciones rurales de base de todo el país. «Esta decisión sin dudas incide de forma negativa en los sectores más vulnerables del campo profundo, como el campesinado y los pueblos originarios, que son justamente quienes se encuentran donde aún hay reservas de bosque nativo y acuíferos», señala Fresneda. En el país hay al menos 850 conflictos, que afectan a más de 60.000 familias campesinas, en unas nueve millones de hectáreas, según un estudio parcial del extinto Ministerio de Agricultura (2013). Es justamente ante este escenario que para los habitantes ancestrales de los parajes rurales se tornará aún más difícil la situación de tener que hacer frente a las avanzadas sobre sus tierras impulsadas por empresas sin rostro.
Una de las organizaciones que históricamente había reclamado el freno a la extranjerización de la tierra es la Federación Agraria Argentina. Distanciado hace tiempo de la conducción de esta entidad, pero miembro de la agrupación interna Grito de Alcorta, Pedro Peretti analiza que la iniciativa del actual gobierno debe leerse como complemento de la ley que promueve el blanqueo de capitales. «Todo esto va de la mano, porque buena parte de ese blanqueo va a ir a la tierra y por otro lado se habilita esto, lo que va a derivar en una mayor concentración». Los últimos datos serios en la materia son de 2002, ya que el Censo Nacional Agropecuario de 2008 –en manos del INDEC– fue cuestionado por diversos técnicos y ni siquiera ha sido tomado como fuente por propios informes del gobierno anterior. No obstante, las últimas cifras reflejaban que el 2% de las empresas agropecuarias controlaban el 50% de la tierra en el país, con tendencia a mayor concentración y un panorama más complejo por el creciente uso de la práctica del arrendamiento a fondos de inversión. Si ante este escenario, las políticas tienden a flexibilizarse aún más, Peretti no duda: «Esto no solo es económico, tiene un fuerte componente ideológico». Fresneda comparte la apreciación y resalta que «la ley era una norma reformista, que ponía límite, no era prohibitiva», pero «este gobierno entiende que no alcanza en su mirada de “abrir las puertas al mundo”».
Disputa. Los pueblos originarios defienden sus derechos ante el avance de los inversores. (Nicolás Pousthomis)
Para el federado, «concentración y extranjerización forman parte de esa matriz que Macri viene a representar». En días en que los aumentos de tarifas, la inflación en los alimentos y el creciente desempleo ganan espacio en medios periodísticos, este tema pasó casi desapercibido. Aunque entiende que estas cuestiones hacen a lo inmediato, Peretti cree que hay un factor que va más allá de la coyuntura respecto a la escasa repercusión que tuvo este cambio trascendental en lo que refiere a la soberanía. «Uno de los principales triunfos culturales de la oligarquía es que en nuestro país no se discuta el tema de la tierra: el tamaño de las explotaciones y quién es el dueño son temas que nunca se hablan». «Este decreto es una cuestión urgente», enfatiza.
Cambio de paradigma
Una de las banderas con la que Cambiemos llegó al gobierno fue el respeto a la estricta división de poderes. La ráfaga de decretos que firmó el presidente en su inicio de gestión, pasando por encima del Congreso Nacional, echó por tierra ese discurso. Este caso no fue la excepción. «La modificación por decreto simple, de rango inferior, y que tiene por objeto reglamentar a una ley aprobada por el Congreso, viola el sistema de división de poderes», sostiene Florencia Gómez. Es decir, «la construcción de una ley a partir de la discusión profunda en ambas cámaras es avasallada por un decreto», agrega Fresneda, quien entiende que «la decisión es gravísima en términos democráticos, poco legítima» y que «afecta de manera flagrante la soberanía del país». En esa línea argumental avanza una iniciativa de un grupo de legisladores del Frente para la Victoria para plantear la nulidad del decreto desde la Cámara Alta. Encabezan la propuesta la senadora chaqueña María Inés Pilati Vergara, junto con la mendocina Anabel Fernández Sagasti y el neuquino Marcelo Fuentes, entre otros.
En tanto, desde las organizaciones del campo también ordenan su estrategia en torno a la cuestión. Desde Grito de Alcorta, «junto al Movimiento Evita y la ACINA (Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino) venimos trabajando en plantear este tema en todos los ámbitos públicos a nuestro alcance», comparte Peretti. «Se viene una presión importante por la tierra y tenemos que pararla». Desde la Vía Campesina comparten esa lucha y agregan que «los equipos jurídicos están preparando herramientas específicas para esta vulneración de derechos contra comunidades que abrió el decreto», indica el abogado de ese espacio.
Fresneda deja en claro que no cesarán de «dar la discusión sobre la tenencia de la tierra en la Argentina, contra el paradigma economicista». «Hay que construir un modelo agrario sustentable en términos sociales y ambientales, en cuestión de arraigo rural, y sin dudas que en este debate la extranjerización es un tema clave».
