La caída salarial registrada en 2016 y el intento de profundizar esa tendencia este año, vía ajustes paritarios por debajo de la inflación, consolidan la distribución regresiva de la riqueza y de los ingresos. Conflictos y manifestaciones multitudinarias en el inicio de las negociaciones.
28 de marzo de 2017
Trabajadores. Para Ecolatina, los obreros de la construcción perdieron el 11% de su poder adquisitivo en 2016. Fue el sector más perjudicado. (Sebastián Casali)
La cantidad y persistencia de los conflictos abiertos en el inicio del proceso de negociaciones paritarias pone de relieve que la política económica apunta a consolidar el terreno perdido por los salarios el año pasado y poner freno a las reivindicaciones planteadas por los representantes de los trabajadores. Si el gobierno lograra imponer sus criterios en esta puja recién iniciada, se acentuaría la inequidad distributiva, y no pocos analistas advierten que esa tendencia agudizaría la brecha social con más pobres y más súper ricos, como ya comprueban estudios recientes. Con la misma óptica neoliberal, también se seguiría restando impulso al consumo interno, principal base de demanda de las pequeñas y medianas empresas.
En tanto, especialistas coinciden en señalar que el ingreso perdido por los asalariados en los últimos quince meses frente a la inflación será más difícil de recuperar en un contexto de mayor desocupación y precarización laboral (aumento del empleo temporario, recorte de horas extras, etcétera), inducidos desde el Estado tanto en el sector privado como en el público.
La pauta planteada por el gobierno para las paritarias de este año pretende limitar el ajuste anual a un tope del 18%, esto equivale a una nueva reducción de los ingresos populares, frente a una inflación que la mayor parte de las consultoras proyectan varios puntos por encima de la estimación oficial. De ese modo, la modesta tasa de crecimiento de la actividad económica que algunos auguran para 2017 (fundamentalmente por rebote frente al derrumbe anterior) será entonces solo simbólica y claramente excluyente de la mayor parte de la población.
La brecha
Uno de los debates más extendidos entre consultores, dirigentes políticos y sindicales durante los primeros meses de este año fue el desarrollado sobre la magnitud del recorte salarial reciente. Es un aspecto que ni los más conspicuos funcionarios osaron desmentir, aunque arguyeron que todo va a mejorar con la baja del ritmo de inflación. Esa discusión fue parcial, ya que solo se tuvieron en cuenta los datos sobre las remuneraciones de los 9,1 millones de trabajadores registrados. No entró en el análisis, entonces, la situación de los desocupados (que en el cuarto trimestre de 2016 representaron el 7,6% de la población activa, por debajo del 8,5% de julio-setiembre, pero solo porque menos personas buscaron empleo). Según los datos recientes del Instituto Nacional de Estadísticas y censos (INDEC), 1,4 millones de personas no tienen ocupación y más de 1,8 millones trabajan menos de 36 horas semanales.
La principal referencia sobre la caída salarial surge de confrontar datos del Ministerio de Trabajo, que reconoció un aumento promedio del 32% en los 1.606 acuerdos paritarios del año pasado, que abarcaron al 92% de los asalariados formales, con la Dirección de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires. El organismo porteño registró un alza de precios minoristas del 41% en 2016, mientras su Encuesta Trimestral de Ocupación e Ingresos mostró una suba de solo el 33,6% en el ingreso promedio de la ocupación principal de los consultados hasta el tercer trimestre.
Los analistas descartan que haya habido mejoras desde entonces (al contrario) y advierten que lo que sucede en la capital argentina en materia salarial es, por lo general, mucho menos dramático que lo que ocurre en el interior del país.
Según el economista Juan Manuel Telechea, del Instituto de Trabajo y Economía (ITE) de la Fundación Germán Abdala, «el gobierno nacional aplica medidas que apuntan a revertir buena parte de la distribución del ingreso “heredada” del kirchnerismo, con la destrucción muy rápida y profunda de puestos de trabajo registrados, los miles de despidos en el sector público y una fuerte aceleración inflacionaria que erosionó el poder adquisitivo de los salarios».
En ese rumbo, la magnitud de la caída del salario real en 2016-17 es muy variada entre sectores. El combo de devaluación (trasladada a precios), ajuste del gasto público y aumento de tarifas impactó de lleno sobre los asalariados, aunque algunos –muy pocos– gremios privados amortiguaron en parte el golpe a través de las cláusulas de reapertura de paritarias y el bono de fin de año. Esos paliativos, sin embargo, no existieron en muchos casos o fueron exiguos para una franja de estatales.
Clima. Las paritarias se desarollan en el marco de grandes manifestaciones de protesta y un paro general convocado para el 6 de este mes. (Ezequiel Pontoriero/DYN)
Como referencia de lo perdido el año pasado, el ITE calculó que el bono, para compensar realmente ese déficit, debió ascender a 12.400 pesos en el caso de los privados y a más de 22.000 pesos en el de los agentes del sector público. Para estos últimos, dice Telechea, «el bono de fin de año cubrió sólo el 14% de la pérdida del poder adquisitivo en la categoría promedio, el 42% en la categoría más baja y el 8% en la más alta».
Las porciones de la torta
La consultora Ecolatina, fundada por el exministro de Economía Roberto Lavagna, estimó la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores formales en un 6% el año pasado. El ranking de retrocesos, según esta fuente, fue encabezado por los obreros de la construcción (-11%), a los que siguieron los textiles (-9,6%), empleados de comercio (-8,6%), estatales (-8%), los gastronómicos (-7,9%), camioneros (-7,5%) y metalúrgicos (-6,2%).
Mariana González, del Centro de Investigación y Formación de la CTA (CIFRA), atribuye la tendencia de menor consumo al deterioro del mercado laboral, con la pérdida de unos 130.000 puestos formales hasta el tercer trimestre de 2016. «Todos los sectores al interior de la industria –explica– mostraron una disminución en el número de puestos de trabajo, sin excepción, y los últimos datos disponibles muestran que este proceso no se había detenido hasta noviembre pasado».
Según la analista, prácticamente la totalidad de las provincias sufrieron caídas en la cantidad de puestos de trabajo registrados, con mayor incidencia en Tierra del Fuego (-13%, por la menor producción electrónica), Santa Cruz (-10,5%, ante la baja de la actividad petrolera) y San Luis (-7,8%). La caída del salario en el promedio general del empleo en blanco, precisa González, fue del 6,5% hasta noviembre (por alzas promedio de 35%, frente a una inflación interanual hasta ese mes del 44,4%, calculada por dicho centro de estudios).
Ese proceso, advierten en CIFRA, «afectó especialmente a los trabajadores de menores ingresos, lo que determinó un aumento en la desigualdad entre los ocupados». De hecho, la relación entre los ingresos promedio del 10% de los ocupados que más y menos ganan pasó de 16,8 veces en el segundo trimestre de 2015 a casi 20 veces en el tercer trimestre de 2016.
González. Hay una importante reducción de puestos de trabajo industriales.
Telechea. El gobierno intenta revertir la distribución del ingreso heredada.
La continuidad de este rumbo es sin dudas uno de los ejes de la política gubernamental. Muestra de ello es el mayor distrito del país, la provincia de Buenos Aires, donde la gobernadora María Eugenia Vidal pactó una suba de 18% con los empleados administrativos y propuso similar ajuste para los docentes, a pagar en cuatro tramos, lo cual fue obviamente rechazado por los gremios de educadores. Hasta el cierre de esta nota, se mantenía abierto el conflicto del gobierno provincial no solo con los docentes, sino también con médicos, trabajadores de la justicia y estatales representados por ATE.
López. Un aumento que contemple lo perdido y la inflación no baja del 33%.
Strada. Los sueldos de los docentes, en promedio nacional, cayeron un 10%.
Según Julia Strada, del Centro de Economía Política (CEPA), el salario bruto para un docente de educación primaria, jornada simple y enseñanza común con 10 años de antigüedad, registró el año pasado un alza promedio ponderada de 26,7% a nivel nacional, con extremos de 41,2% en Salta y 20,4% en Santa Cruz. En Buenos Aires la suba de 2016 fue de 28,1%. Strada resume: «Hubo una fuerte caída del poder adquisitivo para todas las provincias (excepto Salta), que en promedio fue de casi 10%. Y los más afectados fueron los docentes de las provincias de Santa Cruz (-14,6%), Mendoza (-13,6%), Corrientes (-12,6%), Neuquén (-12%), Catamarca (-11,5%), San Juan (-11,4%) y Formosa (-10,1%)». De allí que los sindicatos del sector hayan comenzado la tratativa con un pedido de aumento de 35%, para recuperar lo cedido y equiparar la inflación de este año.
Participación en baja
En distintos gremios rechazan el argumento supuestamente equitativo de «ajustar el salario a la inflación». Si esto fuera así, la mayoría de los trabajadores acumulará un nuevo recorte real, ya que se consolidaría la pérdida experimentada el año pasado, mientras el capital concentrado engordará sus beneficios con el repunte económico, por débil que sea. ¿Cuánto más –se preguntan– querrá reducir el gobierno la participación de los asalariados en el ingreso, que cayó, según datos de CIFRA, del 37,4% a fines de 2015 al 34,9% del valor agregado el 1° semestre de 2016?
La consultora cercana al oficialismo Economía & Regiones (E&R, fundada años atrás por el hoy ministro del Interior, Rogelio Frigerio), tomó los datos correspondientes al tercer trimestre de 2016 y constató un claro retroceso. La remuneración bruta promedio mensual del sector privado, precisó, tuvo un alza de 32,5% interanual y la neta del 32,4%, con caídas reales promedio del 7,8% y 7,9%, respectivamente. El detalle, publicado por E&R en febrero, muestra a cuatro provincias como las de peor performance: San Juan, con una suba salarial de apenas 30,4%; Río Negro, 30,3%; Neuquén (sede del mega reservorio de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta), 28,6%; y en el peor lugar, Tierra del Fuego, con solo 27,2% de ajuste en los salarios, muy por debajo de la inflación.
Esas variaciones tuvieron lugar en un marco de amplia dispersión según actividades: los trabajadores de los sectores de Suministro de electricidad, gas y agua tuvieron ingresos mensuales promedio de 40.438 pesos (31% de alza frente a la remuneración promedio observada en el tercer trimestre de 2015); los de Industria manufacturera, 23.700 pesos (33,9%); y los de Construcción, 14.094 pesos (28,6%). Asimismo, los trabajadores de Agricultura, ganadería y silvicultura no parecen haber recibido demasiados beneficios de la baja de retenciones a las exportaciones de granos, ya que cobran 11.439 pesos mensuales, si bien obtuvieron una suba anual del 39,5%; mientras que los del Transporte percibieron remuneraciones promedio de 25.732 pesos (29,1% de suba) y los de Servicios sociales y de salud, 18.600 pesos (tras el ajuste del 36,8%).
En cualquier caso, las propias cifras oficiales hasta enero muestran que la mitad de los trabajadores registrados percibe ingresos netos por debajo de los 14.400 pesos mensuales. Y con esos recursos deberán afrontar lo que el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, definió como «tres meses difíciles en materia inflacionaria». De hecho, el INDEC comunicó un 2,5% de subas de precios minoristas en febrero, y quedan aún por contabilizar los impactos de las alzas tarifarias y sus posteriores «derrames» sobre el conjunto de productos y servicios de consumo popular.
Cuadro social
Según el sociólogo Artemio López, «el gobierno quiere pasar por alto la enorme pérdida del poder adquisitivo del salario observada en 2016 y desestima al mismo tiempo todos los pronósticos de sus consultores amigos, que ya advirtieron no menos del 25% de inflación para este año». «Un simple cálculo –agrega el analista de la consultora Equis– muestra que una discusión paritaria seria, que tome la inflación futura y adicione la pérdida salarial pasada, no puede acordarse por menos del 33% promedio, el doble del techo que propone el presidente Macri».
La capacidad de negociación salarial, en ese contexto, sufre la presión gubernamental por perfilar un escenario “competitivo”, sobre el cual florezcan las inversiones locales y externas basadas en una mayor tasa de explotación de la fuerza laboral y actividades orientadas preferentemente hacia la exportación. Partidarios definidos de ese esquema son los ministros de Producción, Francisco Cabrera, y de Trabajo, Jorge Triaca. Este último es quien tiene la facultad de homologar o no los acuerdos a los que lleguen trabajadores y patrones, lo cual no debe ser considerado un dato menor.
Disparidad. El impacto sobre el salario es diferente para cada sector de la economía. (Juan José García)
Los negociadores gremiales también deben afrontar la inercia de la fuerte recesión de 2016. La consultora Radar, que dirige la economista Paula Español, advierte que sobre 25 sectores relevados, los 17 de mayor capacidad de generación de empleo continúan en la zona roja y en franco deterioro productivo, mientras otros 5 se encuentran en alerta amarillo, ingresando a fase recesiva, por más que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, insista en que hay cada vez más «brotes verdes». La realidad es que solo se expanden algunas actividades ligadas al sector agropecuario más concentrado, es decir, las de menor capacidad de generar empleo.
hola
chau
Junto con los factores económicos, el juego político del gobierno opera igualmente en un sentido contractivo de los salarios. El caso testigo más evidente es el de la resistencia a convocar la paritaria nacional docente, establecida por ley, y el sostenimiento de un conflicto destinado a quebrar una de las columnas más sólidas del sindicalismo, para después avanzar con el resto. En la misma dirección se orienta el desconocimiento de la personería sindical de los Metrodelegados del subte porteño (la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro) y el juicio político promovido a los camaristas que convalidaron el acuerdo salarial con la Asociación Bancaria, que si bien perforó la pauta salarial que aconseja la Casa Rosada, está por verse si finalmente se ubicará por encima de la inflación.
Los análisis de CIFRA, del CEPA y de la Fundación Germán Abdala coinciden en tomar nota del deteriorado contexto que rodea a las paritarias. Expertos de los centros de estudio mencionados observan que el mismo cuadro social –contra el cual se manifestaron las masivas marchas de protesta de comienzos de marzo– es el que abonará un camino de creciente conflictividad y presión sindical, como herramienta de peso para evitar que continúe el achique salarial.
En un clima caldeado y con un paro general en medio (finalmente declarado por la CGT luego de muchas dilaciones y del sonoro reclamo expresado por una multitud en las calles porteñas el 7 de marzo), el grueso de las consultoras con clientes medianos y grandes cruzan apuestas en plan positivo. Invecq cree factibles aumentos paritarios este año de entre un 20% y un 24%. El Estudio Bein, en tanto, augura paritarias «moviéndose en la zona del 26%», con una inflación del 22%. El optimismo, con todo, es moneda escasa y rara en el bolsillo cada vez más vacío de los trabajadores.
