18 de octubre de 2017
Michel Temer resolvió acatar una antigua reivindicación de los grandes terratenientes brasileños: aprobó medidas que dificultarán, cuando no imposibiliten, la fiscalización y la punición de los responsables por trabajo esclavo o en situación análoga a la esclavitud. Con eso espera asegurarse los votos favorables de la llamada «bancada ruralista», que reúne a más de 200 de los 531 diputados y que representa intereses propios (muchos de ellos son grandes propietarios rurales) y de todo el sector del agro negocio. Así, hubo protestas inmediatas, dentro y fuera del país. El más contundente partió de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), que en una dura nota afirmó que el país «deja de ser referencia global en el combate al trabajo esclavo y pasa a ser ejemplo negativo». Además, advierte que la medida es ilegal, porque altera lo que determina el Código Penal brasileño. Para la OIT, la legislación anterior contenía puntos considerados ejemplares, que ahora fueron anulados o neutralizados. Antes, se consideraba que «jornadas exhaustivas y en condiciones degradantes» configuraban situación análoga a la esclavitud.
